La inseguridad no responde a un único origen. Es un problema jurídico, penal, social, económico y cultural, que se se ve acentuado por la corrupción, la delincuencia organizada y el mal funcionamiento de los sistemas de justicia.

El acceso fácil a las armas de fuego es uno de los principales motores de la violencia armada en el ámbito comunitario que afecta a los derechos humanos. ¿Existe una regulación insuficiente o una aplicación deficiente de la legislación en materia de uso de armas de fuego? Según la organización Amnistía Internacional, el 44% de todos los asesinatos cometidos en el mundo conllevan violencia armada.

Actualmente, existen 1.562.332 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No hay estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por Chequeado se estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Mientras que evaluaciones del sector civil dicen que hay cuatro millones.

Según datos del Portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional, la ANMaC recibió en 2018 un total de 28.533 solicitudes de autorización de portación. El mes con menos solicitudes fue febrero (1.865 pedidos), mientras que el máximo se registró en agosto (4.202). "La lectura de estas cifras indica que cada vez hay más gente pidiendo hacer el trámite para comprar armas legales porque buscan autodefenderse ante la ausencia del Estado", describe Martín Durán, experto en seguridad.

"Se suele poner el acento en el universo de armas en blanco, cuando el problema son las que no están registrada s porque provienen del robo y extravío y circulan dentro del mercado formal", afirma Diego Gorgal, también especialista en seguridad. En tal sentido, Mario Naldi, Comisario Mayor retirado, explica que el narcotráfico compra voluntades por lo cual es imprescindible construir una verdaderapolítica de Estado que cambie la situación.

Por otro lado, Fernando Soto, Director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, sostiene que el problema radica en el mercado negro, cuyas cifras son difíciles de controlar. En esta línea, agrega: “Los delincuentes fabrican en forma artesanal proyectiles que al ser disparados se abren como lata y producen lesiones letales en el cuerpo humano. La policía no puede usarlos porque están prohibidos en todo el mundo. Esto marca una desigualdad al momento de defenderse”.

El tráfico de armas es una de las actividades comerciales con más rédito en el mundo. Tenencia no es lo mismo que portación. Pero ambas figuras implican el derecho legítimo y regulado de disponer de un instrumento para defensa personal, siempre que estén dadas las condiciones y aptitudes necesarias.”Si una persona tiene registrada un arma es porque asume usarla. El ciudadano se defiende en desigualdad de condiciones porque el delincuente no duda en disparar para matar. En cambio, el particular lo hace para defenderse de un robo”, explica Soto. Por su parte, Naldi asegura: “Una cosa es que dispares y otra distinta es que te disparen. Se habla de gatillo fácil porque el ser humano no sabe cómo puede reaccionar ante un robo. Están cambiadas las reglas, porque las víctimas son los delincuentes y los malos, las Fuerzas de Seguridad”.

Por último, Soto explica: “La interpretación desequilibrada que algunos jueces les dan a los derechos de las víctimas frente a los del imputado influye en la inseguridad. Sucedió en el caso Chocobar, en el que el delincuente debería haber estado preso”. Además, argumenta: “Antes se respetaba el uniforme y la autoridad policial, pero hoy se los insulta. Los efectivos están desalentados porque ante la duda, un sector de la justicia califica al hecho como “gatillo fácil”y convierte al oficial en homicida”.

Otras miradas

María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)

1.¿Se incrementó el número de ciudadanos armados en la Provincia de Buenos Aires?

El dato de la cantidad de armas “legales” en manos de civiles surge de los registros del ex RENAR, que en 2017 informó un poco más de un millón y medio de licencias de tenencia emitidas vigentes. Según datos de quienes están vinculados a los programas de desarme, hay una cantidad ligeramente superior (1.800.000) de armas no declaradas. En su enorme mayoría, las del mercado negro provienen de las fuerzas de seguridad que, como sucede con la casi totalidad del “crimen organizado”, son quienes lo dirigen y administran.

2.¿Cuáles son los riesgos?

La experiencia de países como EE.UU., donde la tenencia civil de armas de fuego está prácticamente desregulada, demuestra sin necesidad de mucho análisis cuáles son sus resultados en términos de incremento de muertes. Lo ilustran episodios como las frecuentes masacres en centros comerciales y escuelas o los “accidentes” dentro de hogares. El fomento de la tenencia privada de armas incentiva el “vigilantismo” y la mal llamada “justicia por mano propia”, linchamientos incluidos.

3.¿Qué es “gatillo fácil" y cuántos casos se registraron durante el año?

