En la semana en que el presidente Alberto Fernández trazó la frontera de los "miserables" dentro del sector privado, en alusión a quienes priorizan obtener una tajada mayor en medio de la crisis de la pandemia que a nivel mundial será la más importante después de la Segunda Guerra Mundial, se aceleraron las maniobras de trabajo en equipo entre sector privado y público. "¿Cómo está todo hoy?", es la pregunta más frecuente que reciben muchos empresarios desde temprano todos los días por parte, entre otros, del mismísmo ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de líneas técnicas que secundan al titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Monitorean, según confiaron fuentes privadas, las normativas que va sacando el Gobierno para garantizar fundamentalmente el suministro de alimentos pero también para detectar casi en tiempo real las eventuales dificultades de logística que pudieran surgir. Reconocen desde la cámaras alimenticias nucleadas en COPAL, los productores avícolas de Ciccra y la Unión Industrial.

El monitoreo de los funcionarios no es aleatorio; sobre todo en materia de alimentos empiezan a surgir cuestiones insólitas que no tienen antecedentes y que se deben específicamente a lo que ocurre en el mundo con el Covid-19. Por ejemplo, hay exportaciones que están suspendidas de la noche a la mañana por la Unión Europea, Israel y Chile y eso implicó que casi una docena de frigoríficos locales cerraran, complicando aún más la oferta de carne. En el mercado interno hay faltantes y suba de precios. Acá, nuevamente, se asoma un frente de tensión entre el Gobierno y el campo, que ya realizó un paro de comercialización antes de la pandemia y por ahora dejó en stand by la pelea por las retenciones. Fuentes oficiales no descartan que cuando se levante la cuarentena haya precios de referencia para la carne y sus derivados. Los ganaderos ya avisaron que medidas de este tipo no gustan porque las asocian a las tomadas en su momento por el ex secretario Guillermo Moreno, las que -desde la visión del campo- terminaron con el 20% del stock ganadero.

En fin, hasta ahora el trabajo conjunto público-privado no se interrumpió y se venía haciendo intensamente hace más de una semana para abrir, en parte, la actividad de los bancos y pagarle a jubilados, beneficiarios de planes sociales pero también para que haya clearing bancario y las empresas pudieran hacer depósitos. Hablando de bancos, se transitan horas de fuertes definiciones en el Banco Central. El vértigo de la crisis, cuyo pico aún no llegó ni en el sentido sanitario ni económico, deja poco margen al debate y mete presión en la gestión que requiere maniobras extraordinarias. El titular del BCRA, Miguel Pesce, tiene la opción de echar mano a un recurso excepcional de la Carta Orgánica para tomar decisiones (o al menos algunas) sin contar con la aprobación mayoritaria del directorio.

Claro, en el BCRA no hay DNU que valga como en el Poder Ejecutivo y al no tener todas las sillas del directorio un mismo color político, los debates entre oficialistas y opositores podrían demorar decisiones que, desde la perspectiva del timonel del BCRA, no deberían ser demoradas. Sin duda, son cuestiones vinculadas con la emisión, la base monetaria, déficit fiscal y normativas bancarias que en otros países del mundo ya comenzaron a flexibilizarse por el embate del coronavirus en la economía. Ocurre, claro, que Argentina tiene sus propias particularidades en tiempo de pandemia. Esta vez, nada que ver con las negociaciones en el frente externo por la deuda sino con desequilibrios domésticos. Se sabe: cuánto más laxa la soga en materia de emisión más combustible futuro para la inflación, que el año pasado orilló el 54% anual, siendo la más alta de los últimos 28 años. Se trata de una regla macroeconómica muy atendible, pero no en este momento; en todo caso eso sí sería materia de debate cuando pase el temblor.

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Alejandra Gallo

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