Detectan transferencias de más de $1.200 millones del gobierno de Santiago del Estero a una empresa ligada a Toviggino
El fiscal federal Pedro Simón detectó que Segon SRL, firma vinculada al tesorero de la AFA, recibió más de 50 transferencias provinciales en 2024 y sumó pagos de un municipio alineado con Zamora y de la propia AFA.
La investigación judicial que derivó en un pedido de detención contra Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, reveló el recorrido de fondos públicos que salieron desde el gobierno de Santiago del Estero hacia un entramado de empresas vinculadas al dirigente del fútbol.
Según el dictamen del fiscal federal Pedro Simón, una parte central de ese circuito se concentró en Segon SRL, una firma que en 2024 ganó una licitación para prestar el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el principal centro sanitario de la capital provincial.
En dos años, la empresa recibió más de $1.200 millones, según documentación bancaria y registros oficiales incorporados al expediente.
El informe judicial puso el foco en el flujo de dinero que salió de cuentas del Gobierno provincial encabezado desde hace dos décadas por Gerardo Zamora y terminó depositado en Segon SRL, que además recibió transferencias de un municipio alineado con el oficialismo provincial y de la propia AFA.
Más de 50 transferencias en un año
De acuerdo con el dictamen del fiscal Simón, durante 2024 se registraron más de 50 transferencias desde cuentas provinciales hacia Segon SRL.
El informe menciona un decreto publicado en el Boletín Oficial de Santiago del Estero el 5 de junio de 2024, que adjudicó a Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo por un plazo de 12 meses. El contrato establecía un monto de $380.160.000, aunque las transferencias detectadas comenzaron antes, en enero de 2024.
Según el dictamen, solo en 2024 el Gobierno provincial transfirió a la firma un total de $609.385.635,24, una cifra que excede el monto formal del contrato publicado.
Además, la empresa ya había recibido otra adjudicación a fines de 2023 para brindar seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y en el exHospital Zonal de esa ciudad. Ese dato no aparece en el dictamen, pero figura en registros oficiales.
Qué es Segon y por qué aparece vinculada a Toviggino
El dictamen señala que Segon SRL comenzó a facturar en 2022 con rubros como venta de combustibles, hotelería y sistemas de seguridad. Según el fiscal Simón, ese año facturó $45.547.600,76, y el Gobierno de Santiago del Estero concentró pagos por $33.233.000.
En 2024, la firma incorporó formalmente el rubro "servicios de seguridad e investigación", y en 2025 sumó actividades como pompas fúnebres, extracción de arenas y servicios de peluquería. Para los investigadores, esa diversificación refuerza la hipótesis de un esquema empresarial "multipropósito".
Sobre la estructura societaria, el fiscal remarcó que Segon SRL estuvo integrada inicialmente por Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaraz, quienes luego cedieron sus cuotas a SOMA SRL y a Orlando Martín López, un nombre que aparece repetidamente en sociedades bajo análisis.
El dinero entraba y salía en menos de 48 horas
Uno de los puntos centrales del dictamen es la dinámica de movimientos bancarios detectada en una cuenta de Segon SRL en el Banco de Santiago del Estero.
El fiscal explicó que los fondos ingresaban desde cuentas públicas y luego salían mediante transferencias rápidas, muchas veces en menos de 48 horas.
"El 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a otra cuenta de Segon SRL (misma titularidad)", sostuvo el fiscal, al señalar que la cuenta utilizada para recibir pagos funcionaba como un canal de tránsito.
Según Simón, ese mecanismo dificulta seguir el rastro del dinero porque desde esa cuenta no se registran pagos operativos típicos, como sueldos o gastos corrientes.
Fondos municipales y transferencias desde la AFA
El dictamen también detectó que Segon recibió dinero de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim, además de transferencias provenientes de la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fiscal incorporó estos datos en una reconstrucción más amplia para determinar si existió un circuito sistemático de desvío y lavado mediante empresas interconectadas.
El pedido de detención y la hipótesis de asociación ilícita
La causa, que se tramita en Santiago del Estero, incluye un pedido del fiscal para detener a Tapia y Toviggino. Ambos están acusados de haber liderado una presunta asociación ilícita desde 2018 para lavar dinero, con tres fuentes principales, según el dictamen:
- Una defraudación contra la AFA
- Evasión tributaria mediante facturación presuntamente apócrifa
- Maniobras vinculadas a divisas fuera del circuito oficial, como una bodega en Mendoza y un centro de estética vinculado a la pareja de Toviggino.
El fiscal sostuvo que el dinero circulaba entre empresas y luego se blanqueaba a través de compras de inmuebles, vehículos, viajes y emprendimientos comerciales, como una bodega en Mendoza y un centro de estética vinculado a la pareja de Toviggino.
Otras firmas bajo sospecha
El dictamen no se limita a Segon SRL. También menciona a la Mutual Acceda Ya, donde Toviggino ocupó un cargo jerárquico, que habría recibido entre 2024 y 2025 un total de $17.844.204,49 desde el Gobierno provincial y municipal.
Además, el fiscal citó información aportada por Naranja X sobre movimientos bancarios del excuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana, quien habría recibido acreditaciones superiores a $5.000.000 y las transfería de inmediato, muchas veces a cuentas de empleados provinciales.
Uno de los ejemplos consignados es el del 29 de diciembre de 2025, cuando ingresaron $5.900.000 a su cuenta y minutos después fueron transferidos a una empleada del Gobierno provincial.
Una causa con impacto político y judicial
En Santiago del Estero, el avance del expediente también abrió especulaciones sobre internas judiciales y disputas de poder. En el fuero local, algunos sectores interpretan el requerimiento fiscal como parte de una maniobra para consolidar la investigación en un ámbito considerado "terreno amigo".
Mientras tanto, el juez federal Sebastián Argibay deberá decidir si acepta el pedido de detención, indagatorias y allanamientos solicitados por el fiscal.
El expediente reúne pruebas bancarias, informes de organismos oficiales y registros societarios que, para la fiscalía, sostienen una hipótesis central: un circuito de fondos públicos y privados canalizado hacia empresas vinculadas al tesorero de la AFA, con movimientos acelerados que dificultan reconstruir el destino final del dinero.
