“El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y éstos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, sostuvo ayer Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. De esta manera, ratificó lo que había mencionado Martín Guzmán durante el fin de semana: por ahora, las metas cuantificables no se modificarán, aunque distintos sectores vinculados al Frente de Todos ven dificultades en alcanzar los objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas.

El recalculo de la inflación tendrá dos consecuencias: una readecuación de las partidas presupuestarias que deberá hacerse antes de la primera revisión trimestral, sumado a “cierto cimbronazo político al reconocer que, por segundo año consecutivo, la variación de precios estará por arriba del 50%”, tal como reconoció a BAE Negocios uno de los analistas de mercado más escuchados por el Presidente.

Las consultoras privadas estiman que la inflación anual podría ubicarse en el 57%. El acuerdo con el Fondo fijaba un supuesto que iba del 38 al 48 por ciento. “Es lógico hacer una recalibración del Presupuesto. Ahora estamos trabajando con la prórroga de la ley de 2021, actualizado hacia el 30 de junio de ese año. Y es obvio que cambian los valores porque hubo una inflación de alrededor de 50 por ciento a lo que hay que sumarle el escenario bélico y sus consecuencias”, explicaron a BAE Negocios desde el Ministerio de Economía.

Ese mismo escenario inflacionario y bélico es el que pondría en jaque algunas de las metas que sí son cuantificables, como por ejemplo el déficit fiscal (por más contabilidad creativa que se haga). “El anuncio del paquete de ayuda a los ingresos disparó la idea de que las metas no se van a cumplir y que habrá mayor emisión”, explicó a este diario Agustín D’Attelis, jefe de asesores de Leandro Santoro. A la política de ingresos habría que agregarle la cuestión energética.

Según el último informe de la Consultora Sarandí, las mayores erogaciones para jubilados, trabajadores informales, monotributistas, la ampliación de la tarjeta alimentar más los gastos extra en energía le demandarán al Estado un costo fiscal extra del 1,2% del PBI. Ante este escenario, la consultora que dirige el economista Sergio Chouza sostiene que, o bien se deberá pedir un waiver ante el Fondo, o se deberá aprobar el impuesto a la renta inesperada, con un potencial recaudatorio del 0,41% del PBI

“Se está trabajando pero entiendo que es una tarea delicada para que la cuestión pueda prosperar sin traspiés”, sostuvo un integrante del equipo económico. La normativa debería pasar varios escollos: el rechazo de las cúpulas empresariales y un trámite parlamentario en un Congreso bastante paralizado por la propia dinámica de la coyuntura política.

El mes pasado, el Banco Central vendió 7100 millones de dólares para importaciones. Para abril, el guarismo será bastante similar según señalaron desde la autoridad monetaria. “Vamos a llegar a fin de año muy exigidos”, reconocen desde la entidad que conduce Miguel Pesce.

Hace una semana, un grupo de empresarios pymes escuchó en boca de funcionarios del BCRA, a modo de sugerencia, que había que “bancar con las importaciones durante dos meses porque el esquema dólares estaba comprometido”.

“Tal como está dada la evolución actual de las Reservas del BCRA, llevará al incumplimiento de la meta, incluso con el dinero extra que llegó del FMI, y eso genera mucha expectativa de salto devaluatorio del tipo de cambio oficial”, concluyó D’Attelis.