Para el cálculo de las indemnizaciones se excluye “el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual”. ste es el concepto principal que reduce el costo de las indemnizaciones.

Además, se crea el “Fondo de Cese laboral” que reemplaza la responsabilidad que hoy tiene el empleador en los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976) sobre preaviso y despido sin causa. El empleador puede adherir de forma “voluntaria” pero una vez que lo hace será irrevocable. Con la adhesión del empleador, quedan incorporados al régimen todos los trabajadores que aquel tenga a cargo.

Una cuestión no menor refiere a que la lógica de la tercerización a través de empresas del mismo grupo económico (donde se crean empresas satélites sólo para tercerizar empleados), las cuales suelen presentar –aunque no sea real- situaciones financieras de insolvencia y por ende incumplimientos laborales. En estos casos la ruptura de la solidaridad sería aún más grave.

En tanto, el aporte del empleador constituye un porcentaje sobre el salario básico convencional y adicionales remunerativos y no remunerativos. Además, lo administra una asociación sin fines de lucro y el trabajador puede disponerlos si se jubila. Si es retiro voluntario dispone del 50 por ciento.

El fondo permitiría de esta forma financiar la indemnización de los trabajadores. La propuesta resulta llamativamente similar a lo indicado en la nota “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, publicada en el diario La Nación el 26 de julio de 2016. Allí se mencionaba que “La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo. Esto resultaría conveniente tanto para el empleador como para el trabajador, aseguraría un régimen eficaz de amparo frente a la desocupación, y a la vez establecería costos previsibles para las empresas”. Se debería crear un fondo con aportes del trabajador y contribuciones del empleador. Los administradores de estos fondos podrían ser entes autónomos creados al efecto. Este fondo sería individual y propiedad del trabajador. En caso de no usarlo se podrá convertir en una renta vitalicia al momento de la jubilación. El paso siguiente es que el fondo pueda ser utilizado para negocios financieros por parte de quien lo administre, emulando lo realizado por las AFJP con el dinero de los trabajadores.

*CEPA