Ante las crecientes exigencias internacionales y, sobre todo, la presión ciudadana interna para que en Cuba se inicie un proceso de democratización, el Partido Comunista de Cuba (PCC) parece haber recurrido a su estrategia de supervivencia de siempre. Frente a las demandas de que se devuelva la soberanía al pueblo y se celebren elecciones libres en la isla caribeña, la respuesta del régimen se ha articulado a través de un libreto ya conocido: reformas económicas superficiales, gestos de aparente clemencia, la externalización permanente de la culpa y la búsqueda de actores internacionales que sean cómplices de su narrativa victimista.

En su intento por apaciguar el descontento y mostrar una cara de apertura ante la comunidad internacional (especialmente frente a las presiones de Estados Unidos), el gobierno ha vuelto a anunciar un paquete de medidas económicas. Sin embargo, esta "seudo-perestroika" no ha tenido eco ni de los empresarios cubano americanos ni en el Gobierno de los EEUU. Pues se trata de cambios económicos superficiales y repetitivos que ya han sido prometidos -y revertidos- en el pasado. Lejos de representar una apertura económica real que permita el libre mercado, la inversión privada independiente y la prosperidad ciudadana, estas medidas mantienen el control férreo del Estado sobre los sectores estratégicos, limitando el desarrollo a un sector no estatal estrechamente vigilado y, en muchas ocasiones, vinculado a las propias esferas de poder.

En el ámbito de los derechos humanos, el régimen ha intentado un lavado de imagen anunciando la liberación de 2.000 prisioneros. Sin embargo, este indulto masivo beneficia exclusivamente a presos comunes, dejando intacta la cifra de prisioneros de conciencia. Esta acción se produce en un momento de incremento de la represión. Las cárceles cubanas siguen albergando a cientos de presos políticos y ciudadanos cuyo único "delito" ha sido salir a las calles a manifestarse pacíficamente. La criminalización de la protesta social ha llegado a un punto en el que se imponen severas penas de cárcel a personas que simplemente demandan condiciones de vida dignas, exigiendo acceso continuo a servicios tan básicos como la electricidad, el agua potable y los alimentos. El motivo por detrás de la liberación de los presos comunes es que el régimen cubano no puede sostener económicamente los más de 90 mil presos que según World Prison Brief tiene Cuba, siendo una tasa de 794 presos por cada 100.000 habitantes, que ubica a la isla en el segundo lugar en el ranking mundial de mayor tasa de encarcelamiento, siendo superada únicamente por El Salvador.

Mientras el cubano de a pie perfecciona el arte de sobrevivir en la penumbra y con el plato vacío, el guión oficial de La Habana mantiene una salud envidiable: la culpa de todo -absolutamente de todo- es del "bloqueo". Es una respuesta tan inamovible como las propias centrales termoeléctricas del país, aunque con la diferencia de que el discurso sí funciona, mientras que las plantas llevan décadas pidiendo la jubilación.

Nadie niega que las sanciones pesen, pero el régimen padece una amnesia selectiva al omitir que su crisis energética es, en realidad, un monumento a la desidia y a la gestión creativa de la escasez. El pasado 30 de marzo se vivió un momento estelar de esta comedia de errores: un buque ruso cargado de crudo llegó a puerto como el salvavidas esperado. El problema es que, para sorpresa de nadie, los apagones continuaron. Resulta que, por más petróleo que envíen los aliados, la magia no ocurre si las termoeléctricas tienen más parches que tecnología y carecen del mantenimiento mínimo para procesar el combustible sin explotar en el intento.

Pero claro, la externalización de la culpa es un deporte nacional que cuenta con una hinchada internacional muy disciplinada. Entra en escena el Convoy Nuestra América, un grupo de más de 600 entusiastas del antiimperialismo que aterrizaron en la isla con 14 toneladas de ayuda y una brújula moral algo descalibrada.

En un despliegue de coherencia fascinante, estos "activistas de derechos humanos" de 30 países diferentes se reunieron con Miguel Díaz-Canel -el heredero designado por Raúl Castro que nunca tuvo que molestarse en ganar un voto popular-. Lo curioso es que, en su agenda de solidaridad, no hubo espacio para preguntar por los presos políticos ni para tomarse un café con los activistas cubanos que sufren la represión en carne propia. Al parecer, la "ayuda humanitaria" fluye mejor cuando se entrega directamente en el despacho del victimario, mientras se ignora a las víctimas en nombre de la lucha contra el vecino del norte.

Al final del día, el esquema es perfecto: el gobierno pone la excusa, los convoyes ponen el aplauso y el pueblo cubano, como siempre, pone el cuerpo.

La insistencia en aplicar el manual de siempre demuestra la reticencia de la cúpula gobernante a ceder el poder o permitir una transición política real. Promover cambios económicos de fachada, liberar presos comunes para generar titulares internacionales, culpar a Washington del colapso de los servicios básicos y buscar cómplices internacionales que aplaudan su narrativa no resuelve los problemas estructurales de la nación.

Mientras el gobierno se aferra a un relato que choca de frente con la dura realidad de los apagones y la escasez, la demanda ciudadana en las calles es cada vez más clara: la solución a la crisis sistémica de Cuba no pasa por barcos de petróleo puntuales ni por aperturas cosméticas, sino por un cambio profundo que le devuelva a la ciudadanía su capacidad de elegir libre y democráticamente su propio destino.

* La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro "Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba"