El 25 de mayo, además del aniversario patrio, se conmemoró (levemente) el vigésimo quinto aniversario del inicio de las sesiones de la Honorable Convención Constituyente de la Nación. Con la jura en el Palacio San José arrancaron las deliberaciones que continuarían en la Ciudad de Santa Fe, enmarcadas por los términos del recordado Pacto de Olivos. Ese compromiso político, en épocas de un fuerte bipartidismo (la UCR y el PJ hegemonizaban la escena política con Menem y Alfonsin como los directores de ambas orquestas, sin agrietarse demasiado) impulsó la Reforma Constituyente de 1994 que habilitaba la reelección de Menem y le aportaba a Alfonsín (o eso suponía) un nuevo equilibrio de poder a través de los institutos de la minoría en el Senado, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Auditoria General de la Nación para la oposición y el Consejo de la Magistratura como un organismo extrapolado del reparto típico del Poder electoral en el Congreso o en el mismo Ejecutivo.

Todas esas invenciones de ambos estrategas destinadas a reordenar el reparto de poder en el país, fueron cambiando de rumbo por merito de las legislaciones que las implementaron. No obstante, y como objeto central de nuestra columna, corresponde destacar que la homogeneidad que le aportó el nuevo texto constitucional a la protección ambiental permitió construir un esquema de seguridad jurídica en el que las provincias no se "secesionaron" de la unidad jurídica nacional y vieron plasmada en la nueva letra de la Carta Magna sus derechos de dominio sobre los recursos naturales.

Quizás, por el impacto en todos los sectores de la vida social económica y cultural de los argentinos, la entronización de los tratados internacionales al rango superior de la escala de la fuerza normativa de nuestro sistema, es el aspecto central que trajo la reforma. Hoy no parece tan costoso. A penas cuatro módicos años de más menemismo para obtener 25 años ininterrumpidos de vigencia de una lógica irreversible: la instalación de miles de dispositivos internacionales en los que se juega la suerte de la economía nacional, no podían sobrevivir sujetos al devenir de las simpatías de los distintos Congresos.

En ese marco de reconocimiento de la jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos y la superioridad sobre las leyes de los demás convenios internacionales se instala esa política de Estado que impulsaron (como señalamos en este espacio) tanto Menem como Nestor Kirchner y, en este último tiempo, Macri con mayor énfasis: el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En su última reunión, la OCDE, hoy con 36 miembros, decidió aplazar la decisión de nuevas incorporaciones y dejó, además de a nosotros, a Perú, Brasil, Rumania, Bulgaria y Croacia en espera.

Se estima que una de las pocas, pero muy significativas, señales en línea con el gobierno de Macri que podría dar Alberto Fernández en su carrera proselitista y en su afán de mostrarse muy "nestorista", es adelantar que en su eventual gobierno seguirá el camino de obtener la preciada membresía. Nadie juzgó como casuales las intervenciones mediáticas de Guillermo Nielsen referidas a la continuidad de la relación con el FMI. Al lado de ese cambio rotundo de opinión, perseguir la inclusión en el club de las potencias económicas circulantes en y alrededor del G20 es apenas una ranita a la provenzal. Baglini return.

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