La causa por presunta evasión impositiva en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una etapa decisiva. Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino apelaron sus procesamientos y el expediente quedará ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver si confirma las imputaciones y habilita el camino hacia el juicio oral.

Las presentaciones alcanzaron también a otros tres dirigentes: el gerente general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco. Todos habían sido procesados por el juez Diego Amarante por apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada.

Los cargos y el monto bajo análisis

El núcleo del expediente gira sobre una deuda de $19.300 millones en impuestos y aportes retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la resolución judicial, esos fondos no se depositaron en tiempo y forma pese a que la AFA contaba con liquidez suficiente.

Amarante sostuvo en su fallo que se encuentra acreditada "la participación dolosa" de los cinco dirigentes, en función de sus roles dentro de la estructura administrativa de la entidad. En el caso de Tapia, el juez remarcó su condición de titular de las cuentas bancarias y su acceso a la clave fiscal de la AFA.

El procesamiento atribuyó 34 hechos vinculados a tributos y 17 relacionados con aportes previsionales. Además, dispuso embargos por $350 millones para Tapia y Toviggino y mantuvo la prohibición de salida del país, que la Cámara en lo Penal Económico confirmó la semana pasada como una medida "razonable".

La estrategia de las defensas

Las defensas plantearon que la deuda se encuentra regularizada, en parte cancelada -con intereses- y en parte incluida en planes de pago. También argumentaron que existen resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que limitan la ejecución de deudas fiscales contra asociaciones civiles, lo que -según su postura- impediría avanzar con reclamos judiciales en este contexto.

En paralelo, la defensa de Toviggino sumó un planteo adicional: recusó al juez Amarante y pidió su apartamiento por supuesta "enemistad manifiesta". Tapia, en cambio, se limitó a apelar el procesamiento y no acompañó ese pedido, en una estrategia distinta dentro de las defensas.

La Cámara y el escenario de juicio

El expediente será revisado por la Cámara en lo Penal Económico, integrada actualmente por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. El tribunal funciona con una dotación reducida mientras el Gobierno envió al Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para cubrir vacantes.

La Cámara ya intervino en el caso al confirmar la restricción para que Tapia y Toviggino salgan del país sin autorización.

La decisión que adopte tendrá impacto directo en el futuro del proceso. Si confirma los procesamientos, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, siempre que el juez de primera instancia considere cerrada la etapa de investigación.

Aun en ese escenario, las defensas podrán recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, el tribunal debe resolver otro planteo pendiente: un pedido de sobreseimiento presentado por los acusados, que sostienen que no existió delito.

Viajes autorizados bajo control judicial

En medio de las restricciones vigentes, Amarante autorizó a Tapia a realizar tres viajes al exterior: a Luque (Paraguay) entre el 8 y 9 de abril, a Quito (Ecuador) del 23 al 26 y a Vancouver (Canadá) entre el 29 de abril y el 1° de mayo.

Las salidas responden a compromisos institucionales con la CONMEBOL y la FIFA. El juez estableció que cualquier modificación de las condiciones fijadas implicará la revocación inmediata del permiso y la ejecución de la caución.

El expediente avanza ahora hacia una definición técnica que excede lo administrativo y se instala en el terreno penal: la Cámara deberá determinar si las irregularidades detectadas constituyen delito o si las defensas logran revertir los procesamientos.