Pasado el año impar, donde el gobierno ensayo el populismo financiero (dólar barato con apertura importadora financiado con endeudamiento externo, y cierto impulso al gasto público, especialmente en obras) en post de un buen resultado electoral, comienza el año impar donde el programa económico oficial muestra los dientes.

El “reformismo permanente” apunta a implementar la ansiada agenda del establishment por amputar el “costo argentino”. La reforma laboral apunta a reducir el costo laboral, la reforma previsional a bajar los aportes patronales a la seguridad social y la reforma tributaria a achicar los costos impositivos. En el imaginario oficialista, esas reformas permitirían un incremento estructural de nuestra competitividad que, de la mano de una profundización de los acuerdos comerciales internacionales, insertarían exitosamente a la Argentina en los mercados internacionales. Una utopía que promete la expansión de la actividad y el empleo, con generación de divisas que vuelvan sustentable el actual esquema de endeudamiento externo.

Pero los sueños oficiales pueden transformarse en pesadillas, tanto por causas internas como por el contexto mundial. En el plano interno, el principal escollo es imponer social y políticamente la reducción del “costo argentino” que, visto del otro lado del mostrador, es nada más y nada menos que el “ingreso de los argentinos”.

Las grandes incógnitas para la economía son la política de tasas y la cambiaria

La reducción de los costos impositivos merma los ingresos del Estado e incrementa el déficit fiscal. Para evitarlo se abrió una negociación con los gobernadores sobre el reparto de los costos del ajuste (“Consenso fiscal”) donde el pato de la boda fueron los fondos de la ANSES. Los ingresos de la seguridad social también se ven comprometidos por la rebaja de los aportes patronales que proyectan las reformas, de ahí el impulso oficial a la antipopular medida de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y AUH siguiendo las recomendaciones del FMI plasmadas en su reporte 16/346, para generar un “ahorro fiscal” que obviamente saldrá del bolsillo de los jubilados, pensionados y madres que perciben asignaciones. En esa primer batalla interna, el oficialismo se anotó un poroto al lograr que el parlamento apruebe la reformas fiscal y previsional, aunque los costos políticos se evidenciaron en la batalla campal que precedió su aprobación dando una imagen poco elegante a los referentes de las principales economías del mundo que participaban de la reunión de la OMC en Puerto Madero.

La segunda gran batalla que busca desarrollar el oficialismo es por la aprobación de la reforma laboral que apunta a bajar el costo laboral, es decir, el ingreso de los trabajadores. Una política que genera la resistencia de parte de sus organizaciones sindicales y viene precedido de una campaña mediática-judicial para ablandar a su dirigencia. Aún no está claro el rumbo político de la reforma, especialmente la posición del peronismo market frendly que suele prestar sus parlamentarios al oficialismo.

En el plano externo, el proyecto oficial de una Argentina abierta al mundo choca con la política proteccionista de las potencias. El torpedeo a la OMC reunida en Buenos Aires a fines del año pasado no provino de los representantes de las ONGs que el gobierno se encargó de deportar, sino del representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lightlizer, que ve a la promoción del libre comercio del organismo como un instrumento comercial spara la expansión de la producción made in China.

En la misma semana volvieron a posponerse las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, donde las exigencias europeas no sólo amenazan la línea blanca, la industria metal-mecá- nica y automotriz, sino también con eliminar en los mostradores porteños las pizzas de mozzarella. Más importante aún para Argentina, la firma del acuerdo implicaría una fuerte pérdida del mercado brasilero para nuestra producción en manos de la competencia europea.

Mientras en términos estructurales, el modelo de M naufraga entre la conflictividad social y la falta de realismo geopolítico, enmarcado en un proceso de endeudamiento insustentable (la deuda en divisas con acreedores privados se duplicó en estos dos años en simultáneo con un agravamiento estructural del déficit de cuenta corriente), la coyuntura económica del próximo año no se muestra menos compleja.

Por el lado depresivo, es esperable una menor obra pública como en todo año donde no hay elecciones, una inflación impulsada por la suba del costo “anti-argentino” (tarifas), bajas metas de paritarias presentadas como “de inflación” (el techo oficial se encuentra en torno al 15% con una inflación que difícilmente perfore el 20%) y la reducción del presupuesto de las familias que deben pagar los créditos Argenta e indexados que tomaron en el año electoral, amenazando la dinámica del consumo. Por el lado expansivo, es esperable una persistencia en el crecimiento de los créditos – especialmente indexados- con impulso sobre la construcción.

La gran incógnita es la política de tasas y cambiaria. El cambio en las metas parece presagiar una reducción gradual de las tasas de interés, con su efecto expansivo en materia de créditos y en menor costo de oportunidad de la inversión real (en comparación a la financiera). Sin embargo, la política de no intervención en el mercado cambiario (pese al abultado nivel de reservas) puede traducir las menores tasas en un mayor valor del dólar, con su consiguiente impulso a la inflación en desmedro del poder de compra de la población y en su consumo.

Bajo ese escenario, el 2018 promete una economía en estado vegetativo, es decir, con un leve crecimiento (0,5-1,5%, según los escenarios de paritarias y de inflación), incluyendo en dichas cifras la fantasía estadística de contabilizar la reducción de los subsidios como un incremento del PBI, que viene aplicando el INDEC en los últimos dos años.

Especial para BAE Negocios

* Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz