Las personas privadas de su libertad son uno de los colectivos menos abordados por el mundo corporativo.

La Dirección Nacional de Readaptación Social y Farmacity realizaron un informe para ver qué hay detrás de ese gran tabú.

“No les estamos pidiendo que incluyan laboralmente a un asesino serial, les estamos pidiendo que pensemos en la incorporación de aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género”.

Es en ese marco que Fiorella Canoni, Directora Nacional de Readaptación Social, plantea a las empresas argentinas la inclusión laboral de mujeres privadas de su libertad.

Pero no hablamos solo de mujeres: en la actualidad, hay alrededor de 12.500 personas dentro del Servicio Penitenciario Federal, y unas 2.000 egresan por año. “Las personas terminan de cumplir una pena privativa de la libertad y vuelven a la sociedad. Hay una negación respecto de la sociedad como si desaparecieran o se quedaran en una cárcel de por vida. Eso no es así”, disparó Canoni.

Es así que en este gran desafío, las compañías se vuelven un aliado clave, empezando por el aspecto laboral que implica ese retorno a la comunidad. Sin embargo, son pocas las que se animan a hacerlo, y todavía menos a contarlo. En cierto sentido, se percibe como publicidad negativa. “Hay empresas que no quieren darse a conocer. No hay una ganancia: la empresa no va a ganar más aceptación de parte de la sociedad porque sume a este colectivo. De hecho, todo lo contrario”, reveló la directora de la DNRS al portal Tres Mandamientos.

¿Entonces cómo visibilizar positivamente estas poblaciones frente a las compañías? Cuando existen tantos colectivos que atraviesan una situación de vulnerabilidad y necesitan ayuda para su inclusión laboral, pero que no recurren al delito, ¿por qué priorizar a los que sí lo cometen?.

“Estas mujeres pertenecen a un colectivo que sufre particularmente las consecuencias del encarcelamiento. Son las mujeres a las que más les cuesta conseguir trabajo por haber estado presas, condición que a su vez conduce a mayor estigmatización, discriminación y violencia”, respondió Lucila Palacios Hardy, Subgerente de Relaciones con la Comunidad de Farmacity.

Algunas iniciativas se realizan en la cárcel y otras en libertad

“Teníamos los recursos para hacerlo. También estaba la población objetivo que eran mujeres privadas de su libertad. Nos cerró por todos lados”, aseguró la subgerente.

Así, bajo el nombre de “Look que transforma”, lanzó junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social (DNRS) y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica este programa de capacitación en oficios vinculados a la belleza para mujeres que se encuentran bajo régimen de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o que han sido liberadas recientemente.

Y es que como explica la directora de la DNRS, en las realidades de estas mujeres, la comisión del delito está atravesada por una situación de género. Más allá del contexto, se demuestra que en materia de mujeres y cárceles, es una historia que se repite en toda Latinoamérica.

Conscientes de esta dura realidad, para la cadena de farmacias, el programa no es un caso aislado, sino que se enmarca dentro de un enfoque integral. A principios de año firmó un acuerdo marco de cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) por el que se comprometió ser una empresa con perspectiva de género.

El caso también ilustra que no hay una única forma de formar parte. Mientras que algunas de las iniciativas se realizan dentro del contexto de encierro, otras se llevan a cabo en el medio libre.

Hay 12.500 personas dentro del Servicio Penitenciario Federal y egresan 2.000 por año

De esta manera, las corporaciones pueden sumarse no solo mediante la inclusión laboral, sino a través de capacitaciones, compras inclusivas y apoyo a proyectos de reparación social.

En este sentido, el programa de capacitación gratuita fue liderado por asesoras de belleza del formato Get the Look y se extendió a lo largo de tres meses. Una vez finalizado, desde capital humano formaron a las participantes en diversas cuestiones referidas a atención al cliente, orientación comercial y comportamiento laboral. De las ocho mujeres que asistieron al curso, cuatro entraron a trabajar en la compañía. De estas, tres fueron recientemente liberadas y una se encuentra con monitoreo electrónico. “Que una chica privada de su libertad, cumpliendo condena con una tobillera pueda ir todos los días a trabajar, es algo espectacular”, festejó Hardy.

Pero para que esto deje de ser una cuestión de gratas excepciones y pase a ser una tendencia, uno de los mayores desafíos para poder apostar a una reinserción integral tienen que con la sensibilización y la comunicación, con poder empezar a pensar más responsablemente sobre qué pasa con esto que también es parte de nuestra sociedad.

“Hubo un cambio rotundo en las participantes. No solo físico -porque las chicas iban practicando y aplicando los conocimientos que iban adquiriendo-, sino también en el aspecto actitudinal. Fue muy visible cómo su autoestima fue creciendo”, recordó la subgerente de Farmacity