-Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo.

El mexicano Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, soltó la amenaza la semana pasada, en una de las últimas reuniones virtuales que mantuvo por Zoom con representantes de los fondos acreedores el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue cuando el Palacio de Hacienda ya había redactado pero aún mantenía bajo siete llaves la propuesta que ayer anunció el Gobierno y que hoy llegará a la Securities and Exchange Comission (SEC) en Nueva York, con una quita del 5% sobre el capital, del 62% sobre los intereses y tres años de gracia.

Dos funcionarios de Economía que también tenían sus ventanitas de Zoom abiertas tomaron nota textual de la bravuconada y esa misma noche Guzmán le contó el episodio a Alberto Fernández. Fue entonces cuando el Presidente se decidió a convocar para el anuncio a los gobernadores, especialmente a los opositores, y también al jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El objetivo era aventar la expectativa de algunosacreedores de reeditar la apuesta ganadora de Paul Singer en 2015 contra el peronismo.

Rodríguez Larreta lo supo desde un principio y aceptó. También el radical Gustavo Valdés, uno de los que expresó su apoyo más enfáticamente al salir de Olivos. Massa jamás pensó en negarse, en pleno idilio con el kirchnerismo y con Fernández. Pero que él estuviera presente fue un pedido especial de Guzmán, que considera que el líder renovador es consultado con demasiada frecuencia por lobistas y enviados de Wall Street.

El de Blackrock no fue el único que intentó amedrentar a Guzmán. Un enviado de un fondo más chico pero que tiene en cartera un stock importante de los bonos emitidos en el canje de 2005 (los denominados "exchange bondholders") lo comparó con Yanis Varoufakis, el ministro de Economía que designó la coalición izquierdista Syriza en Grecia apenas asumió Alexis Tsipras. "Vimos otro ministro con ideas parecidas a las tuyas. Con otros modales, sí. Pero parecido a vos. Mirá que él se fue, vino otro y nosotros salimos ganando", le espetó, también por videoconferencia. "Lo que nos tienen que mostrar es un sacrificio que duela", completó, por si no se había entendido el mensaje.

Los acreedores, según las fuentes directas de la negociación que pudo consultar BAE Negocios tanto en Buenos Aires como en Nueva York, no llegaron a digerir el volantazo que pegó el Fondo Monetario cuando dos meses atrás publicó su análisis de sustentabilidad de la deuda (DSA, por sus siglas en inglés) y recomendó una "quita significativa" sobre los USD 67.000 millones que ahora se renegociarán. Hasta entonces, a los negociadores argentinos les pedían que acompañaran sus propuestas de repago con algún gesto de apoyo -o al menos aval- del Fondo. Inmediatamente después, pasaron a despreciarlo. "El FMI ya cambió una, dos, varias veces. El DSA lo hizo el staff, no el board. Y al staff lo podemos cambiar todas las veces que queramos", lo ninguneó otro de los yuppies más atrevidos.

Propios y extraños

El respaldo opositor para la propuesta a los acreedores extranjeros que consiguió Fernández no significa que haya alineado a todo el mundo detrás de su estrategia para administrar la deuda que heredó de Mauricio Macri. De hecho, a la hora de definir qué hacer con los acreedores bajo ley local no logró siquiera consenso en su equipo económico. Hasta el lunes pasado -cuando intercedió en persona para ordenar a la tropa- había escarceos respecto de qué ofrecerles a esos acreedores, especialmente entre Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

La interna tiene como trasfondo la masiva emisión de pesos que forzó la crisis y que convirtió a marzo en el mes de mayor expansión monetaria de la historia argentina. Es lo que está haciendo toda la región y todo el planeta, pero la cuestión es hasta dónde hacerlo y a quiénes darle esos pesos para no fogonear la inflación ni la suba de las cotizaciones paralelas del dólar. Ahí, aunque sin romper relaciones, Pesce y Guzmán se acusaban mutuamente de querer beneficiar a bancos y a grandes inversores.

