En la Argentina, como en el resto de América del Sur, existe una ausencia total de control de calidad y salubridad en la fabricación de anteojos. Los argentinos consumen 13,5 millones al año, pero la producción nacional y la importación formal apenas cubren la tercera parte de las ventas. La oferta en las playas bonaerenses se multiplicó, al ritmo del desconocimiento sobre los efectos nocivos en la visión a mediano y largo plazo.

En la actualidad existen 50 fábricas en el país que producen aproximadamente 2,5 millones de pares de anteojos. El desarrollo de la producción nacional estuvo atado al deseo de los empresarios que eligieron fabricar de acuerdo a algún marco internacional o al ritmo de su mayor rentabilidad; todo esto permitido por la ausencia absoluta de normas que regulen la actividad local. Es decir que dependió de ellos si un armazón y sus lentes estaban bien hechos o eran, en el mejor de los casos, inservibles.

Sucede que en la Argentina, como en todos los países de Amé- rica latina, existe un vacío legal y administrativo para controlar la calidad y la salubridad de los anteojos, tanto recetados como de sol. Bajo ese cielo, las lentes que presuntamente protegen a los veraneantes de los efectos del sol pueden ser más dañinas que la exposición visual directa a los rayos ultravioletas sin intermediación de anteojos, según señalaron los expertos.

En números que relevó la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines (Cadioa), en Argentina se estima un consumo de anteojos de armazones de recetas de 7 millones por año, y de anteojos de sol de 6,5 millones anuales. En total, los argentinos consumen alrededor de 13 millones y medio de anteojos, pero la industria nacional produce sólo 2,5 millones y los importadores formales ingresan alrededor de 1,5 a 2 millones más

Esta cuenta, a simple vista, demuestra que 9 millones de pares de anteojos no son legales, lo que aumenta el riesgo de su nocividad, aunque el resto tampoco tiene garantía de calidad ni de salubridad. Pero los costos podrían explicar su costo de origen: mientras un par de anteojos de sol en una óptica formal se puede conseguir entre $800 y $2.000, en la playa o en puesto callejero tienen un costo entre $300 y $400.

Los empresarios nacionales reclamaron aplicación de reglas de calidad que permitan la multiplicación de la producción local, con el impacto consecuente en el empleo. Según las estimaciones, la aplicación de normas técnicas con rangos internacionales al estilo europeo o norteamericano podrá triplicar la mano de obra local.

Pero si se posterga la aplicación de un control técnico y se permite la lluvia de importaciones, en pocos años más la situación se pondrá en línea con la peor etapa de la producción nacional de anteojos que sucedió durante la última dictadura militar, en donde las 370 fábricas existentes pasaron sólo a 10 en el término de una década

La propuesta de Cadioa, que en la actualidad se analiza en la ANMAT, pretende un estándar con control suficiente para dar certeza de origen, la trazabilidad y los materiales con que fueron fabricados los anteojos, como sucede en Europa y EE.UU. En una utopía quedó el modelo australiano, en donde la fabricación cumple un régimen estricto.

Playas oscuras

“Todo lo que se vende en la playa es legal, aunque le haga mal a la salud”. Esa certeza es el perjuicio más poderoso contra la fabricación nacional. La legalidad la alcanza el pago de impuestos para comercializar productos -en el mejor de los casos-, lo que se transforman en muchas pérdidas para la industria nacional, que además de la competencia desleal enfrenta controles por asentamiento fabril, cargas sociales y salarios altos, según sus quejas. Lo que significan pérdidas económicas millonarias para la industria nacional.

La cara contraria de la moneda es la ventajosa situación de los importadores, “que se hacen millonarios porque ingresan productos de muy mala calidad a muy bajo precio, la mayoría de las cosas son de contrabando sin control”, dispararon desde Cadioa, quienes sin embargo distinguieron a los formales de aquellos que eluden la legalidad.

Es claro que las importaciones afectan la creación de empleo en la Argentina, una ecuación directamente proporcional: cuantos menos productos se realizan en el país, menos oferta de trabajo existe. Y ante la ausencia de normas técnicas, la inserción inteligente en el mercado mundial queda sólo en un plano dialéctico.

Un anteojo que no cumple con absolutamente ninguna norma de calidad, que le hace daño a la salud visual de la población y es rechazado en países europeos o en Estados Unidos, pero que paga los impuestos como debe hacerlo y se ingresa de manera legal, no tiene ninguna restricción. Otro es el caso del control del contrabando, que sí se puede restringir, pero que depende de la administración de la Aduana.

De concretarse el control bajo normas de calidad, la industria nacional crecería y llevaría a la formalidad a todo el sector. Y lejos de perjudicar, pondría en mejores condiciones a los importadores formales del gremio -aquellos que realizan sus negocios en un marco legal-, porque va a poder seguir importando certificando el producto; y además obligaría a los ilegales a formalizarse para seguir importando.

“El contrabando seguirá siempre que puedan hacerlo. Pero con una regularización existirán normas para poder retirarlos de la calle, cosa que en la actualidad no sucede”, enfatizaron desde Cadioa.

Lo cierto es que existe una dualidad entre precio y calidad de vida. Una resolución que dependerá del punto de vista desde donde se quiera establecer la línea de acción.

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Ariel Maciel

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