Estamos asistiendo a un cambio de paradigma con la incorporación de compromisos concretos en materia de Administración Tributaria profundizando acciones y procedimientos de gestión donde las jurisdicciones actúen en forma coordinada con los organismos como la COMARB, la AFIP y los Ministerios Nacionales.

Tiempos pasados

En agosto de 1993 se firmó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, conocido como Pacto Fiscal II. El acuerdo entre Nación y las provincias versaba sobre la derogación de tributos, exenciones en actividades específicas y contenía medidas en consonancia a la mirada económica prevaleciente en esos años.

Aún se puede leer entre los compromisos asumidos por las partes el "Propender a la privatización (...), a la concesión de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias y a la liquidación de las empresas (...) cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias".

Asimismo, el documento también contempla "Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral" y el "Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados".

Ese pacto fue prorrogado durante la década de los noventa. Luego existieron otros acuerdos, como el del año 1999 llamado Compromiso Federal, que contemplaba la financiación a provincias y también la eventual modificación a la Ley de Coparticipación.

Tiempo después, luego de la crisis de 2001, se firma el "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", donde nuevamente la modificación de la coparticipación está presente, y en este caso en particular la renegociación de las deudas públicas provinciales.

Si bien este último punto fue el más relevante, entre los compromisos figura por primera vez, aunque tangencialmente, un aspecto clave de la administración tributaria: "La definición de pautas que permitan alcanzar una simplificación y armonización del sistema impositivo de todos los niveles de gobierno". 

Los años recientes

Si hacemos un salto en el tiempo nos encontramos con el "Acuerdo para un nuevo Federalismo" de mayo del 2016, y meses después la "Carta Intención" entre los entonces Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda y las provincias, por el "fortalecimiento del Federalismo", de agosto de 2016. En ellas se resalta el deseo de: "fortalecer, generar, modernizar" sin que haya menciones concretas que apunten a efectivas políticas relativas a una mejora en la administración tributaria.

En efecto, en el Consenso Fiscal 2017 (aplicable al año 2018), salvo una mención breve a la modernización del Estado, prácticamente todo está referido a, en definitiva, cifras: montos, alícuotas o bases imponibles. No hay allí, ni en las prórrogas, compromisos sobre procedimientos.

Estos consensos mencionados permitieron cambiar la distribución de recursos a las provincias, como lo puntualizara un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) de marzo de 2019 se tituló: "Buenos Aires y CABA recibieron el 73% del aumento de las Transferencias automáticas a provincias entre 2015 y 2018". 

Es preciso mencionar que esto sucedió, a la vez, en un contexto de importantes reformas de impuestos nacionales, algunas regresivas (como la extraña baja del impuesto a los bienes personales), otras simplemente incongruas (el establecimiento de derechos de exportación a los servicios digitales, donde el hecho imponible es imposible de cuantificar).

Los principios que motivaron la reforma fiscal de ese entonces aún se pueden rastrear en el documento oficial llamado justamente "Reforma Tributaria de 2017". En las primeras hojas se encuentra un apartado de "Principios Económicos Generales", que básicamente replica cualquier manual de Economía de un estudiante de nivel medio.

De hecho, se presenta un gráfico de oferta y demanda, con la aplicación de un impuesto específico y un impuesto ad-valorem y la siguiente cita: "El equilibrio del mercado (punto A) surge de la intersección entre la demanda (D) y oferta (O) y se caracteriza por el precio B y cantidad C. El efecto de un impuesto se puede ilustrar con un desplazamiento de la oferta o de la demanda." Resulta palmario entonces que en la reforma de 2017 primó un criterio limitado a confiar en que el mercado haría bien su trabajo, como todos sabemos los resultados no fueros los esperados.

El Consenso Fiscal 2021

Con una mirada superadora, el Consenso Fiscal 2021 se refiere a acuerdos de acciones colectivas, conservando autonomías y potestades de cada nivel de gobierno.

No es el objetivo de esta nota replicar lo sustancial del documento, pero sí queremos señalar que por primera vez el contenido de un acuerdo de este tipo habla de compromisos concretos en materia de administración tributaria: procedimientos, sistemas de registro, declaración y pago de obligaciones, regímenes, simplificación y coordinación tributaria, entre otros. ¿Cómo? Mediante la adhesión de los inscriptos en el Convenio Multilateral al Padrón Federal – Registro Único Tributario (RUT); por medio de la adhesión de las jurisdicciones provinciales faltantes y CABA al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC); haciendo efectivos los mecanismos de devolución automática o compensación de Ingresos Brutos a contribuyentes (locales o de Convenio Multilateral) con saldos a favor; profundizando el intercambio de información entre agencias; comprometiéndose las jurisdicciones a respetar los límites territoriales de la potestad tributaria adecuándose a las pautas que fijen los organismos del Convenio Multilateral; entre muchas otras.

Palabras finales

Este nuevo consenso imprime sin lugar a dudas un verdadero cambio de paradigma, ya que se trata no solo de alícuotas o tasas, sino también de formas de gestionar, de maneras de entender los impuestos, de modernizar y simplificar los trámites a los contribuyentes. El peor impuesto es aquel que no puede pagarse, y por ende, recaudarse.

Es fundamental entonces que las jurisdicciones actúen en forma coordinada con los organismos como la COMARB, la AFIP y los Ministerios Nacionales, como el consenso fiscal 2021 propone. La recaudación nominal no debe ser el único fin de las administraciones tributarias; si el impuesto es fácil de pagar, lo recaudado inevitablemente va a subir, y así poder afrontar los gastos que los estados nacionales y provinciales deben asegurar para brindar servicios a sus ciudadanos. 

*Luis María Capellano: Contador Público. Mg. en Derecho Tributario (U. AUSTRAL)
**Marcos Finn: Economista (UBA), Mg. en Sociología (UNSAM)