El presidente Alberto Fernández decidió ponerle el cuerpo a la negociación con el Fondo Monetario que, como el propio Gobierno aclaró en reiteradas ocasiones, apunta a renegociar plazos y montos y atarlos a las posibilidades de pago del país a medida que la economía vaya recuperándose tras el estrepitoso derrumbe del 2020 que fue del casi 10% de acuerdo al INDEC, el más pronunciado de todos los países del G-20, muchos de los cuales estarían en la agenda presidencial. En mayo visitaría España, Italia, Francia y Portugal.

En la Cancillería no confirmaron ni desmintieron el viaje y advirtieron que lo maneja directamente Presidencia. Allí ya tendrían confirmados dos encuentros claves: uno con el primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, y otro con el premier italiano, Mario Draghi. Otras fuentes gubernamentales no descartaron la posibilidad, incluso de que este viaje que sería en principio de 5 días se extienda hacia los Estados Unidos.

El Presidente Fernández apuntaría a reunirse en persona con funcionarios de primera línea del FMI, pero las mismas fuentes ataron esta posibilidad a que haya una reunión bilateral agendada con el presidente estadounidense, Joe Biden, cosa que hasta el momento no estaría cerrada. El peso de los EE. UU en el directorio del FMI es decisivo porque es el más influyente en el board; sin embargo, las posturas de las naciones europeas son también claves para acelerar o no un acuerdo con la Argentina.

El Presidente quiere hacer valer la firma de un acuerdo por un monto inusual y en un tiempo veloz otorgado por el organismo internacional de crédito a su antecesor, Mauricio Macri, quien desde la perspectiva del Gobierno ya dejó la economía en recesión cuando aterrizó la pandemia de este lado del mapa. Claro que, más allá de que en el interior del FMI haya en curso una auditoría sobre este punto solicitada por la actual timonel Kristalina Georgieva que, en realidad, investiga la gestión de quien la presidió, Christine Lagarde, las líneas técnicas del organismo se caracterizan por moverse bastante poco del metro y medio que les compete. Además, para otorgarle a la Argentina plazos extremadamente largos debería reformular su estatuto, lo que asoma como una misión imposible.

El Presidente apunta a lograr un paraguas hasta las elecciones para cerrar, tras los resultados en las urnas, la letra definitiva. Es una gestión que el propio Presidente ya conoce porque le tocaron las minuciosas conversaciones con el FMI cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, quien obtuvo un acuerdo similar. Claro, ahora el mundo está en pandemia, pero además los montos a renegociar son muchos más voluminosos y los indicadores sociales locales más alarmantes. Para lograr su objetivo, el Presidente deberá convencer a sus interlocutores no sólo de que ganará las elecciones legislativas el oficialismo, sino que tendrá un plan económico para hacer crecer el PBI nacional, el empleo, bajar la inflación y reducir el gasto sin ahorcar a los argentinos. A juzgar por las encuestas que maneja el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo menos dificultoso sería lo primero. Con todo el Presidente deberá convencer también sobre algo que en el círculo mismo de la coalición de Gobierno a veces hay dudas: que el Gobierno tiene cohesión y que no habrá declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras él esté buscando convencer a quienes dudan.

En su gira, cualquiera fueran los destinos finales, habrá preguntas sobre los dichos de la vicepresidenta en torno al FMI mientras Alberto Fernández explicaba en simultáneo por zoom vocación de honrar los pagos. También sobre el plan de vacunación en el país. Por si fuera poco, el Presidente debería dar detalles sobre el plan económico antiinflacionario sobre el que, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, habría dejado dudas en la reciente visita que él mismo realizó por esos mismos destinos con el mismo objetivo. Guzmán, por ahora, está “guardado” aunque no tiene tarea pequeña por resolver: por estos días debería ponerle el número a la suba de las tarifas de la luz y del gas en el AMBA que deberían comenzará a regir desde abril y mayo, respectivamente de acuerdo a lo que se estableció en las audiencias públicas que ya se realizaron. Las empresas pidieron 28% y 15%, respectivamente. En las distribuidoras, coincidieron en que aún “no tenemos nada” y tampoco los habrían convocado los técnicos del área.

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Alejandra Gallo

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