El año que termina tuvo varios puntos de encuentro y de desencuentro entre el gobierno nacional con los gobernadores provinciales, una relación que fue tirante durante la mayor parte del 2017 pero que al fin y al cabo, en los últimos meses del año terminó siendo fructífera para la Casa Rosada. Así, tras un acuerdo macro con los mandatarios, el gobierno central se aseguró por un lado terminar con las disputas de reparto de dinero del judicializado Fondo del Conurbano y el apoyo de los gobernadores para aprobar las reformas previsional y tributaria.

Los dos pactos clave que rubricaron la Casa Rosada y los mandatarios buscan asegurar por un lado el control del gasto público y por otro la redirección de una parte de la masa coparticipable para terminar con los tironeos por los fondos que incluía un juicio ante la Corte Suprema por parte de la provincia de Buenos Aires.

En marzo, el Gobierno nacional firmó con los ministros de Hacienda de las provincias un pacto de Responsabilidad Fiscal para congelar en términos reales el gasto público. La foto del acuerdo fue tomada en Mendoza, junto a un documento que comprometió a las jurisdicciones (incluida la Nación) a que la tasa nominal de incremento del gasto público primario no superará a la tasa de aumento del IPC nacional; a controlar el empleo público con la prohibición de incrementar la relación entre cargos en el sector público (a diciembre de 2017) contra el nivel de población proyectado por el Indec; pautas de fin de mandato, por las cuales no estará permitido incrementar el gasto corriente "permanente" (que dure más de 6 meses) en los últimos 2 trimestre de un mandato y un compromiso para "armonizar" y no aumentar presión tributaria. En caso de incumplimiento se pondrán límites a avales y garantías del Gobierno nacional y límites a envíos de fondos no automáticos.

Ocho meses después, con la amenaza latente de que la Corte Suprema decida a favor de Buenos Aires la restitución del Fondo del Conurbano a favor de esa provincia (con las consecuencias fiscales que traería para el resto de los gobernadores), el Gobierno logró, después de negociaciones dilatadas, llegar a un punto de consenso que otorgó a cada una de las partes algo de lo que pretendía, incluso para la propia administración nacional. Por un lado, Buenos Aires se aseguró un giro de fondos anual que le asegurará solucionar la mayor parte de los problemas de caja. El resto de los gobernadores se aseguraron un saldo neutral por la eliminación del Fondo del Conurbano y 125.000 millones de pesos a repartir entre todas las provincias que levanten juicios pendientes sobre reparto de fondos. Y la Casa Rosada, por último, ganó apoyo a las reformas previsional (el cambio necesario para financiar el pacto fiscal) y tributaria en el Congreso.

La letra del Consenso Fiscal, además, estableció que el Gobierno nacional financiará programas de retiro y jubilaciones anticipadas para empleados públicos de provincias y municipios y que para eso buscarán asegurarse incentivos para la "reinserción laboral"; en el ámbito tributario, el compromiso de las provincias incluye bajar impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos) por 1,5% del PBI en los próximos 5 años; la recaudación de la Ley de Revalúo Impositivo, por su parte, se coparticipará con las jurisdicciones; el Gobierno Nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas; se creará en cada provincia una Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios; los gobernadores pactaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valores de mercado.

La redistribución de fondos en las provincias le asegurará al Gobierno, en un contexto en el que buscará aprobar reformas de fuste en el parlamento, mantener cerrado, al menos por un tiempo, el frente federal.