Concluyó en Quito, Ecuador, el XIII Congreso Iberoamericano de Regulación, infraestructura y Servicios Públicos. Un encuentro que, además de su alto valor académico, congrega a especialistas del derecho público de toda América latina y de la península ibérica que intercambian experiencias e ideas sobre las vivencias y relaciones de sus actividades profesionales con las autoridades locales.

Escuchar el fenómeno de los negociados de Petrobras, el Lava Jato y las esquirlas de Odebrecht desparramadas por todo el subcontinente ( y en África también) relativizan la importancia política y judicial que le damos a nuestra causa de los Cuadernos de Centeno. Los miles de millones de dólares en danza transforman a los "bolsos de Lopez" en el monedero de la abuela. Pasada la dosis de perversión que nos invade al escuchar enfermedades más graves que las nuestras, aparece en escena un tsunami económico cuyas consecuencias se preven más similares, independientemente de la escala del PBI que se trate. En el mismo lodo, todos manoseaos.

Sorprende que un arrepentido de tercera línea (algo así como un subgerente de Petrobras) haya reintegrado 100 millones de dólares en busca de beneficiarse con la figura del arrepentido. impacta más enterarse de que el Estado Brasileño tenga una (entre tantas) acción de ejecución de multas y sanciones por unos u$s 6.000 millones contra Odebrecht.

En Perú están procesados varios expresidentes por recibir coimas con la megaempresa brasileña. Pero, por el mismo motivo, hay obras paradas por 15 mil millones de dólares en la red de infraestructura vial y energética.

Mientras se escucha cómo la preocupación central de los hermanos de la Patria Grande se encauza hacia la búsqueda de respuestas para superar la crisis económica, parece estar mirando los noticieros con el diario femicidio, la fatal salidera, el piquete cotidiano y el desfile a Tribunales, mientras aburre el debate por el presupuesto, del que recordamos con más intensidad las imágenes de los destrozos que la dimensión del ajuste.

La Justicia se debe ocupar, esperemos que un poco más rápido que con la cuestión de la venta de armas, de todas las causas que tiene a su cargo. Con celeridad e independencia dictando sus fallos acorde a derecho.

Pero la sociedad debe reflexionar sobre el efecto que produce sobre la economía y las necesidades de infraestructura del país el cierre de las empresas sospechadas de corrupción.

La receta fácil de la rescisión de los contratos y el corte de pagos con la complicidad mediática aplaudidora de la caída de los barones de la obra pública, pierde de vista los tremendos efectos colaterales del cese de actividades de un reducido número de empresas que, salvo australes excepciones, crecieron con la Patria Contratista desde la caída de Illia en adelante. En el mismo lodo, todos manoseaos.

En 2001, la salida de la convertibilidad no dejó espacio a un acuerdo político de responsabilidad presupuestaria. El mercado ajustó he hizo estallar la vida económica de los argentinos. De ahí tomo un ejemplo. La recolección de residuos no podía dejar de realizarse. Muchas de las empresas particulares prestadoras del sector no resistieron la explosión y, con rapidez, los Municipios, las empresas supervivientes y el Sindicato de Camioneros aplicaron distintas formulas (incorporación parcial o total de los empleados, municipalización del servicio, mantenimiento privado de la maquinaria, leasing, renegociación, planes de pago de deudas pendientes, pago de salarios en patacones, etc, etc.) desde la obligación subsidiaria del Estado y ante un interés público superior: la higiene urbana.

Ahora, como las ratas no crecerán ni se reproducirán en números infinitos, las pestes no nos asustan y los viajes en avión se reprograman, nadie parece preocuparse por la gravedad de los daños colaterales de la (conveniada internacionalmente) lucha contra la corrupción.

No hay dudas sobre el compromiso público contra (menos sobre el rechazo a) este expandido flagelo.

Pero debemos internalizar la idea y acostumbrarnos a visibilizar la crisis de empleo que implica el párate de las obras públicas, el daño capilar que produce la ruptura de la cadena de pagos, la hipoteca del futuro de las jubilaciones que no están recibiendo aportes, el incumplimiento de las metas de recaudación por la deuda impositiva de esas empresas y,fundamentalmente , la falta de desarrollo de las infraestructuras básicas en el país.

Detesto la inseguridad y detesto a los criminales que se llevan la vida de nuestros vecinos por un par de zapatillas o por un celular. Pero más encono me produce el silencio social que resignado mira de reojo el índice de muertes en accidentes de tránsito y no le reclama a sus representantes que proyecten más obras viales, mejores comunicaciones y mas fuentes de energía para la producción. El gobierno aportó su idea con las PPP. Tiene que darse una política urgente con las empresas salpicadas por los Cuadernos. Transparencia y honestidad son valores republicanos. Perseguir la corrupción es un compromiso nacional e internacional. La preservación de las fuentes de empleo y la continuidad de la cadena de pagos es una obligación del arte de gobernar.