Una organización criminal nacida en las cárceles de Brasil se convirtió, en tres décadas, en una red transnacional que mueve cocaína desde Sudamérica hacia mercados de todo el mundo, diversificó negocios ilegales y ganó presencia en casi 30 países. Se trata del Primer Comando de la Capital (PCC), una estructura que combina disciplina interna, expansión territorial y bajo perfil operativo.

Una investigación de The Wall Street Journal reconstruyó ese recorrido y describió al grupo como una organización con unos 40.000 miembros entre presos y operadores en libertad. "El PCC se convirtió en un grupo verdaderamente transnacional", afirmó Lincoln Gakiya, fiscal de Brasil que sigue su expansión desde hace dos décadas. "Creo que ahora es la organización criminal de crecimiento más rápido del mundo".

De prisión marginal a estructura continental

El PCC nació en agosto de 1993 en la cárcel de máxima seguridad de Taubaté. Sus fundadores no buscaban entonces construir una red global, sino reclamar condiciones mínimas de detención, entre ellas higiene y camas, en un sistema penitenciario signado por el hacinamiento, la violencia y los abusos.

Con el paso del tiempo, aquella alianza entre ocho presos derivó en una maquinaria mucho más amplia. Según reconstruyó el WSJ, el endurecimiento de los controles penitenciarios y el traslado de internos a otras cárceles aceleraron la expansión del grupo dentro de Brasil, porque esas reubicaciones permitieron reproducir células en distintos puntos del país.

Desde entonces, el PCC consolidó un poder sostenido dentro y fuera de los penales. Según fiscales y autoridades brasileñas citadas en la investigación, la organización mantiene capacidad de mando tras las rejas y conserva influencia sobre la vida interna de las cárceles.

Un código interno y perfil empresario

Uno de los rasgos que distingue al PCC es su bajo perfil operativo. A diferencia de otros grupos narco de América latina, no construyó una identidad pública ruidosa ni hizo de la violencia espectacular una marca de poder. Su crecimiento se apoyó en una lógica empresarial, reglas internas rígidas y una estructura que combina disciplina, financiamiento y asesoramiento legal.

Ese organigrama incluye mandos superiores, un sector financiero, áreas jurídicas y divisiones nacionales e internacionales. También cuenta con una red de abogados conocida como la "brigada de corbatas", que cumple un papel central en la captación de presos y en la asistencia a los miembros de la organización.

La estructura, además, no depende de una figura única. Aunque su jefe histórico, Marcos Willians Herbas Camacho, "Marcola", está preso desde 1999, el PCC ya funciona sin necesidad de un liderazgo individual excluyente.

La cocaína, el negocio central

Aunque el grupo diversificó delitos, la cocaína sigue en el centro de su negocio. El PCC no produce la droga, pero buscó controlar rutas y asegurar compras a precios mayoristas en Colombia, Perú y Bolivia para llevar la mercadería hacia la costa atlántica y, desde allí, a distintos mercados internacionales, con Europa como uno de los principales destinos.

El avance sobre la Amazonia fue clave en ese proceso. Según autoridades citadas en la investigación, la organización mueve varias toneladas por mes a través de esa región, donde ríos, caminos y pistas aéreas improvisadas permiten conectar territorios remotos con grandes puertos brasileños.

La escala de ese tráfico coincide con un fenómeno más amplio. En la Unión Europea, las incautaciones de cocaína marcaron récord durante siete años consecutivos y llegaron a 419 toneladas en 2023, con Bélgica, España y Países Bajos entre los principales puntos de ingreso.

Para sostener ese flujo constante, el control territorial de zonas clave se volvió una pieza central de la estrategia.

Amazonia, reclutamiento y control local

La expansión hacia el norte de Brasil no solo respondió a una lógica geográfica. También implicó una forma de inserción territorial en comunidades donde el Estado casi no tiene presencia. En Urucurituba, una aldea amazónica de unas 500 familias, el hotelero Jeffesson Ribeiro describió esa transformación con una frase tajante: "Ahora estamos en manos de los narcotraficantes".

Otro trabajador local citado en el reportaje sostuvo que los traficantes antes actuaban a escondidas, pero que ahora "no le temen a nadie". Según esos testimonios, en esas zonas el grupo castiga robos menores, impone reglas propias y administra una suerte de justicia paralela local.

El avance también incluyó estrategias de captación menos visibles. De acuerdo con fiscales y funcionarios de seguridad citados en la investigación, miembros del PCC se hicieron pasar por pastores evangélicos o ministros religiosos para ganar confianza en regiones alejadas, reclutar integrantes y asegurar rutas hacia países productores de cocaína.

Lavado, negocios y convergencia criminal

El PCC no se limita al tráfico de drogas. Según fiscales y fuerzas de seguridad citados en la investigación, sus miembros participan en minería ilegal de oro, robo de cargas, ciberdelitos, tala, pesca ilegal, tráfico de personas y comercio de fauna exótica.

Las ganancias, además, se reciclan a través de múltiples canales. Las autoridades brasileñas señalaron estaciones de servicio, fintech, fondos inmobiliarios, concesionarias de autos, empresas constructoras y hasta iglesias como posibles vehículos de lavado. En el norte de Brasil, fiscales investigaron en 2023 una célula del PCC acusada de montar al menos siete iglesias para blanquear dinero narco.

La organización también construyó alianzas con otras redes delictivas. El reportaje menciona vínculos con la mafia italiana 'Ndrangheta, la Yakuza japonesa y bandas albanesas y serbias en África occidental. El fiscal Gakiya definió ese entramado como una "convergencia criminal".

EEUU, bajo la mira

El crecimiento del PCC ya encendió alarmas en EEUU. El Departamento del Tesoro sancionó al grupo en 2021 y en 2024 congeló los activos de Diego Gonçalves do Carmo, señalado como un operador que lavó unos USD 240 millones para la organización.

Las autoridades estadounidenses también identificaron personas vinculadas al PCC en estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Tennessee. En Massachusetts, además, la fiscalía acusó el año pasado a 18 brasileños a los que vinculó con el grupo en una causa por tráfico de armas de fuego y, en uno de los casos, fentanilo.

Al anunciar una de esas sanciones, el Tesoro de EEUU describió al PCC como "una de las organizaciones más significativas" del narcotráfico en América latina. La definición resumió un cambio de escala: lo que nació como una cofradía carcelaria en San Pablo hoy aparece, para fiscales e investigadores, como una red criminal con alcance global y capacidad de adaptación en casi cualquier territorio.