Especialistas y altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación debatieron sobre los avances en materia anticorrupción durante el II Congreso Internacional de Compliance: Buenas prácticas de transparencia en Argentina y América Latina que se realizó en la Universidad Católica Argentina ( UCA).

"Las capacitaciones sobre compliance deben dirigirse a los directores, administradores, empleados y terceros vinculados, lo cual incluye el código de ética y los protocolos de relación con el Estado", aseveró Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA), quien también insistió en la necesidad de que las empresas apliquen las medidas para que no se cometan delitos e infracciones.

"Un tuit puede afectar el valor reputacional de la empresa", reflexionó Anllo y, refirió que tras la entrada en vigencia el año pasado de la Ley 27401 resulta imprescindible que cada compañía identifique sus riesgos. "El que negocia la licitación no puede ser el que luego se encargue del pago", expuso la especialista.

Emilio Cornejo Costas, también miembro del Capítulo Argentino de la WCA refirió que no es el Estado el que está evaluando la existencia y solvencia de los programas de integridad (o compliance), sino los bancos y multinacionales.

"Las compañías con alta reputación generan un mejor clima laboral", manifestó Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director de la Corporación América Airport, que en un año ejecutó la certificación de controles internos. "Tener una cultura ética es rentable, agrega valor", precisó en ese mismo sentido María Luján Bianchi, Chief Compliance Officer de YPF SA.

Nigohosian: “Las compañías con alta reputación generan un mejor clima laboral”

El Capítulo Argentina de la World Compliance Association (WCA) organizó el II Congreso Internacional de Compliance en atención a la importancia de la temática del compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tras la labor que la asociación ha realizado en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Por su parte, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del referido ente ministerial, indicó que: "Hemos avanzado con la Ley del Arrepentido, la cual motivó reformas en el Programa de Protección a Testigos e Imputados".

Además, a propósito de la extinción de dominio y la lucha contra las mafias y las organizaciones criminales, Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, comentó que pronto será elevada a juicio la primera demanda que hasta la fecha arrojó embargos por siete mil millones de pesos, allanamientos en Argentina y España y 40 detenidos.

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