Por pereza de la crónica o por megalomanía de los protagonistas, hay hechos que son bautizados con nombres que ya fueron usados para otros y que esconden su peculiaridad detrás de un halo de supuesta grandeza. Durante años, a cada investigación nonata de cualquier caso de corrupción en Argentina se le puso apresuradamente una placa roja: Mani Pulite. Desde hace ya casi cuatro años, la falta de originalidad y de profundidad en la autopsia de los hechos nos condenan al uso repetitivo de otra: Lava Jato. En cada oportunidad se arroja con el agua sucia el análisis comparativo de los hechos argentinos a los que se pone un título como si la vida fuera un perenne cierre de edición de madrugada, con los originales italiano y brasileño, respectivamente.

El uso y abuso de la denominación brasileña nos hace olvidar también, que en el inicio de la investigación que toma su nombre del genérico que nuestros vecinos usan para decir "lavadero de autos", los medios brasileños trataron de ponerle nombre italiano.

Si nos propusiéramos sacar algo en limpio de una comparación, habría que empezar por la constatación de una diferencia de escala: la magistratura italiana y su homóloga brasileña invirtieron recursos institucionales, humanos y financieros para desarrollar sus investigaciones que elevan a la enésima potencia los que tienen a disposición el Ministerio Público y los tribunales de Comodoro Py. Unos paran en la cancha una Juventus o una selección brasileña y los nuestros son un maltrecho equipo de casados y divorciados que se apresta a hacer como que juega contra uno de atléticos solteros.

Vamos a limitarnos a comparar el trajín que suscitan aquí hace unos días unas fotocopias con información verosímil y el trabajo que culmina en una operación multidimensional como la Lava Jato en Brasil. El contraste es bien nítido. En un país de dimensión continental como nuestro vecino, la puesta en marcha de una dispositivo que moviliza desde hace cuatro años a un pequeño ejército de investigadores de la Policía Federal, fiscales y jueces, requirió de una serie de cambios previos que se fueron poniendo en práctica incrementalmente a lo largo de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Mientras que bajo la presidencia de FHC crecieron los recursos financieros del poder judicial (un 50% más per capita), bajo los de Lula y Dilma se fue ampliando su autonomía. Lula inauguró una tradición (que estuvo vigente hasta el año pasado, cuando Michel Temer rompió con ella) de nombrar en el cargo máximo de Procurador General al funcionario más votado entre los fiscales de todo el país. Bajo el gobierno de Dilma se consagró como norma nombrar al jefe de la Policía Federal de entre los funcionarios de carrera y se involucró a la Orden de Abogados de Brasil en la supervisión de los concursos internos. En Brasil, mientras los delitos que investigarían policías, fiscales y jueces eran cometidos (una práctica sistémica bajo sucesivos gobiernos democráticos), el aparato destinado a castigarlos estaba tonificando sus músculos.

La variante local

En Argentina, las investigaciones están en manos de llaneros solitarios cuya autonomía del gobierno de turno depende más de la motivación individual que de arreglos institucionales que mantengan efectivamente la distancia, garantizando la definición constitucional sobre la división de poderes. Si de reformas se trata, hay una de rango constitucional, el establecimiento del Consejo de la Magistratura, que ha tenido el efecto contrario al buscado, inspirado en el modelo español: en los tribunales federales hoy se invierte más tiempo que nunca en el cabildeo ante los miembros de ese consejo para asegurar condiciones de carrera, con la consecuente subordinación de los jueces a la agenda y a los equilibrios de la política partidaria. Ese complejo ida y vuelta entre jueces y actores gubernamentales y partidarios ha dado lugar a la figura informal de los "operadores judiciales" popularizados con ese nombre por la prensa. En la cobertura de hechos judiciales es casi tan común ver mencionados a jueces, fiscales y defensores como a estos punteros que trafican nombramientos, transmiten deseos de gobernantes y administran chantajes más o menos sutiles. Esa interacción entre el Consejo y la magistratura propiamente dicha, da lugar a dos efectos muy frecuentes: o bien las investigaciones de los jueces arrancan sospechadas de estar orientadas a devolver favores recibidos de algunos miembros del consejo o bien se topan con el obstáculo de alguna medida del consejo (o la amenaza de ella), para condicionar el rumbo de la pesquisa.

Otro factor que envenena la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial es el papel que juegan los servicios de inteligencia (en sus sucesivas encarnaciones como SIDE, SI y AFI): alejados por completo de su mandato de proteger la seguridad del estado de amenazas extranjeras, actúan como un reservorio de información sobre investigaciones judiciales domésticas y sobre las actividades extrajudiciales de jueces, fiscales y defensores que institucionaliza el chantaje sobre aquellos (no pocos) que incurren en conductas ilícitas o que puedan ser percibidas o presentadas como tales.

Nada de lo que se lee aquí debe interpretarse como un endoso in toto de la actividad de los funcionarios brasileños involucrados en la operación Lava Jato. Por el contrario, muchas acciones del juez Sergio Moro o del fiscal Deltan Dallagnol merecen reproches enfáticos y no debería sorprender que justamente las acciones reprochables de éstos sean las más revindicadas por algunos de sus pares argentinos en busca de algún blanqueo. El abuso en la privación preventiva de la libertad es la primera que debemos tener en mente, algo de lo cual también hubo en Mani Pulite. Lo que se busca en estas líneas es comparar la situación estructural en cada país de los actores que tienen en sus manos investigaciones con indudables y delicadas repercusiones políticas.

Lo que debe preocupar es el papel decisivo que terminan jugando en la política actores que deberían velar por la licitud del modo en que se da la disputa entre partidos y de ningún modo decidir o incidir sobre el resultado de esa disputa. En Brasil, es la elección acerca de quién va a ocupar la presidencia en 2019 la que está siendo torcida. En Argentina, las dudas acerca de cómo la investigación del club de la obra pública termina en manos de funcionarios en cuya propia probidad pocos creen planean como una amenaza a la legitimidad democrática de consecuencias imprevisibles, sobre todo en un momento en que el país se desliza por el tobogán de una de sus crisis cíclicas. La presunción sobre la ilicitud de los hechos investigados, ampliamente extendida entre la ciudadanía, no justifica ningún abuso procesal, ni exime a quienes tienen la responsabilidad de probarla de rendir cuentas de la rectitud de sus propios actos. Las situaciones donde todos nos vemos obligados a descreer de todo son el alimento preferido de la antipolítica más dañina.

*Laboratorio de Políticas Públicas