Posicionarnos ante el mundo con recursos económicos estratégicos que producen valor agregado local, la preindustrialización de materias primas y la generación de divisas es uno de los caminos para la reconstrucción argentina.

Por eso el tema de los biocombustibles se instala en la agenda como una política de Estado que puede tener muchas ventajas: impacto global positivo, ser una alternativa al aumento de precio del petróleo, y en paralelo a las críticas por el impacto ambiental que genera su uso, ser protagonistas en el desarrollo de combustibles sustentables. Además sostener y aumentar el empleo, y por tratarse de uno de los rubros agroindustriales con mayor captación de inversiones, podemos pensar en un modelo virtuoso entre campo-industria, generando valor agregado exportable de alta calidad y creciente demanda mundial.

Dentro de esta realidad, la Argentina tiene una política de promoción de energía alternativa basada en los biocombustibles y no podemos admitir demoras en su plan de ejecución, aunque sí debemos adaptarlo y mejorarlo.

Con la sanción de la ley de biocombustibles 26.093 en el año 2006, se estableció adicionar un 5% de bioetanol a las naftas y otorgar beneficios fiscales de hasta 15 años a quienes se orientaran a su producción. También se aprobó la ley 23.334/08 y sendas resoluciones acerca de las condiciones de producción y comercialización de bioetanol, confirmándose que la agroindustria azucarera localizada en el norte del país haría el suministro a las petroleras.

En el caso puntual de la producción de etanol, la incorporación de valor agregado a la cadena agroindustrial de la caña implica la generación de un efecto derrame hacia las empresas proveedoras de insumos, las distribuidoras de alcohol y el resto de industrias conexas.

Tras 15 años de la sanción de la ley 26.903, podemos afirmar con certeza que la política del bioetanol ha sido exitosa. Como ejemplo, se destaca que la producción de alcohol de la molienda 2020 se ubicó en los 540.000 m3, un volumen muy importante teniendo en cuenta dos factores que afectaron al bioetanol: la caída de la demanda de combustibles por la pandemia y el largo período de congelamiento de su precio. La industria logró atender adecuadamente las demandas tanto del deshidratado para la mezcla con naftas, como del hidratado para afrontar la pandemia.

Una de las principales contribuciones del bioetanol de caña de azúcar es el sostenimiento de aproximadamente 60.500 empleos directos y 156.000 indirectos en el NOA, lo que constituye al sector azucarero/alcoholero como el principal empleador privado de la región.

Desde 2006 se han concretado inversiones estimadas en U$S 3000 millones, traducidas en 54 plantas industriales localizadas en 10 provincias, que agregaron valor a la materia prima allí donde se produce, en zonas de baja o media industrialización.

La política del bioetanol permitió la diversificación productiva de la caña de azúcar, agregándose a ella la participación en el mercado de los combustibles líquidos, con un producto renovable, además del azúcar, papeles, alcohol y demás derivados.

El régimen de promoción establecido en la ley 26.903 por 15 años se encuentra próximo a vencer. El Senado de la Nación aprobó su prórroga por unanimidad, pero dicha media sanción aún se encuentra pendiente de ratificación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación.

Si bien este proyecto no se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias requerido por el Poder Ejecutivo Nacional, aún tenemos unos meses para debatir la prórroga, incluso iniciado el período ordinario de sesiones donde debemos simultáneamente trabajar en un horizonte de desarrollo de los biocombustibles de acá a 15 años nuevamente, lo que habilitará nuevas inversiones, producción, empleo y otros beneficios a largo plazo.

En tal sentido, y en mi carácter de diputada nacional por la provincia de Jujuy, he presentado distintos proyectos para una nueva ley de biocombustibles con el objetivo de privilegiar el uso de caña de azúcar en reemplazo de combustibles fósiles, optimizar la promoción de los biocombustibles en el país y dinamizar nuestras economías regionales, que en particular resulta clave para el NOA.

Pero además de todos estos beneficios, implica una fuente genuina de divisas, lo que tanto necesitamos en Argentina: sólo en el año 2019 el bioetanol sustituyó importaciones de naftas por U$S 521 millones y el biodiesel ha realizado exportaciones por U$S 900 millones, es decir, un total de U$S 1421 millones.

Cuidado ambiental

En cuanto al cuidado ambiental, el país asumió compromisos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y los biocombustibles ayudan a ese fin. El Protocolo de Kioto (2005) y el Acuerdo de París, ratificado por la ONU (2016), aprobados por las leyes nacionales 27.270 y 27.520, imponen el cuidado ambiental como una cuestión central, directamente relacionada con el cuidado de la salud de la población, y es precisamente esa la razón por la cual muchos países del mundo vienen apoyando a los biocombustibles.

Destacamos las políticas de apoyo al sector productivo en general, y en particular al sector de biocombustibles por parte del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, quien dispuso medidas que permiten a las empresas del sector mejorar la difícil situación económica que están transitando. Por eso insistimos en la necesidad de prorrogar una ley que vence en mayo, más allá de las mejoras o adecuaciones legislativas que se puedan trabajar más adelante.

Si bien es muy importante que el país aproveche los recursos fósiles disponibles en Vaca Muerta, también es clave que aproveche todos los recursos disponibles en la “vaca viva” que representa toda la geografía nacional, privilegiada para la generación de bioenergía. No se trata de una cosa o la otra. Se trata de potenciar de la manera más inteligente –en beneficio del país, y no de un sector–, los beneficios económicos, energéticos, socio-territoriales y ambientales, que también significan un mayor cuidado de la salud pública.

El mundo entero está hoy yendo en el camino del estímulo a los biocombustibles que la Argentina empezó en 2006. Esta oportunidad que supimos aprovechar nos pone en condición de capitalizar el futuro.

(*) Diputada nacional por el Frente de Todos jujeño