El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido de Claudio "Chiqui" Tapia para obtener una autorización amplia que le permitiera salir del país durante 60 días sin precisar de antemano destino, motivo ni duración de cada viaje. La solicitud había sido presentada en el marco de la causa en la que el presidente de la AFA está imputado por presuntas irregularidades tributarias.

Un pedido sin precisiones

La defensa de Tapia solicitó un permiso general a partir del 20 de marzo de 2026, con el argumento de que su actividad institucional requiere viajes frecuentes y, en muchos casos, imprevistos. Sostuvo que el sistema de autorizaciones puntuales genera demoras y una carga administrativa innecesaria.

El planteo invocó el derecho constitucional a circular y aseguró que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. También destacó el arraigo del dirigente y su comportamiento procesal, al señalar que se presentó a derecho y cumplió con las obligaciones impuestas.

Sin embargo, el magistrado consideró que la solicitud carecía de elementos concretos. Señaló la falta de un itinerario definido, la ausencia de motivos específicos para los viajes y la presentación de documentación que no acreditaba urgencia ni necesidad.

Antecedentes y control judicial

Amarante remarcó que el pedido difería de autorizaciones previas, que habían sido concedidas para viajes puntuales y con condiciones precisas. En ese marco, valoró antecedentes en la conducta procesal del imputado.

El fallo también dejó constancia de que la Fiscalía no se opuso al pedido y consideró posible una autorización en los términos solicitados, siempre que se articulara con medidas de sujeción al proceso adecuadas. Aun así, el magistrado resolvió rechazar la solicitud en función de los antecedentes del caso y las condiciones en que fue formulada.

El fallo menciona que en una ocasión anterior Tapia intentó modificar de manera unilateral el itinerario autorizado mientras se encontraba en el exterior. Esa conducta fue considerada como un incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal.

También recordó un pedido de viaje a Venezuela que había sido rechazado, en el que detectó inconsistencias en la documentación presentada y sostuvo que, a la luz de hechos posteriores de público conocimiento, el traslado habría respondido a un objetivo distinto del informado ante el tribunal.

A partir de esos elementos, el magistrado concluyó que una autorización genérica debilitaría el control judicial y afectaría la sujeción del imputado al proceso. También rechazó el argumento de arraigo laboral invocado por la defensa: en su declaración indagatoria, Tapia había informado que en 2024 estuvo 141 días fuera del país y 139 en 2025. El juez señaló que esa ausencia no había sido un impedimento para el ejercicio de sus cargos, por lo que no se desprendía de allí la conclusión que la defensa pretendía. Como dato adicional, el fallo destacó que Tapia percibe aproximadamente $19.000.000 mensuales por su cargo público, y calificó como "inusual" que quien ocupa esa función pase más de un tercio del año en el exterior atendiendo otras actividades.

Documentación cuestionada

El tribunal evaluó las constancias aportadas por la defensa para justificar el pedido y las consideró insuficientes. Entre los documentos apareció una invitación a la "Finalissima" fechada el 7 de enero de 2026. El juez señaló que la defensa contaba con ese elemento desde hacía más de dos meses y lo presentó recién ahora, además de que el encuentro ya había sido suspendido al momento del pedido.

También observó demoras en la presentación de invitaciones a otros compromisos y la inclusión de itinerarios correspondientes a viajes ya autorizados, sin valor para respaldar un nuevo permiso.

El juez sostuvo que la agenda presentada tenía carácter conjetural y no permitía sustituir el sistema de control individual por una autorización abierta.

La negativa del magistrado no quedó aislada de ese análisis documental: se inscribe en una causa penal económica que investiga presuntas irregularidades tributarias atribuidas a la conducción de la AFA por más de $19.300 millones.

La causa y los montos bajo investigación

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, están imputados por la presunta omisión del pago de aportes previsionales y retenciones impositivas vinculadas a jugadores y empleados.

Según la denuncia inicial, el monto involucrado ascendía a $7.593.903.512,23. Luego, una ampliación elevó la cifra a $11.759.643.331,62. En conjunto, la investigación supera los $19.300 millones.

El expediente se originó a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también incluyó sospechas sobre facturación apócrifa y la posible existencia de proveedores inexistentes.