El costoso financiamiento récord a nivel mundial, que combina una inflación cercana al 40% y caída en las ventas, provocó un nuevo estadio en las pymes nacionales: la precarización productiva y la informalidad económica. En pocas palabras, se inició el proceso de “La Salada” industrial, con la creación de fábricas ligadas a la destrucción de empleo e incluso con ventas no registradas por parte de negocios que aún actúan en el mundo registrado.

Las tasas de interés en torno al 60% que el Banco Central tiene como referencia para las entidades financieras generó un ahogo en las cuentas de las pymes, según confirmaron empresarios y dirigentes industriales de distintos puntos del país. Las cada vez menos empresas que logran tener sus “carpetas en orden” en los bancos admitieron que el cambio de cheques les genera “como mínimo la pérdida de rentabilidad”.

Al resto, cada día un universo más amplio, la opción es refugiarse en las “cuevas” para “reventar” cheques que les permita “pagar sueldos, los servicios públicos y los impuestos”. Allí hoy el precio por hacer efectivo esos instrumentos llega hasta el 95% de interés anual, según confiaron empresarios que debieron recurrir a esa opción.

“Mayormente se dejan de pagar los impuestos, pero luego llegan embargos en las cuentas”

“En el banco, en el mejor de los casos, perdés la rentabilidad y parte del costo por el valor de las tasas vigentes. Hace poco cobré $36.000 en un cheque como una parte de un trabajo realizado en marzo y abril del año pasado y, como tenía que pagar sueldos, cambié a una tasa del 64%. Del total, me quedaron $29.000, así que perdí toda la rentabilidad”, graficó el presidente de la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines (CIMA) y dueño de una pyme, Ariel Aguilar.

En el sector se cerraron más de 100 fábricas desde el 2015, afectadas por las importaciones y la caída de las ventas en el mercado interno, según las estadísticas de la entidad. Allí llegan las últimas voces de los empresarios pymes que surfean la crisis: “Me comí el colchón. Hemos vendido la camioneta porque ya no tenemos tantos viajes”, reproduce Aguilar de alguna de las tantas situaciones que reciben a diario.

Ante la falta de financiamiento las empresas comienzan a reducir personal, pero las indemnizaciones tienen costos y para sobrevivir se llegan a acuerdos, que incluyen maquinaria como parte de pago, y un convenio para ser proveedores de su ex empleador. “Allí nace una empresa precarizada, que además de evadir impuestos y ofrecer menores condiciones laborales, ayuda a achicar el mercado interno”, se lamenta el líder de CIMA.

Este escenario es sólo posible “cuando llevás al empresario pyme al lugar mínimo de subsistencia”. Aguilar denuncia que “despedir y aplicar la precarización laboral fue producto de la política del Gobierno para bajar todos los costos”, pero alerta que genera un perjuicio para el Estado por “te lleva a un esquema de no pago de impuestos”. “Se terceriza la producción. Se lleva a la informalidad, y se estructura el esquema ‘Salada’. Y como viene más recesión, las empresas que subsistan van a ser las que inexorablemente en la precarización productiva e informalidad absoluta”, señala.

Precariedad o informalidad

“La pyme que está mal no le queda otra que tomar esos créditos caros cuando no le queda otra. Sino la problemática es más grave porque tiene que ir a una cueva con tasas muy superiores a lo que es una usura. Y eso es entrar en un círculo, en el cual se hace muy difícil salir. De hecho, son muy pocas las que terminan saliendo, más en un mercado recesivo como el actual en donde se hace imposible levantar cabeza. Cuando llega al fin del espiral es cuando la empresa muere”. La descripción la realizó el presidente de la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zúrzolo, en diálogo con BAE Negocios.

Allí talla no sólo la presión impositiva récord en el país sino también el ejercicio de recaudación ante la morosidad de parte de los estados, nacional y provinciales. En el intento de mantenerse con los beneficios de las tasas más costosas del mundo para evitar el financiamiento en negro de casi el 100% de interés, los empresarios deben elegir el recorte de gastos. Uno de los primeros es el impositivo, pero con consecuencias letales.

“Mayormente se deja de pagar los impuestos, pero llega la AFIP y ARBA (en Buenos Aires), que embargan las cuentas mientras empiezan a entrar cheques que se emitieron. Esas obligaciones no se pueden pagar por la inmovilización bancaria; y es ahí en donde se ingresa en un sistema imposible, y el 100% del tiempo el empresario está buscando cubrir costos y no en dedicarse a producir”, sintetiza Zúrzolo.

Para colmo de males, todas las entidades se quejan de que los abogados que representan a los organismos recaudadores del fisco, “por más que les pagues, tardan hasta cinco días hábiles en poner en funcionamiento las cuentas”. Una escena que se multiplica en el país, a la vez que se bajan persianas de fábricas de todo tipo.