Un millar de Pymes irán al Congreso el próximo jueves 6 de diciembre con el objetivo de conseguir un respaldo para que se implemente una serie de medidas urgentes que le permitan afrontar una situación de crisis terminal por la que atraviesan los sectores industriales, del comercio, de los servicios y del agro, ante una profundización de las problemáticas sectoriales por los elevados costos energéticos, la ausencia de financiamiento, la fuerte presión impositiva, los embargos y una ausencia de control en las importaciones de productos con sustitución nacional, entre otros temas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, anunció una presencia masiva de empresarios y trabajadores “ya que existe una preocupación muy grande en todo el sector productivo por la falta de un plan para desarrollar la economía nacional”.

El encuentro se realizará en la puerta del Congreso desde las 10.30 y tiene como finalidad poder dialogar con los representantes de los bloques legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición, con el objetivo de plantearles los problemas que afectan a todas las Pymes y además presentarles una serie propuestas con medidas para evitar la profundización de la crisis de los sectores.

“Necesitamos ser escuchados por los legisladores y el Gobierno, porque además de medidas ejecutivas, son necesarias nuevas leyes para evitar el cierre de Pymes”, afirmó Rosato, uno de los organizadores de la reunión.

El dirigente agregó que “para que el año próximo haya cambios positivos en la economía, se necesitan hoy medidas urgentes para lograr que se concrete la recuperación esperada”.

Entre los puntos a tratar, y que serán presentados en un documento conjunto que los dirigentes empresarios presentarán ante diputados y senadores, están los perjuicios que generan los embargos de cuentas por atrasos en los pagos impositivos; la aplicación de altas tasas de interés bancarias que imposibilitan el financiamientos de las Pymes; y el incremento de los impuestos, a pesar de la sanción del nuevo pacto fiscal.

También señalarán la falta de información y la competencia desleal de las importaciones; el daño a las exportaciones ante la aplicación de nuevas retenciones y la eliminación de los reintegros a las exportaciones; la necesidad de descontar el bono de fin de año -acordado entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas- de la Declaración Jurada de aportes y contribuciones del empleador (F931); y el impacto negativo de los costos energéticos en la producción y el empleo.

En el punto de la energía, la promesa del Ministerio de Producción, que les dijo a los representantes industriales que era “viable” la aplicación de un costo diferenciado para las empresas electrointensivas con el objetivo de mantener la competitividad y evitar reducciones en el plantel de trabajadores.