La expresión “gatillo fácil” define el fusilamiento de personas desarmadas por miembros de las fuerzas de seguridad estatales, que en la versión oficial suele presentarse como “enfrentamientos inexistentes”. Muchas veces se usa de forma ampliada para remitir al conjunto de las políticas represivas del estado, que incluyen diversas modalidades distintas del gatillo fácil, como las torturas y otras que causan muertes en lugares de detención, las muertes causadas en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social. No hemos podido terminar todavía el registro y chequeo de la totalidad de los casos producidos en 2018 debido a la inmensa cantidad de datos a procesar. Con lo cargado hasta hoy en el Archivo, podemos afirmar que, desde el 11/12/2015, el aparato represivo estatal mató más de 1.140 personas con alguna de las diferentes modalidades, lo que indica un promedio de 400 casos anuales. Más del 40% del total corresponde a fusilamientos de gatillo fácil y otro tanto a las muertes en lugares de detención (cárceles, comisarías, institutos de menores). El resto, se reparte entre las modalidades con menos incidencia (represión al conflicto y la protesta social; femicidios cometidos por miembros de FF.SS.; desapariciones forzadas; asesinatos cometidos como consecuencia de otros hechos criminales de las fuerzas). A principios de este año publicaremos el informe completo.

4.¿Cuáles son los principales problemas de inseguridad?

Para la mayoría del pueblo, el principal problema de “inseguridad” es la pérdida del trabajo, la ausencia de un sistema de salud y educación públicas mínimamente eficientes, el riesgo de morir por una bala policial en las calles o bajo la tortura en una comisaría, tras una detención arbitraria. También, desde luego, que no te roben. Cuando se trata de discutir los factores que inciden en la “inseguridad”, entendida parcialmente como la comisión de delitos graves, es necesario empezar por identificar a los responsables. La experiencia indica que la criminalidad organizada, aquella que cuenta con alto poder de fuego y logística, depende de la intervención protagónica de uniformados, que sistemáticamente aparecen vinculados a las grandes bandas delictivas.

5.¿Qué aportes hacen desde CORREPI para combatir el problema?

CORREPI es una organización antirrepresiva que promueve el protagonismo popular en la denuncia y lucha contra todas las formas en que los gobiernos descargan la represión estatal sobre el pueblo trabajador. Creemos que sólo la organización popular, con independencia del aparato estatal y de todos sus gobiernos, permite avanzar en la conciencia y la acción contra la represión.

Martín Durán, especialista en Seguridad

1.¿Se incrementó el número de ciudadanos armados en la Provincia de Buenos Aires?

Actualmente existe un arma de fuego cada diez personas en la Provincia de Buenos Aires que están registradas legalmente en el ANMAC. Pero existe otra cifra similar en armas robadas y en negro. Por ende, el 20% de la población está armada: 2.500.000 de armas entre 13.000.000 habitantes.

2.¿Cuáles son los riesgos?

Algunos son el mal uso, la falta de conocimiento en los factores legales cuando se dispara un arma de fuego, no saber en qué momento se puede disparar, cuándo y cómo trasladarla. Además, existen muchos casos de personas que lastimaron a un ser querido por no cumplir con los recaudos necesarios. En definitiva, un arma no garantiza seguridad, hay muchos casos en que la empeora.

3.¿Existe el “gatillo fácil” y cuántos casos se registraron durante el año?

«Gatillo fácil» es una expresión utilizada en español para indicar el uso abusivo por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego, generalmente presentada por la policía como una acción accidental o de legítima defensa. Así, se configura desde la forma en que la sociedad ve la seguridad en USA, CHILE, BRASIL donde si se dispara ante una mínima desobediencia a la autoridad no es visto como gatillo fácil. Pero en Argentina la perspectiva es diferente.
Entonces... ¿qué es gatillo fácil? Creo que el gatillo es legítimo cuando el delincuente le dispara primero al policia y el agente logra evitar el disparo y abatir al delincuente. Según una ONG, en los ultimos 4 años hubo una muerte cada 23 horas por personal de fuerzas armadas contra delincuentes. Argentina ocupa el puesto N 19° en el mundo en mayor cantidad de armas legales e ilegales en manos de civiles y el 64° en la tasa que calcula el porcentaje de armas cada cien habitantes.

4. ¿Cómo se combate el mercado negro?

Por qué existe? Se combate con mayores controles por parte de la ANMaC y de las fuerzas policiales. También con concientización en los riesgos legales y mortales que tiene el uso de un arma en el ámbito doméstico. La delincuencia financia al mercado negro. Cada proyectil, una vez que sale de la boca del cañon, queda marcado por las características de la pistola, pero los expertos pueden rastrear al arma si se encuentra registrada legalmente.