La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la heredera del esquema de administración que definieron los europeos de este lado de la desparecida cortina de hierro (OECE) para administrar las ayudas del Plan Marshall en la reconstrucción de los destrozos infraestructurales de la Segunda Guerra Mundial.

A fines de los ’50 y principios de los ’60, cobró un nuevo dimensionamiento mientras la Europa de los 6 rechazaba la incorporación del Reino Unido a la embrionaria comunidad y a la organización que regulaba el sector del carbón y el acero (CECA) y se demoraba en la adopción de decisiones no unánimes, suspendidas por el verdor nacionalista de De Gaulle.

Más que una guerra de egos entre el líder de la resistencia francesa en el exilio y el eterno Churchill, la discusión pasaba por la forma y la oportunidad de conformar un dispositivo global de gobierno (gobernanza) con Estados Unidos como principal protagonista. De allí que no llame la atención que en la OCDE participen como fundadores tanto la primera potencia mundial como el oculto protegido inglés, el dictador Franco. Tampoco sorprende que tuvieran que pasar diez años de la desaparición física del líder falangista para la integración de España a la moderna Unión Europea.

El tema central de este tipo de organizaciones, es y ha sido siempre la organización e instalación de ese dispositivo que fracasó en la Gran Guerra con la Sociedad de la Naciones y que la división hemisférica de la política y la economía con los dos grandes bloques de la Guerra Fría impidieron (impiden) constituir, aún con el avance que significó la ONU y el sistema de vetos de los que terminaron con Hitler.

La experiencia y evolución de la Unión Europea se inserta en la praxis de la regionalización institucionalizada para, justamente, no caer en manos de una globalización económica, geográfica y poblacional que redujera sustancialmente la influencia del Viejo Continente en el nuevo orden mundial.

La fuerza y dinamismo de las organizaciones regionales nacieron como un escudo de las naciones desarrolladas o en vías de desarrollo para resistir el fenómeno económico-fáctico de la globalización, que ocurrido en absoluta libertad de mercado, profundiza el poder de las grandes potencias y habilita la participación e injerencia en la política internacional de los grandes conglomerados empresarios por encima de la mayoría de los países.

De allí que, con sus más y sus menos, Argentina se ha incorporado a distintas comisiones de trabajo en la OCDE durante los gobiernos de Menem y de Kirchner, en un camino que el representante de nuestro país ante la OCDE, el subsecretario Marcelo Scaglione, define como política de Estado y que ahora Macri quiere culminar. Tambien adelanta que ya se cuenta con las 35 voluntades necesarias para incorporarse al “brazo operativo del G-20” , pues la incidencia en la economía mundial de la OCDE va en línea directa con los acuerdos políticos alcanzados en ese dispositivo internacional que sesionará en Argentina en 2018.

Hay que cumplir con varias exigencias de una extensa nomina de “buenas prácticas” que han ido creciendo con el correr de los años y el desarrollo de nuevas instituciones y principios jurídicos de reconocimiento universal. Así se incluyeron las nociones de Igualdad de Género, Contrataciones Públicas y Gobernanza Presupuestaria (2015), Estrategias de Gobierno Digital, Independencia de la Autoridad Fiscal, Gobernanza de Riesgos Críticos (2014), Participaciones Público Privadas (2012), Transparencia e Integridad del Lobby (2010), Regulación de los Conflictos de Intereses en la Gestión Pública y Normas de Ética del Funcionariado Público (2013), a las que se suman las obvias exigencias de separación de poderes, y la exigencia de instituciones judiciales independientes, efectivas y eficientes.

La decisión del Gobierno es firme, y varios de los hombres que aportan ideas al Presidente recuerdan con frecuencia la profundidad de la letra de la Encíclica Caritas in Veritate de Benecito XVI , con referencia a Pacem in terris de Juan XXIII.

“La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz.”