En poco más de un año, Estados Unidos ha transformado su política hacia Cuba en una sucesión de medidas administrativas cada vez más personalizadas. Lo que comenzó en julio de 2025 con la restricción de visas a tres altos cargos terminó, a comienzos de junio de 2026, con el congelamiento de cuentas y bienes del propio presidente, su familia y el círculo de los Castro para estrangular los activos de la élite gobernante y cortar los lazos económicos del régimen con el exterior. El régimen, lejos de moderarse, ha respondido elevando el tono confrontativo y reforzando una narrativa de soberanía amenazada que utiliza para legitimar su control interno.

La administración estadounidense hacia La Habana ha buscado asfixiar económicamente y presionar diplomáticamente para forzar a la familia Castro a sentarse a negociar y dejar el poder tras sesenta y siete años y así poder facilitar el inicio de la transición democrática en Cuba. Este asedio administrativo iniciado por la orden ejecutiva 14404 del presidente Trump de 1 de mayo de 2026 no solo busca asfixiar los recursos del conglomerado militar que controla la economía de la isla, sino que ha generado una reacción simétrica dentro de Cuba: a mayor presión externa, el Palacio de la Revolución responde con un recrudecimiento de la represión interna y una retórica de trinchera ideológica.

La ofensiva comenzó formalmente el 11 de julio de 2025, cuando el Departamento de Estado, bajo la gestión del secretario Marco Rubio, impuso restricciones de visado (bajo la Sección 7031c) directamente a Miguel Díaz-Canel. Esta medida impidió el ingreso a territorio estadounidense del mandatario, de su ministro de Defensa (Álvaro López Miera) y del ministro del Interior (Lázaro Alberto Álvarez Casas, responsables de la ola represiva de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 que terminó con más de mil presos políticos, además de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la persecución de la oposición. Sin embargo, los golpes más severos a la estructura del poder cubano se han consolidado en los últimas semanas entre mayo y junio, con el bloqueo de activos y redes familiares: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dio un paso inédito al incluir en su "Lista de Nacionales Especialmente Designados" no solo a Díaz-Canel, sino a su círculo íntimo: su esposa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta. La medida congeló cualquier cuenta, bien o interés financiero bajo jurisdicción estadounidense y prohibió de forma tajante transacciones de empresas norteamericanas con ellos. El cerco financiero alcanzó también al linaje histórico de la revolución. Fueron sancionados el hijo y el nieto de Raúl Castro: Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, inmovilizando sus recursos e infligiendo un daño directo a las finanzas del entorno familiar de la vieja guardia.

Esta orden ejecutiva 14404 de la Casa Blanca puso la mira sobre GAESA, el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, que según estimaciones públicas recientes del Departamento de Estado, "es probable que los ingresos de GAESA superen en más de tres veces el presupuesto del Estado, y que GAESA controle hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos". Como consecuencia fulminante de esta medida, el 2 de junio un banco extranjero (encargado de procesar internacionalmente los pagos de las tarjetas que se usaban en la isla) suspendió su alianza con la entidad cubana FINCIMEX, provocando que las tarjetas Visa y Mastercard que a partir del 6 de junio hayan dejado de operar en Cuba. Esto ha aislado financieramente a la isla de los ingresos por turismo y transacciones internacionales convencionales.

A medida que Washington congela cuentas también procesa penalmente al general del ejército (cargo de por vida) Raúl Castro Ruz. El Departamento de Justicia anunció el 20 de mayo cargos penales contra el nonagenario dirigente militar, ex presidente de Cuba y otros funcionarios por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La fecha elegida -aniversario de la proclamación de la República en 1902- no fue casual, ni tampoco el lugar -la Torre de la Libertad en Miami-.

Como respuesta el régimen convirtió el cumpleaños 95 de Raúl Castro en un acto político de respuesta directa a la presión de Washington en el Teatro Karl Marx de La Habana -el mismo escenario donde Fidel hizo su última aparición pública en 2016-.. El público era en su mayoría de oficiales y altos mandos militares, dirigentes del Partido Comunista y miembros de su familia y la ceremonia coincidió además con el 65º aniversario del Ministerio del Interior (que es el principal órgano represor del régimen). La movilización del 1° de Mayo en el cual el canciller Bruno Rodríguez resumió la postura con un "no nos dejamos amedrentar" y los actos de respaldo a Raúl Castro cuando Díaz Canel afirmó que "Raúl es Cuba" dando entender que lo defenderán como defender al régimen hasta las últimas consecuencias se leen, como demostraciones de la narrativa "resistir la arremetida imperial" y de cohesión dirigidas tanto a Washington como a la propia población.

Ante la falta de liquidez y el temor a un estallido social debido al colapso energético y de suministros, el aparato de seguridad del Estado ha encrudecido la vigilancia comunitaria y la persecución penal contra disidentes, periodistas independientes y ciudadanos que expresan su descontento en las redes sociales. El régimen utiliza el ahogo financiero de Washington para justificar la escasez absoluta y criminalizar cualquier protesta interna bajo la etiqueta de "mercenarismo" o "alta traición". Fiel al manual de retórica revolucionaria, la cúpula cubana ha desempolvado su lenguaje más beligerante para posicionarse como una víctima herida pero desafiante ante el "imperialismo".

Por su parte, el discurso oficial del régimen -reproducido por figuras de la nomenclatura como Mariela Castro a través de las organizaciones de masas y el aparato cultural- insiste en que las medidas buscan el "colapso total de la nación" mediante una "guerra económica prolongada y despiadada".

Esta dialéctica de trinchera le permite al gobierno cubano desviar la atención de sus propias reformas económicas fallidas. Mientras tanto, la postura oficial de la Casa Blanca es lapidaria; al ser consultada sobre si estas sanciones buscan acelerar el fin del régimen castrista, la respuesta fue tajante: Cuba, debido a la gestión de su cúpula, "en cierto modo ya colapsó".

* Presidente de Cultura Democrática y autora del libro "Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba"