La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) revocó la autorización para operar de Galeno ART, dispuso su disolución automática y avanzó con la liquidación forzosa de la compañía, una decisión que dejó sin empleo a más de 600 trabajadores.

La medida se formalizó a través de la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanzó a una aseguradora que operaba en el sistema de riesgos del trabajo desde 1996.

El impacto laboral fue inmediato. Tras conocerse la decisión, el titular del gremio y triunviro de la CGT, Jorge Sola, cuestionó la situación del grupo empresario. "El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART", afirmó en una entrevista en radio Rivadavia.

La decisión que selló el final operativo

El organismo que conduce Guillermo Plate resolvió la "disolución automática y liquidación forzosa" de la entidad y extendió la inhibición general de bienes que ya regía sobre la firma desde noviembre pasado.
El congelamiento alcanzó a la totalidad de las cuentas bancarias, incluidas las cuentas corrientes, lo que en los hechos bloqueó cualquier posibilidad de continuidad de la operatoria.

La medida se adoptó luego de que la empresa reconociera que no podía revertir su situación patrimonial ni cumplir con las exigencias regulatorias.

El déficit que precipitó la revocación

La SSN detectó en los estados contables presentados a septiembre de 2025 un déficit de capital superior a $12.900 millones.

El ente regulador otorgó los plazos legales para la presentación de un plan de saneamiento y la recomposición de los fondos, pero la compañía comunicó formalmente que se encontraba materialmente impedida de regularizar su situación financiera. Ese reconocimiento activó el mecanismo previsto por la normativa y derivó en la pérdida de la licencia.

Cómo se cubrirán ahora las prestaciones

La resolución dispuso avanzar con la liquidación judicial y activar el Fondo de Reserva del sistema de ART, destinado a respaldar las obligaciones con los asegurados y garantizar la cobertura de siniestros pendientes.

Para ese proceso se designó como apoderado especial a Pablo Aníbal Cuntari, quien deberá gestionar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano había dictado una conciliación obligatoria por 15 días con el objetivo de abrir una instancia de negociación, pero la resolución de la SSN dejó sin efecto cualquier continuidad operativa.

Reclamos y señales previas dentro de la empresa

En los meses previos, trabajadores de la firma habían denunciado un proceso de vaciamiento progresivo que incluyó cierre de áreas, retiros voluntarios, reasignaciones internas y modificaciones en las condiciones laborales que calificaron como formas de precarización.

Algunos empleados ya habían recibido notificaciones de cese a mediados de diciembre.

Un sistema bajo presión judicial

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensiones dentro del sistema de riesgos del trabajo. A comienzos del año pasado, las aseguradoras habían advertido sobre un fuerte aumento de la litigiosidad laboral que, según señalaron, presiona el funcionamiento del esquema.

De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en el primer trimestre de 2025 se iniciaron 25.621 nuevos juicios por accidentes laborales. Ese ritmo proyectaba más de 132.000 litigios para todo el año y encendía alertas sobre la sustentabilidad del sistema, pese a que las compañías sostenían que los siniestros registraban una "reducción sistemática".