El conflicto que desde hace varios días afecta el servicio de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires tiene un reclamo general concreto vinculado con la recomposición salarial, y otro de base, que tiene que ver con el reconocimiento de los sindicatos que deben discutir con la empresa, en este caso Metrovías. En noviembre de 2015, antes de que finalizar el gobierno de Cristina Fernández, el ministro de Trabajo Carlos Tomada le otorgó la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) o "Metrodelegados" como son conocidos en forma coloquial. Pero a principios de este año, en marzo, la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión al dejar firma un fallo previo que dictaba su nulidad. La resolución fue firmada por los juces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti; es decir, todos menos el presidente Ricardo Lorenzetti.

La decisión se fundó en que no se había dado lugar a la defensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que era la única entidad sindical que tenía esa personería. La UTA alegó que o se había cumplido debidamente con el procedimiento establecido en la ley 23.551 de asociaciones sindicales y no se le había dado la participación necesaria.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se tomó de ese aspecto para justificar la represión desatada la semana pasada. "Los metrodelegados reclaman negociar y fue la Corte Suprema quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar, y nos dijo a nosotros que no podemos negociar con ellos. No es una discusión salarial, se esta discutiendo la afectación a un servicio público", sentenció Felipe Miguel, jefe de Gabinete del Gobierno portelo, que fue el que tomó la voz principal.

Respecto al accionar en la estación Plaza de los Virreyes, aseguró: "tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley y respetar las decisiones judiciales" También aseguró que ellos están "desoyendo los metrodelegados, que continúan haciendo cortes ilegales".