El Senado aprobó la Reforma Penal Juvenil y el Gobierno celebró la sanción como uno de los principales logros de las sesiones extraordinarias. Con 44 votos afirmativos y 27 negativos, la Cámara alta convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y actualizó el régimen vigente desde 1980.

La iniciativa ya había obtenido media sanción en Diputados con 149 votos positivos. El oficialismo impulsó el proyecto con el argumento de que Argentina necesitaba "un marco legal moderno" alineado con estándares regionales. 

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la edad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen en 12.

"Deuda histórica"

Desde la Oficina del Presidente, el Gobierno difundió un comunicado en el que afirmó que la ley "cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa" y actualiza un sistema que, según sostuvo, quedó desconectado de la realidad criminal del siglo XXI.

El presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores y afirmó que la reforma "salda una deuda histórica" y devuelve a la Justicia herramientas para enfrentar la impunidad. 

"Quien tiene capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", expresó el comunicado oficial.

Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que "los hechos tienen que tener consecuencias" y que "la impunidad no educó a nadie". En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, insistió en que la baja de la edad resulta clave y planteó que el debate regional incluso la ubica en torno a los 12 y 13 años.

Qué establece la ley

La norma fija la imputabilidad desde los 14 años y establece penas diferenciadas según la gravedad del delito. 

• Para hechos menores, prevé sanciones de hasta tres años. 

• En casos graves, como homicidio, abuso o secuestro, fija penas de hasta 15 años, con posibilidad de extensión hasta 20 en situaciones puntuales.

El régimen incorpora medidas socioeducativas, tareas comunitarias, programas de capacitación laboral y la posibilidad de libertad asistida. También habilita instancias de mediación o reparación económica con consentimiento de la víctima.

La ley prohíbe que menores compartan espacios de detención con adultos y prevé la creación de centros especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia. Para menores de 15 años que cometan delitos graves, contempla la internación bajo control judicial con foco en la resocialización.