Las expectativas económicas, que hoy se desplazan en un gradiente que va desde la calma a la inquietud, parecieran depender de la distancia desde la que el observador se sitúa para contemplar la realidad.

Quienes basan sus esperanzas en la observación de los aspectos más inmediatos (entre los que se destacan la victoria electoral del gobierno, la dinámica de los mercados bursátiles y financieros y los informes sobre indicadores de coyuntura que muestran progresos en la actividad económica y en la recaudación impositiva, por ejemplo), se inclinan a esperar un mejoramiento progresivo de la economía, a partir de la ratificación política del gobierno.

Pero si el punto de vista es más distante, se ve con claridad que, como contrapartida, siguen sin resolverse o en la senda de profundizarse, los desequilibrios estructurales del actual esquema económico que hemos venido señalando en esta columna. Como agravante, el proyecto de Ley de Presupuesto 2018 que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) remitió a la Cámara de Diputados de la Nación expresa con meridiana claridad, que la resolución de aquellas inconsistencias no forma parte de las preocupaciones centrales del gobierno, sino que se perpetúan más allá de la duración del corriente período presidencial e incluso del siguiente.

Sólo para este año, el déficit fiscal total, que incluye los desequilibrios en las cuentas de la administración central, los gobiernos provinciales y municipales y el cuasifi scal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), requiere el equivalente a un monto de entre 55.000 y 60.000 millones de dólares de financiación. De estos, unos 30.000 millones deberán ser tomados en moneda extranjera inexorablemente, por no existir otras fuentes (entre ellas la inversión extranjera directa) para cubrir los desequilibrios del sector externo, que se expresa en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Son las propias inconsistencias características del presente esquema las que lo hacen vulnerable y, en cierto sentido, estas fragilidades son extremas. Existe un acuerdo generalizado sobre que la continuidad de la actual política económica está sujeta a la disponibilidad y fluidez del financiamiento de los déficits señalados. Lamentablemente, las eventuales complicaciones en el acceso al crédito no son los únicos riesgos extremos del presente diagrama. Dependencia del crédito Podría ser materia de controversia si la dependencia del crédito es sostenible y por cuánto tiempo, pero no hay fisuras en la convicción de que la reducción en sus volúmenes o incluso la ralentización de su flujo, repercutirían en forma drástica e inmediata sobre el funcionamiento económico todo, estableciendo un “punto de ruptura” que obligaría a profundos cambios. Algunos colegas también han señalado esta amenaza, aunque apelando a términos metafóricos y aún escatológicos para sustituir su denominación técnica, tales como “esto se va a la m…”, “estos se dan la piña”, o “van a explotar”, entre otros.

Lo cierto es que cualquier escenario de restricción al crédito, ya se trate del voluntario (préstamos) o el involuntario (diferimiento de pagos), que de modo central hoy depende de los primeros, involucra la imposibilidad de realización de los gastos, objetivándose de esta manera la crisis. Como ya mencionamos, las vulnerabilidades no se agotan en este flanco.

El tipo de cambio
A partir de una aparente “abundancia” de dólares, hoy se confi - gura un contradictorio escenario en el que conviven un proceso de revaluación permanente del peso, con otro de persistente dolarización de carteras, protagonizado por un espectro no menor de agentes que perciben al dólar como un activo barato.

En lo que va del mandato del presidente Mauricio Macri, se registra un ingreso sostenido de moneda extranjera, obtenida vía créditos, cuyo destino es y ha sido el del financiamiento de los déficits gemelos.

A ello se suma la corriente de inversores que convierten sus dólares en pesos para usufructuar las elevadas tasas de interés que el BCRA ofrece. Según el último informe “Evolución del Mercado Único Libre de Cambios y Balance Cambiario” de la entidad, en setiembre “…la principal fuente del mercado de cambios vino dada por los ingresos netos del exterior por inversiones de no residentes por u$s2.050 millones. De este total, unos u$s$1.100 millones fueron cambiados a pesos…”; como la propia autoridad monetaria resalta, ese nivel representa el máximo de ingresos por el concepto, en la historia del Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

En este caso el pase de dólares a pesos es transitorio, ya que el atractivo de los inversores está en la posibilidad de materializar ganancias a través del carry-trade; es decir la posibilidad de obtener rendimientos extraordinarios en la moneda estadounidense.

