El juicio por la expropiación de YPF ingresó en una nueva fase. Después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York anulara la condena de primera instancia por US$16.000 millones contra la Argentina, Burford Capital activó una estrategia para trasladar el reclamo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen y financió la demanda, notificó su intención de insistir por otra vía. La maniobra no respondió solo a una decisión jurídica, también procuró proteger un activo golpeado por el revés en Estados Unidos, ya que sus acciones cayeron cerca de 40% tras el fallo favorable a la Argentina.

Con ese movimiento, la controversia dejó de quedar atada solo al expediente estadounidense y pasó a un terreno distinto, con reglas propias, mayor reserva y antecedentes muy adversos para el país en arbitrajes internacionales.

Qué cambió en Nueva York

La Cámara de Apelaciones revisó la decisión de la jueza Loretta Preska y anuló la sentencia que había condenado a la Argentina por la forma en que avanzó la estatización de YPF en 2012. El tribunal de alzada consideró que la magistrada había interpretado de manera incorrecta la normativa argentina y ordenó revisar sus conclusiones, lo que desarmó la condena económica que pesaba sobre el país.

Ese giro alivió al Gobierno, pero no clausuró la pelea. Los demandantes Petersen y Eton Park, con financiamiento de Burford, avisaron que redoblarán la ofensiva con una revisión adicional en Estados Unidos y, en paralelo, con un nuevo litigio ante el CIADI.

Por qué aparece el CIADI

La nueva jugada toma como base el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y España en 1991. Burford intentará usar ese acuerdo para llevar la controversia al CIADI con documentación obtenida durante la etapa de discovery en Nueva York.

Ese recorrido cuenta con un antecedente directo en YPF. Tras la expropiación, Repsol, la petrolera española que controlaba YPF antes de la estatización, acudió al mismo tribunal con apoyo en ese tratado y la controversia cerró en 2014 con un acuerdo de compensación por US$5.000 millones, lo que evitó una condena arbitral definitiva.

Especialistas en derecho internacional sostienen que Burford procura repetir una lógica similar: apoyarse en el tratado con España para reabrir la discusión en un foro que ya intervino en conflictos vinculados con la petrolera.

Qué cambia si el caso entra en el tribunal arbitral

El traslado al CIADI supondría una mudanza completa de escenario. El expediente saldría de la órbita de la justicia federal estadounidense e ingresaría a un sistema arbitral bajo el paraguas del Banco Mundial, con menos exposición pública y plazos mucho más largos.

A diferencia de los tribunales de Estados Unidos, ese foro limita con fuerza el acceso a la información del caso. Los detalles del proceso quedarían mucho más resguardados y el contenido central solo aparecería con definiciones posteriores. Esa reserva agregaría dificultad política y jurídica para medir el avance real de la disputa.

Por otra parte, esta vía no fija plazos de prescripción equivalentes a los del expediente neoyorquino, lo que habilita una discusión sobre hechos ocurridos hace más de una década. A su vez, los antecedentes muestran procesos larguísimos: varias controversias arbitrales contra la Argentina tardaron más de una década en resolverse entre apelaciones, negociaciones y problemas de ejecución.

El punto débil para Burford y la defensa argentina

El Gobierno nacional define una línea de respuesta. La defensa buscará cuestionar la jurisdicción del CIADI con un argumento central: los beneficiarios finales de Petersen serían argentinos y las sociedades españolas involucradas carecerían de una estructura operativa real, por lo que habrían funcionado como simples vehículos societarios.

Burford compró los derechos de litigio de Petersen por €15,1 millones, un dato que la defensa argentina intentará usar junto con la estructura societaria del caso para impugnar la competencia del tribunal arbitral. Ese punto puede resultar decisivo, porque el fondo necesita anclar el reclamo en la condición española de esas firmas para invocar el tratado bilateral. Sin esa base, el nuevo frente perdería sustento.

La última ficha en Estados Unidos

Mientras impulsa el camino arbitral, el fondo todavía conserva una carta más en Nueva York. Burford, y eventualmente Eton Park, tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisión ante el pleno de la Cámara de Apelaciones. Si fracasan, el último recurso será el pedido de certiorari, es decir, la solicitud para que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte revisar el caso.

De todos modos, esa ruta aparece cuesta arriba. La Corte selecciona una porción mínima de los casos que llegan a su mesa y suele priorizar expedientes con implicancias directas en el derecho federal estadounidense. Por eso, especialistas legales consideran esa alternativa como poco probable.

Por qué el CIADI inquieta a la Argentina

El eventual desembarco en el tribunal arbitral devuelve un terreno históricamente adverso para el país. Desde comienzos de los años 2000, la Argentina concentró una gran cantidad de demandas ante ese organismo. Hacia 2025 acumulaba 65 casos, con uno de los peores registros del mundo y una tasa de derrotas cercana al 86% en expedientes resueltos.

Además, Argentina y Venezuela concentran cerca de un tercio de los reclamos iniciados contra América Latina y el Caribe, lo que expone el peso que tuvo el CIADI en la historia reciente de las disputas contra el Estado argentino.

Ese saldo explica la preocupación oficial. El país acumula laudos adversos por más de US$10.000 millones y, aunque esas decisiones no se ejecutan de manera automática, los beneficiarios pueden acudir luego a tribunales nacionales para pedir reconocimiento del crédito y avanzar con embargos si el Estado no paga.

El escenario que se abre

La victoria parcial en Nueva York fortaleció la posición argentina, pero no clausuró el expediente. El conflicto adoptó otra forma y ahora combina dos planos: el intento de Burford por sostener el reclamo en Estados Unidos y la apuesta a trasladarlo a un foro arbitral donde la Argentina carga con antecedentes muy negativos.

Para el Gobierno, el desafío ahora será doble: consolidar el alivio judicial que obtuvo en Nueva York y preparar, al mismo tiempo, una defensa sólida frente a un arbitraje internacional que podría reinstalar cifras multimillonarias.