Mientras que el Ejecutivo apura a designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces analizan pronunciarse sobre las decenas de causas que acumulan en contra del Ejecutivo, que incluyen reclamos provinciales por la quita de fondos y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Hasta ahora, observaron el enrede político desde lejos, pero puede haber un giro.

Con el avance de las negociaciones con los gobernadores, de cara a tratar la nueva Ley Bases antes del 25 de mayo, la definición que dejaron los jueces fue que están esperando que resuelva el Congreso. "Hay que darle una chance a la política. Si no resuelven estos temas en un plazo razonable, lo hará la Justicia", advirtió la semana pasada en el Rotary Club de Buenos Aires el presidente del Supremo, Horacio Rosatti.

Pero, este lunes, el presidente Javier Milei oficializó a través del Boletín Oficial la propuesta de Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla para que integren la Corte, poniendo en jaque la mayoría actual. Sumado a la turbulencia que produjo el quiebre de La Libertad Avanza, el escenario político se ve desfavorable para un pronto acuerdo.

Fuentes judiciales le dijeron a BAE Negocios que esperan que "en estos días" la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del DNU 70 "y algún expediente sobre los reclamos provinciales", que incluye la medida autosatisfactiva que pidió Chubut para el reembolso de préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y reclamos por el Fondo de Incentivo Docente de La Rioja y Misiones.

En total, son 30 los reclamos provinciales que llegaron al despacho de Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La mayoría ya tienen dictamen del Procurador y están a la espera de una sentencia de los jueces.

Ven posible un fallo de la Corte como respuesta a la propuesta de cubrir, no solamente la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, sino la que dejará Maqueda si se jubila en noviembre, pronto a cumplir sus 75 años. Necesitaría un nuevo acuerdo del Senado y la luz verde del Ejecutivo para continuar en su cargo.

De todos modos, la designación de los magistrados no será fácil. A partir de hoy se abre un período de 15 días para que se observen las presentaciones y luego las candidaturas deben votarse en el Senado con mayoría especial de dos tercios de los presentes cuando se trate el dictamen de comisión.

Eso, sumado a las controversias que generó en la política la postulación de Lijo, que ni la vicepresidenta Victoria Villarruel avaló. "Montoneros mató a Rucci y Lijo facilitó que la causa quede en un limbo eterno", le atribuyó en una entrevista televisiva, donde además reclamó que no la habían mantenido al tanto de la candidatura.

No es la única en el Senado que no ve con ojos de amor su postulación: Luis Juez (JxC) confesó que le dijo a Milei que no comparte la candidatura de Lijo. "No necesitamos un operador jurídico en la Corte", opinó el además integrante del Consejo de la Magistratura. La senadora Carmen Álvarez Rivero, también del PRO, adelantó que no lo apoyará: "No reúne los valores morales que requiere el cargo", dijo, e insistió con que debería ocuparlo una mujer -otra queja compartida en la controversia-.

Pero la necesidad de reestructurar el Poder Judicial lo antes posible viene de que Milei tiene la idea, según declaró recientemente, que Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz "han tomado una posición bastante poco amigable" sobre el DNU. Lo dijo en el marco de la conferencia AynRandCon 2024. Con sus casi cuatro años de mandato todavía pendientes, prioriza tener una Corte que lo abogue, así como busca un Congreso menos obstaculizador de cara a las elecciones del 2025.

En línea con lo que dijo Milei, del Ejecutivo se ven venir una resolución sobre el apartado laboral del DNU, y de allí que consideren dar lugar a las reformas propuestas por los radicales; sin embargo, no tienen previsto que irrumpan en las negociaciones por el acuerdo fiscal.

"No tenemos ningún motivo para pensar que algo como eso pueda pasar", le dijeron a este diario fuentes cercanas a Interior. Por su parte, de la Procuración reclaman que la Corte se expida sobre el conflicto con la coparticipación: "Ojalá estos días tengamos novedades", expresaron.

Hasta el momento, Rosatti dejó en claro que a los magistrados "no nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo” y se mostró a favor de esperar a que los conflictos "se resuelvan en el ámbito parlamentario". Sin embargo, advirtió: "Si no lo hace, lo resolveremos en un tiempo razonable".

La Corte no tiene un plazo para expedirse, pero si no lo hizo hasta ahora fue por tener los ojos en la nuca de los acuerdos con los distintos bloques. A pesar de que el Ejecutivo continúa avanzando en búsqueda de acuerdos con mandatarios que ya llevaron sus reclamos a la Jusitica -este martes el ministro Francos se volverá a reunir con los gobernadores del PRO-, el escenario se ve embarrado y la llegada de la Ley Bases todavía no tiene fecha de arribo.

"En algunos puntos siguen las diferencias", expresaron del Interior, en referencia al acuerdo fiscal. El objetivo es que sea tratado en comisiones el 17 de abril y en el recinto en Diputados, el 24 de mayo, pero la decisión no quedó fija todavía y, en cambio, continúan priorizando el armado de comisiones, que figura en la agenda toda la semana.