Existe un amplio consenso entre los diversos actores económicos, técnicos, y académicos de nuestro país, acerca de que el tipo de cambio competitivo necesario para la producción y comercialización de manufacturas no es el mismo que requieren los bienes agropecuarios, y dentro de éstos últimos, los que provienen, específicamente, de la Pampa Húmeda.

Esta situación ha generado una constante dicotómica (industria vs. campo), que es necesario resolver si deseamos implementar un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS) con orientación a la producción.

En este marco, y ante la necesaria implementación de los Derechos de Exportación (DE), una ley de arrendamientos sobre la pampa húmeda es indispensable, ya que permitirá que el productor mantenga inalterable su rentabilidad, y consiga, una equilibrada distribución de las Rentas Extraordinarias (RE), originadas en las tierras “elegidas por Dios”.

El “Grito de Alcorta" del año 1912, las movilizaciones y medidas de fuerza llevadas adelante por productores arrendatarios, en pos de una rebaja en los cánones de los alquileres, funge como antecedente de una profusa discusión sobre el precio de los arrendamientos en la Pampa Húmeda, determinando la sanción de diversas leyes a partir de 1921, y encontrando la mejor composición de derechos y obligaciones con la Ley 13.246, que luego de las reformas de 1980, dejó de ajustarse al espíritu del legislador originario.

Para remediar dicha situación, sólo una norma de orden público que propenda al bienestar general será la piedra angular sobre la que se edificará un ordenamiento jurídico consistente con las necesidades de la Patria.

Una ley con cuerpo y alma

 

La nueva ley de arrendamientos rurales se enmarca en los postulados constitucionales que instruyen a "mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales", como indica el artículo 75 de la Constitución Nacional.

En esta línea, la nueva normativa creará las Cámaras Paritarias de Conciliación Obligatoria con jurisdicción territorial delimitada por región, y competencia exclusiva en materia agraria.

Además, contendrá parámetros para determinar la fijación del precio del alquiler de la tierra por lo cual, las Cámaras señaladas, a pedido de cualquiera de las partes interesadas y con relación al caso planteado, entenderán también en la posible variabilidad de los precios del arrendamiento.

Asimismo, se implementará un fuero especial para el avenimiento de las partes, donde se puedan dirimir los posibles conflictos entre las contratantes.

 

Determinación del precio del arrendamiento

La tierra, en tanto factor fijo de la producción, tiene las características de ser

  • inamovible,
  • no amortizable e,
  • ilíquida (o de más difícil realización).

En el mediano plazo, sus precios de alquiler tienden a incrementarse en la Pampa Húmeda, pari passu se amplía la frontera agrícola hacia terrenos de menor productividad relativa.

Su retribución es una renta pasiva, puesto que quien percibe el arrendamiento cede el uso y el goce, pero sin trabajar, con lo cual dicho pago debería asimilarse a lo percibido por colocaciones líquidas (plazos fijos) en los mercados internacionales.

En este contexto podemos colegir, que un estipendio justo y razonable debería ser el 0,75% del valor de una hectárea (ha), por cosecha. A su vez, se adicionará una Renta Plus (RP), por el movimiento positivo del precio del valor producto en el mercado internacional, respondiendo a la siguiente fórmula:

Alquiler por cosecha/Ha = 0,75% del valor de la tierra x (1+ corrector)

Donde el corrector se obtiene a partir de la evolución de los precios de los productos relevantes.

Los propietarios originales de la tierra pueden tomar dos decisiones sobre este patrimonio:

  • retirarse del negocio vendiéndola a precios de mercado, o
  • mantenerse como rentistas y recibir un bono soberano que recompense “cierto esfuerzo” realizado en aras del bien común.

Este es el espíritu de la ley, y se encuentra comprendida en los principios y valores que señala su Santidad el papa Francisco:

  • producir más, y
  • distribuir mejor sobre conjunto social,

motivado ello en la firme convicción de proteger los derechos esenciales de las personas humanas para su progreso material y espiritual, garantizando a su vez, la implementación de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS) con orientación a la producción.

* Lic. Guillermo Moreno, Lic. Oscar Carreras, Dra. María Belén Cionci y Dr. Gastón Bres


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