En la jerga del Derecho público, los Considerandos son la expresión de la motivación de la administración. La justificación que impulsa la toma de decisiones, es una exigencia legal para el Estado. Y, a la vez, es una garantía de defensa para los ciudadanos. Los jueces constatan la juridicidad del accionar estatal evaluando las normas a la luz de la expresión de los motivos que las impulsan. Es la potestad jurisdiccional de controlar el fin público perseguido y evitar el desvío de poder. Una primera mirada se orienta a reconocer que se realizó un esfuerzo expresivo de la motivación que tuvo el Gobierno para dictar el DNU 27/2018.-

En segundo término, adelanto, que esta norma impacta en los 22 marcos regulatorios divididos en sus capítulos. Senasa, Sociedades Comerciales, mipymes, Puertos, Aviación Civil, Transito y Seguridad Vial, Sistema Métrico, Marcas y Patentes, Fondo de Garantía Argentino, Sociedades de Garantía Recíproca, Firma Digital y Gestión Documental Electrónica, Energía, Obras de Arte, Promoción del Trabajo, Administración de Bienes del Estado, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Obras Públicas, Industria, Seguros, Unidad de Información Financiera, Fondo Fiduciario de Capital Social, y Acceso al Crédito.

#DerechoEconómico | Las normas de Viena “aplastan” los sistemas federales

Los rasgos característicos que hilvanan al Megadecreto como el ómnibus del principio, son una indispensable incorporación en el derecho local de muchos compromisos internacionales contraídos por los gobiernos de la última era democrática, por las obligaciones que emergen del Tratado de Viena (vigente desde 1980) y por la lógica actualización de normas regulatorias cuya antigüedad desconoce la revolución digital, el arribo definitivo de la democracia, la reforma constitucional de 1994, los presupuestos mínimos ambientales, el cambio poblacional y demográfico del país y el fenómeno de la globalización, para señalar solo algunos de los hitos de estos últimos 40 años

El gobierno se ha planteado como un objetivo central la incorporación de Argentina en la OCDE. No es casual que se recuerde cotidianamente que esa es una política de estado iniciada por Menem y continuada por Néstor Kirchner. Las fuentes supranacionales del derecho de las que abreva el Megadecreto se instalan en el esquema de interpretación que se utilizará en el futuro.

Ya hemos advertido que este proceso creciente excede nuestras fronteras y se inscribe en el otro fenómeno de nuestros tiempos, la innovación tecnológica pero como medio principal de la globalización. La internacionalización del derecho nos lleva a un camino en el que ceden las potestades subfederales ( de las Provincias y de los municipios) y se fortalece el gobierno central. La concentración del poder es un resultado jurídico del proceso globalizador, amén de los deseos de Macri o CFK. La única validación internacional es la del clásico Estado Soberano, las normas de Viena “aplastan” los sistemas federales. El orden mundial prefiere los estados unitarios y los dispositivos del control jurisdiccional del cumplimiento de los compromisos internacionales operan en ese sentido. Esto está por encima de los proyectos de nuestros distintos gobiernos, acá y en toda Sudamérica.

Vale la pena destacar que las referencias a las exigencias de la OCDE y su comprensión como fuente para nuestro derecho público se inscriben en las recomendaciones y propuestas que se conocen como derecho indicativo. Un nuevo espacio en el cual las reglas de los grandes clubes internacionales se reservan el derecho de admisión. No son obligatorias, pero como las brujas, podremos no creer en ellas, pero…

Entre tantos temas y regulaciones, destacamos en este primer análisis el ajuste a la ley de Sociedades comerciales (derecho común nacional) y la “orden” a las provincias y a la CABA de incorporación al Registro Nacional de Sociedades Comerciales (derecho público local, federal por aplastamiento).

Para el ordenamiento de la habilitación de Puertos se ha tomado una receta lógica. Los propios actos de la administración constructora subsumen requisitos que impedían poner en valor o en mercado muchas instalaciones portuarias.

La aviación civil y la Seguridad vial unifican organismos de contralor. En este último sector, se consagra una noción, hasta ahora, extraña a nuestra lógica presupuestaria: la recaudación de las sanciones puede ser computada en las ecuaciones económico-financieras de las PPP para la red vial.

La gestión de documentos digitales busca la unificación de la validación entre todas las jurisdicciones, pero sin pasar la aplanadora supranacional. Apunta al consenso y a la fuerza de la tecnología de punta para lograrlo.

La búsqueda de celeridad en las Licitaciones de Obras Públicas es un pequeño cambio en la forma de publicar las convocatorias y en los plazos. No alcanza.

Sistema Métrico, Obras de Arte, e indirectamente Marcas y Patentes, también reconocen fuentes supranacionales del derecho de necesaria incorporación. Y realidades que superan nuestras fantasías chauvinistas.

Como se puede repasar en el principio de la nota, no he abordado varios de los capítulos. Un poco porque no me queda espacio, un poco porque son de campos de otras especialidades, y otro poco porque ya me bajo del ómnibus.

*Especial para BAE Negocios