La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz plantearon por primera vez la posibilidad de negociar con el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira después de más de un mes de protestas. Ambas organizaciones encabezaron los bloqueos de rutas y hasta ahora exigían la renuncia del presidente.

El cambio de postura llega después de 36 días consecutivos de cortes en distintos puntos del país. Las protestas afectaron al menos seis de los nueve departamentos bolivianos, provocaron desabastecimiento, dificultades en el transporte y pérdidas económicas millonarias.

El desgaste después de más de un mes de protestas

El dirigente campesino David Mamani confirmó que la iniciativa será sometida a consulta de las bases para definir si avanzan hacia una mesa de negociación o mantienen las medidas de presión.

"Las organizaciones sociales sentimos el desgaste y el cansancio", afirmó. También condicionó cualquier acercamiento a la elaboración de una agenda nacional que permita evitar "errores institucionales, jurídicos y políticos".

El secretario de la COB, Claudio Choque, también respaldó la apertura de conversaciones. Reclamó un diálogo "sincero" y exigió que el Gobierno contemple las resoluciones aprobadas en cabildos sociales.

Además, pidió el cierre de los procesos judiciales contra manifestantes detenidos durante las protestas.

La Paz, el principal foco del conflicto

Bolivia acumula 36 días consecutivos de cortes de rutas en al menos seis de los nueve departamentos del país. El impacto más fuerte se concentró en La Paz, sede del Gobierno nacional, donde los accesos sufrieron interrupciones reiteradas.

Las consecuencias alcanzaron distintos aspectos de la vida cotidiana. El desabastecimiento de alimentos, el aumento de precios y las dificultades en el transporte por falta de combustible afectaron a miles de personas durante las últimas semanas.

La crisis también derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los incidentes dejaron heridos, daños en edificios públicos y ataques contra civiles.

Pérdidas millonarias

Los bloqueos provocaron un fuerte impacto económico. Distintas estimaciones ubicaron las pérdidas entre USD 1.600 millones y USD 2.000 millones.

Los sectores más afectados fueron el transporte, la industria y el comercio. Las restricciones sobre las principales rutas complicaron la circulación de mercaderías y profundizaron los problemas de abastecimiento en distintas regiones.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, consideró que la situación podría comenzar a normalizarse durante los próximos días incluso sin un acuerdo inmediato entre las partes. "La necesidad de la población de retomar sus actividades va a imponer una salida", afirmó.

Qué posición mantiene el Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no respondió públicamente a la propuesta de agenda impulsada por las organizaciones sociales.

Sin embargo, el Ejecutivo manifestó en distintas oportunidades su disposición a dialogar con sectores que presenten reclamos considerados "legítimos". Al mismo tiempo, rechazó negociar con grupos que promueven la renuncia presidencial.

En paralelo, la administración nacional impulsó un proyecto de ley destinado a regular los estados de excepción. La iniciativa busca otorgar herramientas legales para una eventual intervención militar orientada al restablecimiento del orden.

Las bases sindicales y campesinas tendrán la decisión final. La consulta determinará si los bloqueos continúan o si se abre una mesa de conversaciones con el Gobierno después de más de un mes de conflicto.