Entre los principales reclamos al sistema judicial habitualmente se cuentan los procesos interminables, la burocratización excesiva y la lejanía palpable entre quienes se ven obligados a transitar una causa judicial y el juez que debe decidir el caso. Para responder a esas demandas ciudadanas surgió el proyecto de Generalización de la Oralidad en los Procesos Civiles, una propuesta de la Plataforma de Gobierno Abierto Justicia 2020, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que mediante acuerdos con los poderes judiciales provinciales está dando pasos agigantados para agilizar los procesos y desburocratizar la administración de justicia.

Para hablar sobre los resultados palpables que está teniendo la iniciativa, BAE Negocios habló con el doctor Héctor Chayer, Coordinador operativo del Programa Justicia 2020, quien explicó en detalle el ambicioso proyecto al que no dudó en caracterizar como "Ganar-ganar".

¿Cuál es en estos momentos la situación de los juicios civiles y comerciales a nivel nacional y cómo la encararon?
—La situación de los juicios civiles y comerciales en la Argentina es desastrosa, si uno tiene un accidente de tránsito y tiene que operarse y tiene que reclamar a la compañía de seguros puede tardar tres cuatro cinco o hasta siete años, dependiendo de la provincia, en tener una sentencia de primera instancia. Estos plazos son completamente irrazonables, no hay ninguna necesidad de que los juicios duren ese tiempo. Los procesos en todo el país, si bien cada provincia tiene su código procesal, venían siendo escritos, con lenguaje técnico, la gente no entiende lo que el abogado escribe, no entiende lo que dice el juzgado, con una gran delegación de tareas de parte del juez, que no agarraba el expediente escrito, no tomaba decisiones, sino que les llevaban un borrador escrito, proyectos se llama, que él firmaba nada más, y con suerte el día de la sentencia cuando estaba todo acumulado en el expediente el juez le daba una mirada y participaba en la decisión final, porque a veces ni siquiera las escribían ellos. Esta situación tan grave la encaramos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un proyecto muy innovador. Estudiando los códigos procesales de la Argentina vimos que todos hablan de que el juez dirige el proceso, todos predican la celeridad, la economía procesal, en todos el juez puede convocar a una audiencia en un momento cualquiera a las partes, entonces dijimos porqué no instalar nuevas prácticas de trabajo sin cambiar las leyes. Y nos ahorramos cuatro o cinco años de discusiones. Y directamente planteamos trabajar con un protocolo que adapta las prácticas procesales. Por ejemplo hoy es muy fácil video grabar una audiencia, entonces en vez de estar tipeando lo que una persona dijo y digitándolo en una computadora, al videograbarlo los tiempos se reducen cuatro o cinco veces. Segundo, ya que es posible videograbarlo, que el juez tome directamente las audiencias de los testigos.

“Esto se puede aplicar en laboral, en contencioso administrativo, en familia”

Es decir que no se modifican las normas procesales...
—Estos protocolos de gestión de la prueba reinterpretan los códigos procesales, no los modifican, no hay ninguna modificación legal, pero si el juez puede llamar a una audiencia preliminar que lo haga, que vengan todos y ahí discutan qué se va a probar, cómo se van a producir las pruebas, cuáles son verdaderamente necesarias. Y cuando el juez interviene la prueba se recorta posiblemente a un tercio de lo que las partes ofrecen. Y se reducen el tiempo, el trabajo y el costo para la gente. Y otro de los aspectos del cambio es que ese mismo día se fija la fecha de audiencia de vista de causa donde toda la prueba se va a rendir, el juez va a hacer las preguntas que considere y ese día se cierra el período probatorio, y que nosotros planteamos que sea a 90 días. Ahí el juez preside la audiencia de vista de causa que dura 30 o 40 minutos, las partes ven que el juez pregunta, que sabe qué se trata, y del ahí el juez sale queriendo dictar la sentencia porque ya tiene todos los elementos en la cabeza. Este es el cambio que hemos propuesto.

¿Cuál ha sido la recepción por parte de los jueces y los abogados?
—Es un extraño proyecto ganar ganar, donde todo el mundo que lo prueba está feliz, y dónde los que más felices están son los más importantes que son los usuarios, ya que al que le cambia es al tipo que tuvo un accidente, que tiene que pagar un tratamiento médico o que tiene que arreglar el auto. Esto es para la gente. Los jueces lo han adoptado con mucho entusiasmo. Y lo de los abogados es muy curioso, antes de vivir la experiencia regularmente se oponen. Los abogados (y lo digo como uno de ellos) son personas que por lo general le preguntás "cómo te va, cómo estás en tu trabajo" y te responden pésimo, les decís "querés que cambiemos las cosas", y te responden "no, de ninguna manera". Pero cuando prueban la oralidad ven que se trabaja mucho mejor, que trabajan de abogados, que el abogado deja de ser alguien que lleva y trae papeles para efectivamente abogar ante el juez por su cliente. Cambia el ejercicio profesional llevándolo a un nivel superior, de excelencia, en períodos mucho más cortos, cobran antes. Y algo que me había olvidado de mencionar es que esta dinámica con plazos tan cortos, porque entre la audiencia preliminar y la de vista de causa pasan 90 días promedio, hace que aumenten dramáticamente las conciliaciones: casi la mitad de los juicios concilian sin llegar a sentencia. Lo cual permite que las partes construyan un acuerdo que las satisfaga, que estén considerados los honorarios de los abogados, hay menos trabajo en los tribunales porque esos casos no hay que llevarlos a sentencia, no hay que tomar la vista de causa, es decir es un círculo virtuoso.

“Casi la mitad de los juicios concilian sin llegar a sentencia”

¿Se piensa extender a otros fueros esta iniciativa?
—Esto se puede aplicar en laboral, en contencioso administrativo, en familia, con sus adaptaciones. Dentro del ministerio nos pasó que el equipo que brindamos asistencia técnica dentro de este proceso somos siete personas, que además estamos a cargo de toda la plataforma de Justicia 2020, estamos trabajando con 17 jurisdicciones, y nos hemos enfocado en los juzgados civiles patrimoniales, pero tenemos proyectado para los próximos años, lo que dependerá de quien se haga cargo del gobierno y del ministerio de justicia, extender estas reglas a los juicios laborales, a contencioso administrativo, con alguna complejidad a Familia, y además ya demostrado el éxito, esto es más fácil.

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