El Gobierno autorizó la instalación de tecnología que detecta teléfonos activos en zonas prohibidas a partir de los códigos IMEI e IMSI. Cuando un dispositivo se activa dentro de un penal, el sistema lo identifica y genera un reporte.

Con esos datos, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo a las empresas de telecomunicaciones. Las compañías deben validar la información y desactivar el equipo en un plazo máximo de 48 horas, lo que impide su uso en cualquier red.

A diferencia de los inhibidores tradicionales, la nueva tecnología no bloquea toda la señal. El objetivo es anular dispositivos específicos dentro de los penales y evitar interferencias en zonas cercanas.

Controles internos, monitoreo y aplicación de la medida

La medida también alcanza al personal autorizado. Se establecerán áreas externas donde agentes, abogados y funcionarios deberán dejar sus celulares antes de ingresar a sectores restringidos.

El procedimiento incluye monitoreo permanente desde centros de control, registro de equipos bloqueados y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento.

La Dirección Nacional de Tecnología de la Información será responsable de la implementación técnica, incluida la compra, instalación y mantenimiento del sistema. La aplicación será progresiva y requerirá seguimiento constante.

El objetivo oficial y el marco legal vigente

El Ministerio de Seguridad indicó que la iniciativa busca reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales que funcionan desde prisión. Investigaciones judiciales detectaron estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos originadas en cárceles.

El marco legal vigente permite a los detenidos mantener comunicaciones, pero prohíbe el uso de teléfonos móviles. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una herramienta más precisa para reforzar el control intramuros.