La reforma tributaria implica una hoja de ruta, un norte, y a su vez resulta un punto de partida de una política tributaria que indefectiblemente precisa otorgar certidumbre y señales de seguridad jurídica a un mundo ávido de señales de poder para decidir invertir. Desde lo discursivo se instauró el difícil objetivo del “nunca más al déficit fiscal”.

La reforma contiene la disminución paulatina de la presión tributaria en un horizonte de cinco años.

La disminución entonces se convierte en el principal incentivo para la inversión principalmente por la reducción/ eliminación de impuestos distorsivos y confiscatorios como el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hacen que el costo de lo que producimos no sea competitivo internacionalmente y que internamente potencia la inflación.

Asimismo la reforma plantea una reducción de la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias corporativas para las empresas que no distribuyan dividendos y los reinviertan; la eliminación de algunas exenciones y un cambio en la política de recaudación de los Impuestos Internos.

Pero ¿cómo el estado que necesita bajar el déficit fiscal puede bajar impuestos? La respuesta resulta tan ingenua como de difícil concreción: reduciendo el nivel de informalidad de la economía haciendo que seamos más los que pagamos y menos lo que pagamos. Respecto a este punto, la disminución de los costos laborales resulta un punto clave y complementario.

La informalidad se combate entre toda la sociedad y no puede reducirse con costos de producción directos e indirectos tan altos.

Desde el punto de vista técnico, la reforma contiene la incorporación de la venta de inmuebles dentro del objeto del impuesto alcanzando a un resultado gravado (por diferencia entre el precio de venta y el costo de compra ajustado) con una alí- cuota del 15%. En reemplazo del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles que gravaba al 1,5% a todas las ventas de inmuebles. Este nuevo impuesto deja exenta la venta de la casa-habitación.

Asimismo se abre un abanico de temas que deberían debatirse en el Congreso:

1) se considera a las monedas digitales como un título valor. Claramente no representa lo que en verdad son las criptomonedas. Y si se pretende alcanzar el resultado por diferencia entre la compra y la venta se debería incluir en el art. 3 de la ley la definición de enajenación para estos bienes, que en realidad son simplemente “monedas”

2) En el proyecto no se incorpora una definición de devengado, siendo que llevó a que la Corte Suprema de Justicia a que lo haga, por lo que debería incorporarse al art. 18 de la Ley.

3) El proyecto considera a las indemnizaciones como gravadas, cuando en realidad ya lo dijo la Corte Suprema que se trata del resarcimiento de un daño. Por lo que se debería revisar el art. 20 del proyecto.

4) Se deja sin exención a cooperativas de seguros y financieras (lo que implica una discriminación por actividad, dado que el cooperativismo sigue estando exento para el resto de las actividades).

5) No se incorpora el concepto de “Amortización acelerada por obsolescencia ” que definió la Corte Suprema de Justicia y que hoy ya es aplicado y aceptado por el fisco.

En definitiva considero que existen muchos puntos para revisar sobre criterios ya definidos en la justicia y que no tienen motivo por el cual la legislación luego de la reforma no debería existir.

De forma complementaria, a los cambios en los impuestos se adicionan una nueva Ley Penal Tributaria, y una nueva Ley de Procedimiento Tributario.

Dentro de los principales cambios de la Ley Penal Tributaria se encuentra la reincoporación de la “bala de plata” como mecanismo de salvataje para evasores que regularicen su situación en determinado plazo. Asimismo se incrementan los umbrales de punibilidad y se establece un mecanismo de actualización automático de los mismos.

Por otra parte se incorpora la importancia de la sustancia sobre la forma frente a la planificación fiscal nociva incorporando la existencia de delito cuando se utilicen estructuras para esconder la realidad económica.

Respecto a la Ley de Procedimiento Tributario uno de los cambios más interesantes resulta la posibilidad de poder rectificar declaraciones juradas en menos.

Estamos frente a una verdadera oportunidad, depende de nosotros hacer y aplicar una reforma seria que nos permita reconstruir un país que de lo contrario estará condenado al fracaso.

*Tributarista. Fundador de Sasovsky&Asociados