En la última actividad que realizaron en conjunto las Comisiones de Asuntos Municipales de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, presididas por la diputada Soledad Carrizo y el senador Alfredo Martínez y con la coordinación de Daniel Cravacuore se intercambiaron ideas e información entre municipalistas de todo el país, sobre los avances de las administraciones centrales (provinciales y nacional) en desmedro de la autonomía municipal. La complicada relación entre los municipios de La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego con sus gobiernos provinciales llegó a los tribunales. El emblemático caso de la arremetida de la Agencia de Recaudación Fueguina (AFER) contra la histórica estructura tributaria de la actual provincia, es que intenta apropiarse del impuesto inmobiliario urbano así organizado desde los tiempos del viejo territorio federal, y se transformó en un alerta roja que se enciende en el territorio más austral de nuestro esquema federal. La necesidad de contar con la potestad de imposición o, en otras palabras, la facultad de determinar impuestos por los municipios aparece en el horizonte como una indispensable lógica de fortalecimiento de las autonomías municipales. Como hemos reiterado hasta el cansancio, la Convención de la reforma para la Constitución Nacional de 1994 se esmeró al incorporar en el artículo 123 la extensión de la noción de autonomía, a efectos de zanjar y agotar la discusión sobre los alcances políticos e institucionales del régimen municipal. Cuando menos lo esperá- bamos, mientras seguimos reclamando que la provincia de Buenos Aires y Santa Fe salgan de su inconstitucionalidad manifiesta por no incorporar los institutos jurídicos básicos para la concreción del reclamo de la Convención Nacional de 1994, aparece un impensado ensayo en la joven provincia de insular, que pretende extraer del presupuesto municipal el impuesto inmobiliario urbano a través de una acción judicial que impulsó la propia AFER. La secuencia cronológica del fortalecimiento institucional de Tierra del Fuego, sirve como norte para reconocer cuando los esquemas de distribución subfederal de las competencias impositivas se encuentran en zona de peligro, siempre en desmedro del ámbito comunal. La línea histórica a la que adscribo sostiene la preexistencia de las estructuras de los Cabildos de la colonia, como pasado directo y comprobable de la representación de las 14 “provincias” constituyentes de la organización de 1853/60. Los vastos territorios de la sucesión del Virreinato del Río de la Plata conforman el mapa de esa primera división política de las provincias unidas, en tanto que territorios fácilmente fraccionables y administrados por Cabildos ubicados en los puntos privilegiados de esas unidades regionales divididas por accidentes geográficos. Nó- tese que las líneas poligonales, como medio de determinación de la división política interna del país, se identifican con claridad en la división jurisdiccional de las provincias creadas a posteriori de la Constitución 1853/60 (Chaco, La Pampa, Santa Cruz, por ejemplo) Este abordaje, el de sostener como célula básica de la estructura federal argentina a los municipios-cabildos de las 14 primeras organizaciones a los que la naturaleza les obsequió los territorios circundantes, tiene tantos detractores como defensores. Pero ahora, cuando la AFER pretende invocar alguno de los privilegios que, aún por las malas, enarbolan las demás provincias, corresponde denunciar este insólito atropello contra las dos grandes ciudades que contienen a más del 90 % de la población fueguina, que preexisten a la elevación de la categoría del ex-territorio nacional, y que nadie puede pretender confundir ni alegar contra su raigambre institucional previa a la conformación de esa nueva provincia. Es en ese sentido, en el que el rechazo de la demanda iniciada por la AFER, se sostiene desde una concepción histórica y sociológica, para mi opinión, tan contundente como los antecedentes de la atribución impositiva que gozan Ushuaia y Río Grande, desde mucho tiempo antes que Alfonsín impulsara la provincialización de nuestro extremo sur. La defensa de esa autonomía económica y financiera es la que ha sostenido la estructura de los servicios públicos de nuestros compatriotas isleños, haciendo posible y visible un conflicto que aparece como un contragolpe peor que el de no otorgar a los municipios la posibilidad de dictarse su propia carta orgánica. El conflicto al que la AFER está llevando a los intendentes Vuoto y Melella es de una gravedad institucional de dimensiones incalculables. La pretensión de ese gobierno central provincial ha dejado de ser un camino racional de búsqueda de consensos ( la ley en crisis, convocaba a adherir a ese despojo) para transformarse en un manifiesto unitario.