Bernard Madoff es un inversionista de Walls Street que concretó una estafa legendaria. A través de Madoff Investment Securities provocó un fraude de entre u$s50.000 y u$s65.000 millones por lo que fue condenado a 150 años de prisión. Utilizó para ello el denominado fraude piramidal: cuando recibía nuevos fondos, en vez de reinvertirlos como prometía en las acciones de grandes compañías o en las opciones de compra, invertía sólo una mínima parte y dedicaba el resto a pagar a los inversores iníciales las rentabilidades acordadas. La reputación de la que gozaba Madoff y el hecho de haber sido presidente del consejo de administración del índice Nasdaq de EE UU (uno de los más importantes del mundo y del cual fue uno de los fundadores), y a su imagen de exclusividad, hizo que el humo que Madoff vendía fuese corriendo de boca en boca entre los grandes millonarios y entre la gran banca de inversión

Claro que el modus operandi se replicó en varios países. Argentina tuvo también su eqivalente vernáculo (en porción ristretto). Se trata del empresario Enrique Juan Blaksley Señorans quien fue detenido en la localidad bonaerense de Pacheco, acusado de concretar una megaestafa calculada en más de $ 550 millones a más de mil ahorristas, mediante la suscripción de contratos de inversión, ofreciendo tasas muy superiores a las del mercado.

Blaksley, llamado el “Madoff argentino”, fue apresado durante un allanamiento en su casa del country Pacheco Golf Club y quedó a disposición de la jueza federal María Romilda Servini, quien también ordenó que sea detenido su socio Alejandro Miguel Carozzino, su cuñada Verónica Inés Vega y otro miembro de la empresa llamado Federico Dolinkue.

Para el desvío de fondos obtenidos mediante las estafas a los ahorristas se utilizó un complejo entramado societario con base en Panamá. Esto surge de la acusación de la fiscal federal Alejandra Mángano y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

De acuerdo al expediente, que detalló la agencia Télam, la firma local Hope Funds S.A. o Marketsite LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, conformó unas 25 empresas en el país y muchas de ellas eran utilizadas únicamente para canalizar los fl ujos dinerarios, mientras que otras tenían actividad real. Ya iniciada la investigación, el grupo comenzó a proceder al cierre de las cuentas bancarias y también se investiga si la enajenación de algunas de esas empresas fue ficticia.

Por otra parte, se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los u$s 5 millones y los $16 millones. Estos hechos se llevaron a cabo mediante la constitución de sociedades en Panamá, las cuales fueron utilizadas para la adquisición catorce inmuebles en ese país; la colocación de al menos u$s331.000 en el fideicomiso Verazul mediante adhesiones realizadas por prestanombres y la posterior rescisión y cesión a la sociedad Wall Street Group SRL de los montos abonados, a su vez cedidos a Hope Funds.

Sobre los hechos acaecidos en Panamá, se utilizaba un procedimiento de actuación que consistía, primero, en la constitución, a través del bufete MF & CO (Mossack Fonseca, clave en la trama de los Panamá Papers) de una persona jurídica en ese país, de la que Blaksley Señorans, Alejandro Miguel Carozzino y Verónica Inés Vega eran directores y cuyo capital social era suscripto por sociedades pantalla. Se adquiría un inmueble por parte de la sociedad constituida; luego se reemplazaba a los imputados por prestanombres en el directorio de la sociedad y en cinco casos se realizó la posterior venta de la propiedad.

Así, al menos, se han podido captar fondos por $550 millones sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos. Si bien se utilizaron otros instrumentos, el 96,27% del total hasta ahora relevado de los fondos obtenidos se instrumentó a través de contratos entre los inversores y la firma local Hope Funds S.A.