Ninguno de los funcionarios citados por la comisión investigadora del caso $LIBRA se presentaron en el Congreso para prestar declaración sobre su implicancia en el escándalo cripto, cuando el presidente Javier Milei promocionó en febrero de este año el token $LIBRA, vinculándolo a un proyecto llamado "Viva la Libertad Project" para "incentivar el crecimiento de la economía argentina". El tuit fue borrado horas después y generó millones de pérdidas a todas las personas que decidieron apostar a la iniciativa avalada por el jefe de Estado.

Un grupo de diputados opositores abrieron una comisión, según dicta la Constitución, para hacer una investigación política del caso. Sin embargo, Milei la eliminó por decreto poco tiempo después, hasta que luego fue restaurada.

El diputado de Encuentro Federal e integrante de la comisión, Esteban Paulón, apuntó directamente contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la funcionaria más importante dentro del círculo del jefe de Estado y la que habría sido nexo entre la Casa Rosada y los desarrolladores del token. Exigió que se le transmita un oficio a Karina para que establezca una fecha para visitarla en su despacho y tomarle declaración. “Sería un gesto de buenísima voluntad de esta comisión”, dijo.

El diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal destacó que se tuvo un “exceso de buenos modales” con ella, "dándole la oportunidad de dos citaciones”. “En la primera nos informó que no podía (por estar afectada a un viaje oficial a Estados Unidos). Ahora tuvo la soberbia de ni siquiera respondernos”, aseguró.

Uno por uno, la lista de citados en la comisión investigadora $LIBRA

Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: la oposición y las querellas en Estados Unidos la señalan como la pieza clave que habría permitido el ingreso y las reuniones de los promotores del token $LIBRA al círculo presidencial en general y a la Casa Rosada en particular. Es la segunda vez que se ausenta. La primera vez lo hizo alegando motivos de agenda, pero la segunda no hubo explicación aparente.

Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona: creó la Unidad de Tareas de Investigación sobre $LIBRA dentro de la cartera que dirige, pero es considerada una “autoinvestigación” porque está subordinada al Ministerio y este, el presidente, y no por avanzar con celeridad esperada en la causa. Además, el titular de la Oficina Anticorrupción, que depende de su órbita, dictaminó que Milei actuó como ciudadano, recibiendo una denuncia de la oposición por encubrimiento.

Mauricio Novelli, trader y asesor financiero argentino: considerado como el nexo local fundamental entre los desarrolladores del token (Hayden Davis y Julian Peh) y el presidente Javier Milei. Fue uno de los organizadores del evento "Tech Forum", donde se concretaron encuentros clave. La Justicia lo investiga bajo sospecha de ser uno de los artífices de la maniobra fraudulenta. Un informe judicial lo identificó como el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento.

Manuel Terrones Godoy, empresario e inversionista cripto: es socio de Novelli en la organización del "Tech Forum" y participó en algunos encuentros con el Presidente. La Justicia argentina congeló sus cuentas, pero se investiga si él y Novelli movieron conjuntamente una cifra significativa de criptomonedas (que no pueden ser intervenidas judicialmente) antes del congelamiento. Su rol es similar al de Novelli: intermediario y presunto partícipe de la maniobra.

Sergio Morales, exasesor de criptomonedas en la Comisión Nacional de Valores: se lo considera allegado a Karina Milei. Ingresó a la Casa Rosada en varias ocasiones con Novelli. Renunció a su cargo tras el escándalo y fue allanado por la Justicia. Es investigado por su posible rol en el esquema, dada su posición de funcionario en un organismo clave del control financiero y su vínculo con el entorno presidencial. 

Cómo sigue la investigación

En el caso de que los dos funcionarios no respondan a la notificación que enviará la comisión, la misma entidad pedirá la autorización judicial para obligarlos a dar explicaciones a través de la fuerza pública. Esto incluye una orden judicial, ya que la comisión no tiene la facultad de emitir órdenes de coerción por sí misma. Se trata de la última instancia de presión institucional que el Congreso puede ejercer sobre un funcionario del Poder Ejecutivo que se niega a hablar: solicitarle a la Justicia que lo obligue a hacerlo. 

El recurso existe en el marco legal de las comisiones investigadoras, pero su activación requiere una decisión judicial, lo que transforma un conflicto político-legislativo en un conflicto de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo que se dirime a través del Judicial.