Los desafíos que enfrenta la economía argentina no son fáciles de resolver. Y mucho menos en un contexto internacional tan complejo. Y aunque es pronto para balances, aparece una primera enseñanza que marca el camino por el cual debería avanzarse, tratando de evitar los cantos de sirena que acríticamente invitan a abordar las crisis buscando complacer a "los mercados", recomendando una agenda desregulatoria, de apertura y ajuste, que una y otra vez ha acentuado los problemas de nuestro subdesarrollo.

La experiencia de la exitosa reestructuración de la deuda enseña, en tal sentido, la importancia de haber recuperado grados de libertad para tornar viable la recuperación del crecimiento, al despejar significativamente el horizonte cercano de compromisos de pagos externos. Sin embargo, esa ventana de tiempo de poco sirve si no se logra avanzar en la remoción de los problemas estructurales asociados al patrón de especialización y a la fuga de capitales doméstica.

El riesgo es concebir que la reestructuración, por su propio peso específico, sea capaz de anclar las expectativas y dar vuelta el "mercado". A pesar de sus estrepitosos fracasos recientes, desde la visión liberal algunos continúan sosteniendo que existe una combinación desregulación cambiaria, tasa de interés y reducción del gasto público tal que, invocando al "hada de la confianza", daría como resultado un arreglo de expectativas que haría que los inversores sustituyeran demanda por oferta de dólares.

Sin embargo, y como analizamos tantas veces, la cuestión de la dolarización argentina obedece a un largo camino transitado por la apertura financiera, la desregulación, las crisis y el fomento explícito a la compra de dólares en diversas etapas de la vida económica. Basta solo recordar que estuvo vigente una rígida Convertibilidad durante casi 10 años.

El punto es que solo con la confianza no alcanza. El bimontearismo es un dato estructural de la economía argentina y la política económica tiene la posibilidad de administrar estas tensiones, con el objetivo de cuidar el empleo y fomentar el desarrollo.

Las alternativas de flexibilización del mercado cambiario, suba de tasas de interés o la vuelta al endeudamiento externo para financiar transitoriamente la salida de divisas, presentadas como soluciones mágicas por el coro de economistas del establishment no son más que atajos facilistas que no han funcionado para salir del dilema estructural del bi-monetarismo argentino.

En las próximas semanas se abre el segundo capítulo en el proceso de reestructuración de la insostenible deuda heredada de la gestión anterior con el FMI. En efecto, el Gobierno recibe la visita de los equipos técnicos del Fondo, en una misión de carácter informal. El acuerdo stand-by que firmó el gobierno anterior está suspendido, lo que implica, en términos burocráticos, que es necesario empezar a armar un nuevo acuerdo.

El mes pasado se envió una carta en la que el Gobierno solicitó formalmente el inicio de conversaciones. Aún no se conocen detalles sobre ningún aspecto de las negociaciones, ni el formato del nuevo acuerdo, las condicionalidades, los plazos, o el monto.

Lo esperable es que se busque refinanciar vencimientos más allá de 2023, y algunas señales en este sentido se dieron en el Proyecto de Presupuesto 2021. Cuando se realizan cálculos sobre las necesidades de financiamiento del próximo año en el detalle de fuentes y aplicaciones financieras, se hacen explícitos supuestos sobre la posibilidad de refinanciar todos los vencimientos en dólares con organismos internacionales, incluyendo el Fondo.

Argentina no es un país más para el FMI. En términos de su cartera de acreedores, nuestro país representa el 32% del total de la cartera de deudores del organismo. Muy lejos siguen en importancia Egipto con el 12%, Ucrania (que tiene una oficina de representación permanente del FMI en su país monitoreando la situación) con el 8%, Pakistán con el 6%, Grecia con el 5% (a pesar de la relevancia del FMI en el programa, la parte mayoritaria de la deuda griega es con el Banco Central Europeo y los gobiernos de la Unión Europea), Sudáfrica con el 3% y Ecuador con el 2%. El resto está compuesto por un número muy variado de 85 países, ninguno con peso significativo y muchos de ellos con líneas especiales de crédito para países menos desarrollados.

Además, el FMI es el principal acreedor argentino, con un pasivo de 44.900 millones de dólares, equivalente al 14% del total de la deuda total del Gobierno Nacional. Y no se le puede hacer quita. Las obligaciones frente al Fondo para el año próximo son administrables. Los vencimientos de capital para 2021 son solo de 3.600 millones de dólares; recién en 2022 siguen los vencimientos más significativos, con 18.300 millones en 2022 y 18.500 en 2023. Todo ello otorga una ventana temporal mayor de la que se tuvo con los bonistas privados, que debería ser aprovechada. De tal modo, no hay urgencia por tener que firmar un nuevo acuerdo en el corto plazo. Resulta central iniciar la negociación con un programa diseñado por el Gobierno y enfocado en recuperar el crecimiento. Y para poder cumplir con esa tarea deben existir márgenes fiscales lógicos.

Ese espíritu quedó reflejado en las proyecciones presupuestarias, donde se constata que el sector público continuará ejercitando un rol central en la promoción del crecimiento y la mejora en la distribución del ingreso.