El jefe del Banco Central advirtió primero a Olivos que si el Tesoro no dejaba de pagar también los bonos de la deuda bajo ley local, la autoridad monetaria se vería expuesta a imprimir todavía más pesos para pagarles a los fondos de inversión locales que no quisieran refinanciar los vencimientos. Hasta ahora se pagaron 150 mil millones pero hasta fin de año restan vencer bonos por otros 700 mil millones en poder de privados. "¿Y si no quieren renovarlos qué hacemos? ¿Les damos esos pesos a ellos y no a los gobernadores ahogados que vienen a pedirnos ayuda?", dijeron desde Reconquista 266.

Aunque con Pesce son amigos de siempre y a Guzmán apenas lo conoció el año pasado, Fernández laudó a favor del ministro. El jefe de Hacienda lo convenció de que los vencimientos en pesos se refinanciarán y que no conviene lastimar a los fondos que probablemente sean los únicos dispuestos a financiar al Tesoro durante el resto de su mandato, especialmente después de una propuesta como la anunciada ayer. También sugirió que el Central achique más rápidamente la bola de LELIQs, que hasta ahora se comprimió en un tercio del volumen heredado. Solo para pagar intereses de LELIQs, recordaron en Economía, se emiten unos 50 mil millones de pesos al mes. La incógnita es si los protagonistas de ese mercado de deuda local que procura cuidar

Guzmán estarán dispuestos a seguir prestándole al Tesoro. Son los mismos agentes de bolsa que se tiraron de cabeza a vender dólares "contado con liqui" esta semana y llevaron la cotización arriba de los $100. Y los mismos inversores pequeños o medianos que acudieron a ese refugio cuando vieron que los bancos bajaban la tasa de interés de plazos fijos del 35 al 22% anual en una semana. Una reacción completamente lógica, por otra parte, y que a la postre se probó correcta.

Tachín tachín

¿Qué pasará con la economía el día después de la cuarentena? A esta altura todo pronóstico parece ciencia ficción, pero solo los economistas que pasan más tiempo en sets de TV que frente a sus planillas de Excel parecen incluir un escenario de hiperinflación en sus proyecciones. Desde Martín Rapetti hasta Rodolfo Santángelo, desde Emmanuel Álvarez Agis hasta Marina Dal Poggetto, todos advierten que la crisis será dura pero que la emisión de pesos no disparará un espiral de precios. Básicamente porque la demanda no acompañará y porque la economía no está indexada como cada vez que se produjo un episodio así. Lo que sí se sabe es que el fisco saldrá de la cuarentena con un agujero fiscal importante, que Álvarez Agis estimó en 260 mil millones de pesos solo por las medidas de contención anunciadas hasta ahora, sin contar un segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que ya estudian en la ANSES. Y que ese agujero no se va a poder financiar íntegramente con emisión, en un contexto en el que la recaudación de los gobiernos provinciales también se desploma.

El impuesto a las grandes fortunas o "impuesto Forbes", como ya lo llaman en Olivos, aparece en ese contexto como un salvavidas fiscal pero también político, en medio de una cuarentena que golpea mucho más severamente a las clases medias y medias-bajas que a la cima de la pirámide. El primer ejercicio que hizo Fernanda Vallejos estimó que podría recaudar USD 3.800 millones, afectando a apenas 15.000 contribuyentes de alto patrimonio. Para Carlos Melconian son "dos mangos con veinte", pero alcanzaría a cubrir, por ejemplo, cuatro meses de IFE para 8 millones de personas.

Recién hoy, después de presentar la oferta a los acreedores, el equipo de Guzmán se pondrá a sacar más cuentas sobre el impuesto que también debaten en Estados Unidos y en España. Todavía no está definido el hecho imponible, los pisos ni las alícuotas. Pero aunque no haya proyecto, el lobby contra el impuesto ya se desplegó. Llegó incluso a Olivos, donde el Presidente charló un rato a solas con David Uriburu, el enviado de Paolo Rocca (Techint) a la cita de la semana pasada con varias cámaras empresarias, entre ellas la UIA.

Techint volvió a desafiar ayer el decreto antidespidos del Gobierno con la suspensión de 5 mil operarios propios y otros 5 mil tercerizados en TerniumSiderar, la exSOMISA. Ya le había torcido el brazo al Presidente al echar a 1.450 obreros de su constructora. Son grandes cantidades de gente, y también la moneda de cambio que Rocca suele agitar luego en negociaciones clave. Lo aprendió no sin dolor el kirchnerismo, encuadernados mediante.

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Alejandro Bercovich

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