Otro segmento de agentes económicos considera que el precio del dólar en los niveles corrientes, representa una oportunidad que no debe desaprovecharse.

Esto se ha evidenciado en los sucesivos informes del BCRA, según los cuales la Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero acumula en los primeros nueve meses del año u$s15.500 millones.

La simultaneidad de tasas de interés elevadas y tipo de cambio subvaluado, explica en gran medida que el sostenimiento de la estrategia del BCRA de esterilización de medios de pago, resulte cada vez más onerosa. Hoy el circulante en poder del público ronda los 600 mil millones de pesos, lo que se suma a la sideral marca alcanzada por las Lebac, que superan los 1,1 billones de pesos, potencialmente monetizables.

Relacionado con ello, cabe aclarar que alrededor del 25% de las reservas en dólares del BCRA son los depósitos en moneda extranjera de los particulares (por lo tanto, no son de libre disponibilidad), y a su vez hay punto crítico de aquellas, de alrededor de u$s6.000 millones (el equivalente a un mes de importaciones), piso que no se puede perforar. Obviando otras restricciones, la libre disponibilidad de las reservas se reduce a unos u$s30.000 millones.

Observando de conjunto la masa de circulante, las cifras potencialmente monetizables de Lebac y las reservas en divisas de libre disponibilidad, se hace evidente que la actual estrategia es de extrema fragilidad ante cualquier situación de aceleración de decisiones de dolarización de carteras.

La dinámica de la recaudación
Las condiciones para el crecimiento económico (aumento de la producción de bienes y servicios) siguen siendo desfavorables desde el enfoque de la demanda. La persistente pérdida de competitividad derivada de la revaluación cambiaria proyectada, complica la profundización en los mercados internacionales existentes y la inserción en los nuevos; al mismo tiempo, el deterioro del poder de compra de los ingresos familiares (con bienes básicos como alimentos y los servicios comprometiendo cada vez mayores porciones de los salarios), presupone un estancamiento del mercado interno.

A su vez, la revaluación del tipo de cambio también expone a la producción nacional a una situación de mayor desventaja frente a los bienes y servicios ofrecidos por sus competidores no residentes.

¿Podría crecer el Producto Interno Bruto (PIB) de manera sostenida si no traccionan ni el mercado interno ni los externos?

A la obvia respuesta negativa debe agregarse que la incremental toma de deuda del sector pú- blico, que no sólo encarece los préstamos para empresas y particulares sino que compite con ellos absorbiendo el crédito disponible, agrava la situación.

De manera que no existen condiciones que auguren crecimiento de la actividad económica, al menos en forma generalizada, resultando esperable una consecuente disminución de la tasa de ganancia para numerosas unidades de negocios.

Si esos deterioros terminan implicando dificultades para la reposición del capital de trabajo (stock y créditos por cobrar), ante la inaccesibilidad del crédito por las altas tasas de interés, los empresarios podrían apelar a financiarse con los fondos que debieran ir a impuestos o cargas sociales, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Teniendo en cuenta el actual nivel del déficit fiscal total y su proyectado incremento para los años venideros, se hace evidente que cualquier reducción de los ingresos públicos por evasión, elusión o diferimiento de pagos, redundará en un desborde de imprevisibles consecuencias.

En síntesis, como hemos mostrado, la sostenibilidad de la actual política económica deviene de decisiones exógenas y endógenas. Las primeras, tomadas por no residentes, mientras decidan mantener el fl ujo de oferta de crédito al mercado doméstico; las segundas, relacionadas con que no se produzcan comportamientos del tipo “manada” por parte de los agentes económicos.

Aunque la prudencia del “buen hombre de negocios” debiera ser un criterio omnipresente, especialmente al tratarse de la gestión de la cosa pública, el manejo del esquema económico en marcha no parece corresponderse con dicha máxima. Mucho más cuando la Argentina ha transitado todos los escenarios de crisis antes descriptos.

Los densos nubarrones de la inconsistencia macroeconómica no alcanzarán a ser disipados sólo por el viento de cola que la política hoy le brinda al gobierno.

*MM y Asociados