El Partido Justicialista (PJ) salió este sábado en defensa de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) luego de que la Justicia anulara las elecciones internas del gremio, desplazara a Abel Furlán y ordenara la intervención sindical por 180 días.

A través de un comunicado oficial, el espacio que preside Cristina Fernández de Kirchner denunció que la decisión judicial representa "una nueva y grave violación a la autonomía y a la democracia sindical".

"La democracia está amenazada por un gobierno autoritario y un Poder Judicial cómplice", sostuvo el PJ en el texto difundido tras el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El PJ vinculó el fallo con la política económica del Gobierno

El comunicado del peronismo nacional aseguró que la resolución judicial no puede separarse del contexto económico y laboral que atraviesa el país.

Según el PJ, la intervención de la UOM ocurre "junto a un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario".

El texto también cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo busca "restringir el derecho de huelga y perseguir a las organizaciones sindicales".

En otro tramo del documento, el partido advirtió que "Argentina avanza en sentido contrario" a las garantías laborales que se fortalecen en otros países.

El peronismo vinculó el caso con la situación judicial de Cristina Kirchner

El PJ también aprovechó el conflicto sindical para denunciar una supuesta persecución política y judicial.

"La persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados", afirmó el comunicado.

Y agregó: "Son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada".

El espacio hizo referencia indirecta a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien continúa al frente del PJ nacional pese a la condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad.

Qué resolvió la Justicia sobre la UOM

La decisión judicial surgió tras una presentación de la Lista Naranja de la seccional Campana, enfrentada a la conducción nacional del gremio.

En un fallo de nueve puntos, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González declararon la nulidad de las elecciones realizadas en la seccional Campana y también invalidaron los comicios nacionales de la UOM celebrados el 18 de marzo.

Los magistrados argumentaron que "no se conformó en debida forma el Colegio Electoral".

Además, dispusieron el "cese inmediato" de las autoridades nacionales y de la seccional Campana.

"La UOM está acéfala", sostuvo el fallo judicial al remarcar que los mandatos anteriores vencieron el 22 de marzo de 2026.

La resolución ordenó además la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días y designó como interventor a Alberto Biglieri.

Abel Furlán había sido reelecto con amplio respaldo interno

Furlán había logrado la reelección al frente de la UOM en marzo con el respaldo de representantes de 48 de las 53 seccionales del gremio.

Sin embargo, el proceso electoral quedó envuelto en denuncias y medidas cautelares.

Horas antes de la votación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido parcialmente el proceso ante un planteo presentado por Ángel Derosso, dirigente opositor vinculado a la seccional Campana.

La misma Sala VIII que intervino entonces fue la que finalmente avanzó ahora con la nulidad de los comicios y la intervención sindical.

El PJ apuntó contra uno de los jueces del fallo

El comunicado también cuestionó al juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII.

El PJ recordó que el magistrado continuó en funciones luego de haber cumplido 75 años gracias a un nuevo acuerdo impulsado por el Gobierno nacional.

"Hoy, un magistrado que recientemente fue beneficiado con la permanencia en el cargo por el gobierno de Javier Milei presta su firma para avanzar sobre el histórico sindicato de la UOM", afirmó el texto.

La disputa judicial y política por el control del gremio metalúrgico quedó así instalada como un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno, la Justicia y el sindicalismo peronista.