Ninguna actividad humana es ajena al derecho. El fútbol, como tal, no escapa al marco regulatorio de las ciencias jurídicas. Los incidentes que se registraron el sábado 24 de noviembre, en ocasión de disputarse la vuelta de la Final de la Copa Libertadores entre el Club Atlético River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, pusieron nuevamente en debate si la reglamentación en el terreno del juego que existe es la adecuada. Las posibles respuestas no son coyunturales. Quizá los conceptos de premio o castigo enunciados por el sociólogo Michel Foucault arrojen luz al tema.

En principio, la norma fundamental que regula todas las competiciones organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) es el Reglamento Disciplinario.

"La Conmebol establece un sistema de resolución de conflictos de las disputas que surjan entre sus miembros a través de diversos órganos jurisdiccionales. El Tribunal de Disciplina es el encargado de resolver los diferendos cuya decisión puede apelarse ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza", explica Mariano Bambaci, abogado especialista en derecho deportivo internacional.

El fallo “Mosca” señala que la AFA es también responsable por los daños en el estadio

El presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel Angelici, había puesto énfasis en su postura de negarse a que su club jugara el partido. Los dichos encuadran en lo establecido por los artículos 179, 180 y 181 del Reglamento Conmebol Libertadores Edición 2018.

"De la lectura de estas tres normas surge que en caso de que un equipo no se presente a disputar el encuentro, se niegue a continuar el mismo o abandonara el campo antes de su finalización, se considerará que el equipo pierde el partido y será excluido de la competición", señala Bambaci.

También se debatió mucho acerca de quiénes debían asumir las consecuencias de los desmanes entre la hinchadas. El fallo "Mosca" de la Corte Suprema sentó un importante precedente en materia de responsabilidades en eventos deportivos. Determinó que tanto el club organizador como la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA) son solidariamente responsables por los daños que sufran quienes asistan al estadio, a pesar de que la seguridad del operativo esté a cargo de la policía.

Ahora bien, el régimen penal y contravencional para la violencia en espectáculos deportivos está regulado desde 1985 por la ley 23.184, con sus correspondientes reformas. Pero los mismo conflictos continúan repitiéndose a lo largo de la historia.

"La problemática que esconde el fútbol no tiene que ver con la ley existente. Hay que trabajar a mediano plazo para modificar comportamientos sobre la matriz cultural de todas las personas, incluso simpatizantes, vinculadas a este deporte", sostiene Mariano Bergés, exjuez y titular de la Asociación Civil Salvemos al fútbol. En la misma sintonía, la abogada de Hinchadas Unidas Argentinos, Débora Hambo, expresa: "No es necesario modificar la normativa vigente; basta con conocerla y aplicarla con toda la fuerza de la ley.

Con el objeto de garantizar la seguridad en los estadios, el Ministerio de Seguridad elaboró un proyecto en 2016 que apunta a la persecución penal y desfinanciameinto de los violentos para que vean disminuidas sus posibilidades de acción. Si bien esa iniciativa perdió estado parlamentario, se volvió a presentar y está en la agenda de Diputados la posibilidad de tratarla durante las sesiones extraordinarias de la próxima semana. (ver página 14)

Delitos y justicia "vecinal"

La iniciativa tipifica como delitos penales, ya no como contravenciones, todas las conductas violentas que se realicen durante un evento deportivo. Esa caracterización es la la que celebra la representante letrada Débora Hambo. "Si arrojás piedras en Capital Federal te sancionan por disturbios con el código contravencional que es más laxo; pero en provincia te castigan por "abuso de autoridad" usando el Código Penal.

El mayor problema es que en los últimos años se intentó crear una justicia con normas de tipo vecinal en la Ciudad de Buenos Aires", argumenta.

En este escenario, cobran relevancia los negocios ilegales que manejan los barrabravas como la reventa de entradas, la falsificación de los tickets o el cobro por el estacionamiento en los alrededores de un estadio. Por su parte, Bergés considera que el fenómeno de los barras no es la principal causa de violencia.

"Existe un sistema de connivencias y conveniencias entre dirigentes de diversos ámbitos con los jefes de las asociaciones ilícitas que están enquistadas en el fútbol".

Por su parte, Hambo agrega: "La marginaldiad de los barras tiene que ver con nuestra sociedad. En las canchas hay un sentido de pertenencia con familias desmembradas que encuentran contención en las hinchadas. Erradicar esta situación requiere de un profundo trabajo social".

Sin embargo, el abogado y ex candidato a la presidencia de River, Daniel Kiper, cuestiona la técncia legislativa del proyecto elaborado por el Ejecutivo. "Es demasiado empírico y casuístico. La reglamentación tiene que ser clara en definir cuáles son las conductas prohibidas. Por ejemplo, la figura de "asociación ilícita" se sustenta en aspectoos subjetivos de la conducta que resultan difíciles de probar. Es cuestionable y muestra falencias que al momento de interpretarse, los abogados defensores van a encontrar formas para eludir la responsabilidad penal", fundamenta. Por algo el refrán reza: "hecha la ley, hecha la trampa. Siguiendo esta línea, insiste en que hace falta un marco normativo que permita meter presos de verdad a los violentos.

Daniel Kiper había presentado en una comisión especial un proyecto de ley en 2008 para sancionar con mayor rigor la conducta violentas en espectáculos deportivos. En su momento, no fue tratado en sesión, pero Diario BAE supo que un representante del Frente Renovador le pidió una copia al abogado con la intención de presentarlo en el Congreso.

La letra del plan de Kíper

El proyecto que planteó Kíper señala las penas por los delitos en el marco de espectáculos deportivos e incluye agravantes por asociación ilícita. También menciona la figura de asociación ilícita deportiva para los casos de entrega de dinero y entradas de favor y para los dirigentes que facilitan la actividad de las bandas organizadas para que ingresen al partido.