Especial para BAE Negocios

El derecho público argentino se ha nutrido históricamente de las fuentes locales. Lógica herencia de una administración pública funcionando que, caído el virreinato pasó a depender de las organizaciones políticas criollas. Luego entre 1853 y 1860, la Constitución Nacional, se incrustó sobre el legado español, con la dificultad de amalgamar diferentes fuentes y de construir diferentes soluciones, para administrar el estado.

Dos siglos más tarde, seguimos con conflictos que son el efecto de una sinuosidad permanente de una sociedad que, además de sus cambios diametrales de ánimo electoral, se topa con la influencia de la política y la doctrina académica sobre la justicia y las decisiones judiciales. Jueces que pretenden administrar y se olvidan de controlar.

Mientras el Congreso de la Nación quedaba sitiado por una movilización importante (y por unos cuantos inadaptados violentos) , había terminado en Puerto Madero la reunión de la Organización Mundial del Comercio, proporcionalmente con pocos incidentes y sin las grandes manifestaciones antiglobalización que siempre la acompañan. Casi pareció que las bombas molotov, las piedras, y también la Gendarmería, se habían equivocado de día y de barrio para el triste espectáculo del jueves.

En realidad, la cuestión previsional es un problema mundial. Subir la edad jubilatoria, aumentar los aportes, o reducir los beneficios son iconos de las recetas del nuevo Diario de la guerra del cerdo. La pirámide etaria se rectangulariza, el trabajo masivo pierde la guerra tecnológica, y los gobiernos no atinan respuestas a estos nuevos desafíos. Mientras la justicia nos condena a todos a pagar los experimentos de la industria de la medicina y reajustes de jubilaciones millonarias.

Por acá, los gobernadores (Santa Cruz inclusive, solo los Saa afuera) suscribieron un nuevo pacto fiscal que lleva atada la reforma aprobada rápidamente por los senadores y pasada a esta semana en diputados.

Es tiempo de reflexión. La primera cuestión que se me ocurre es que la expectativa de vida se ha alargado tanto que los planes de retiro y de salud no previeron llegar al primer cuarto del siglo XXI con octogenarios ávidos y en plena actividad, en ningún país del mundo. Tampoco se pensó en la drástica caída de la tasa de natalidad.

Los cálculos actuariales generan nauseas, pero la desfinanciación del sistema solo nos pone ante otra crisis.

El nuevo pacto fiscal eliminaba el Tótem sobreviviente de la dictadura militar del reparto de impuestos coparticipables.

Harán falta mil debates, y muchas herramientas transitorias para proteger a los adultos mayores, pero utilizar la violencia como único método de oposición a los procedimientos legislativos es, antes que inaceptable, contrario a la naturaleza. Desconocer la representatividad es desconocer la democracia, pero peor aún es jugar al avestruz ante una verdad irrefutable: el trabajo legal y su sistema jubilatorio fue pensado para “aposentar” (como dicen en Brasil) a los 60 y 65 años a mujeres y hombres que aportaron durante toda su vida activa. En ese entonces llegar a los 70 o 75 años era un raro privilegio. También el matrimonio era para toda la vida, en especial cuando no se pensaba superar los 50 años y llegar a las bodas de oro o de diamante eran una excepción. A tal punto, que después de las de diamante (60 años) los materiales que las identificaban decrecían de valor.

No está mal oponerse democráticamente a los proyectos que convinieron los poderes ejecutivos, lo absurdo es negar la existencia del sol.