A esta altura, es difícil discutir que el uso de fitosanitarios es indispensable en el desarrollo de la actividad agrícola. En nuestro país, se destinan anualmente 17 millones de envases para el uso de agroquímicos, lo que representa 13.000 toneladas de plástico.

Es por ello que el uso responsable de estos recipientes es fundamental para el cuidado del medioambiente, en un contexto donde los residuos plásticos constituyen una de las principales preocupaciones a nivel mundial.

En el mundo se producen más de 78 millones de toneladas de envases plásticos, en el marco de una industria que maneja casi u$s198.000 millones. Pero de ese total, solo una parte se recicla y la mayoría se desecha. Es así que un grupo de científicos alertó que hay tantos residuos que podrían cubrir la totalidad del territorio argentino.

Muchos de estos bidones quedan desperdigados en el campo, otros se guardan en galpones, algunos se reutilizan y otros van al entierro o quema. Lo cierto es que una gran cantidad ingresa a un mercado ilegal y otros tantos se llevan a disposición final en rellenos sanitarios no aptos.

Muchos de estos bidones quedan desperdigados en el campo

La preocupación, en zonas aledañas a los campos donde se utilizan los agroquímicos es grande y se puede leer a diario en las noticias, dado que su incidencia es tanto ambiental como de salud. Hay muchas causas abiertas por su incidencia en enfermedades graves y malformaciones.

Con el fin de encontrar una respuesta a esta problemática, el 20 de febrero de 2018 fue reglamentada la Ley 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”.

La norma establece un “Sistema Único de Trazabilidad” para el monitoreo de dicha operatoria. Las compañías de agroquímicos, por tanto, deben determinar procedimientos específicos que aseguren la devolución de envases vacíos por parte de productores y aplicadores en los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT). Entre los procedimientos previstos, pueden incluirse “incentivos económicos” o “condicionar la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su devolución”.

Los CAT deben ubicarse “respetando las distancias que las autoridades jurisdiccionales establezcan respecto de áreas o puntos sensibles como establecimientos educativos, centros de salud y centros de recreación”. Y deben encontrarse alejados de los cursos de aguas superficiales y de los depósitos utilizados para el abastecimiento de agua potable.

Previo al traslado a los CAT, productores y aplicadores deben discriminar a los recipientes en dos categorías: los aptos para reciclaje luego de realizar el procedimiento del triple lavado, y los que en cambio deben ser destruidos “por contener sustancias no miscibles o no dispersables en agua”.

Es claro que esta norma deberá ser complementada con la adopción de sistemas que logren una trazabilidad individual de los bidones, desde que se fabrican hasta que se destruyen o recuperan. Actualmente se cuenta con información más amplia o general, acerca de la cantidad de kilos recuperados, pero eso no alcanza. Se requieren datos precisos sobre el destino final que se le da a esos envases.

En definitiva, el trabajo que se viene haciendo desde el Estado solo será efectivo junto a un compromiso del sector privado, y regulaciones pertinentes, que permitan el desarrollo y adopción de innovaciones que ayuden al crecimiento sustentable del agro.

Productores y aplicadores deben disponer de sitios de almacenamiento temporales de envases vacíos de fitosanitarios, que deberán estar señalizados y ubicados en un lugar seco, cerrado, bajo techo, con protección en su superficie que impida la percolación de líquidos que pudieran derramarse.

*Gerente General del Grupo Logiseed América y creador del Primer Sistema Integral para el Recupero de Envases de Fitosanitarios (SIRENFI)