El Gobierno nacional busca aceitar el diálogo con el campo y generar un debate parlamentario, a partir de la presentación de la ley para el sector. El proyecto ingresará esta semana en el Congreso nacional, según pudo reconstruir este medio y en un plazo de diez años, apunta a incrementar el ingreso de divisas del complejo agroexportador, a partir de una serie de beneficios fiscales, vinculados a mayor productividad. Si bien los derechos de exportación quedaron fuera de la agenda de temas que se tratarán, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reiteró su reclamo para que se eliminen las retenciones a la carne vacuna y las economías regionales.

El proyecto de ley se elaboró en base al trabajo del CAA, que mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales desde mediados del año pasado. Además de los objetivos de alcanzar los USD100.000 millones en agroexportaciones y generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en esta cadena, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destacó otros lineamientos. En esta línea, uno de los puntos es llegar una producción granaria de 200 millones de toneladas.

En los próximos cinco años, los técnicos del CAA proyectaron que el ingreso de dólares provenientes del agro pueden aumentar en 6.200 millones de dólares. El mayor impacto será en la cadena sojera, que verá aumentar sus ingresos un 34%, seguida por trigo (30%) y maíz (20%). De la cifra estimada en ingreso extra de divisas, las economías regionales aportarán 1.145 millones de dólares. El limón participará un 25%, arroz 12% y forestal 9%, entre las más destacadas.

El texto de la normativa no introduce modificaciones para el actual sistema de retenciones a la producción granaria, situación que el oficialismo ya abordó en el Presupuesto 2022, que busca extender el actual esquema hasta diciembre de 2024. Por el momento, el sector exportador reconoció esta situación, pero no desechó la posibilidad de volver a gestionar una rebaja gradual en los derechos de exportación sojera.

El proyecto de ley también destaca la producción sostenible y trabaja en base a dos ejes. Por un lado, incrementar el uso de semilla fiscalizada y estimular el uso de fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. El mecanismo se articulará a partir de la creación de un certificado de crédito fiscal, que incluirá hasta el 50% de gastos deducibles de Ganancias en la compra de estos productos.

Estos dos aspectos son centrales en la producción agrícola. En soja, y de acuerdo a datos oficiales, solo un 25% de la semilla que se usa es fiscalizada, en un cultivo que cuenta con casi 17 millones de hectáreas implantadas. En el caso de fertilizantes, estimaciones privadas indican que los niveles de reposición de nutrientes se encuentran por debajo de los valores aconsejables.

Por el lado de la hacienda bovina, el proyecto prevé  incentivos a la invernada, para alcanzar un mayor peso de faena. El impacto esperado por estas medidas es un incremento de 33.900 toneladas en la producción de carne, que sumarán divisas por 186,4 millones de dólares y ganancias extras para los ganaderos por 42 millones de dólares.

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Andres Lobato

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