El sistema de Justicia opera en el marco de una desigualdad que violenta y cosifica a grupos subalternizados cuando aplica estereotipos patriarcales a la hora de evaluar un delito. Sin perspectiva de género, la justicia se convierte en un arma de discriminación institucional. Garantizar soluciones justas en situaciones desiguales es una cuestión consagrada en el ordenamiento jurídico. La Corte determinó en el fallo "Góngora" que la violencia de género no admite la probation sino que deben ser dilucidada en un juicio oral para respetar las obligaciones internacionales respecto al tema. "Asegurar el cumplimiento de esas obligaciones es una exigencia autónoma, y no alternativa", definió el Tribunal Supremo.

Según el registro del Observatorio de Género del Poder Judicial, cerca del 40% de los casos que tramitan en la justicia ordinaria tienen que ver con la violencia de género en sus distintas versiones. Conforme a los datos del Registro Nacional de Femicidios, durante el 2018 hubo 260; el 27% fue cometido contra jóvenes de entre 15 y 25 años y el 14% de esas mujeres asesinadas había sido violada previamente. "Las cifras son aberrantes. Las sentencias patriarcales como la que dejó impune a los asesinos de Lucía Pérez no hacen más que dar como mensaje a la sociedad que los femicidas no serán abarcados por una justicia que la mató por segunda vez", denuncia Raquel Vivanco, coordinadora Nacional de Las MuMaLá.

En esta tesitura, Patricia Gómez (miembro del Observatorio de Género) destaca: "Generalmente los femicidios en adolescentes y pobres no suelen ser tipificados como tales por una justicia que resulta patriarcal y andocéntrica. Es un juzgamiento sexista que utiliza una vara anclada en un varón heterosexual con ciertas cuotas de poder.". En este sentido, cuestiona: "El tratamiento que tuvo el caso de Lucía fue similar al de Candela. En ambos la muerte fue pensada como daño colateral frente a una disputa por tráfico de drogas".

El crimen de Lucía Pérez reavivó el reclamo contra la violencia de género en todo el país. El repudio al fallo, dictado por el Tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata, que dejó impune el abuso sexual y femicidio de la joven, mereció la intervención de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. "El mensaje que dejan estos jueces es: ´Si te pasa algo, nadie te va a defender. Disciplinate porque si te matan o violan es culpa tuya. La lucha sigue en Casación. Vamos a lograr una condena para estos tres femicidas", le dijo Marta Montero, la mamá de Lucía, al diario BAE Negocios.

En este escenario, Raquel Hermida Leyenda, abogada feminista criminóloga, señala que en Mar del Plata se siguen dictando fallos contrarios a la perspectiva de género que contradicen la jurisprudencia. "El trabajo interdisciplinario de la red de contención que dirijo es luchar contra las sentencias que criminalizan a la mujer", expresa.

Por su parte, Romina Martinez, perito psicológica, considera que el caso de Lucía es paradigmático porque murió en situación de vulnerabilidad y el femicidio quedó invisibilizado por la justicia. "Usaron cuestiones de su esfera privada para fundamentar el fallo, pero para evaluar el comportamiento de los acusados se hacía referencia a derechos constitucionales. La asimetría es clara", agrega.

Siguiendo la misma líena, el juez Pablo Casas, titular del juzgado Nº 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de Ciudad, señala: "Hay que probar que el varón actuaba de acuerdo a los patrones que le permitían hacer valer su poder conforme a sus privilegios sociales porque la mujer está encuadrada en la naturalización de la violencia", concluye el juez comprometido con la perspectiva de género.