Como las almas gemelas en la leyenda oriental, que transitan toda su vida atadas por un hilo rojo imperceptible, los destinos de la Afganistán devastada por décadas de guerra y de la Argentina cascoteada por sus recurrentes crisis aparecen marcados como nunca por lo dispuesto en apenas un kilómetro cuadrado de Washington DC. Más específicamente en la recta imaginaria que alinea las sedes del Tesoro, la Casa Blanca y el Fondo Monetario.

No es casual que el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden haya invertido todo lo que va de agosto en velar por los intereses de su país en dos territorios tan distantes y distintos entre sí. En apenas una semana, el influyente Jake Sullivan pasó de intentar palpar personalmente la magnitud de la debacle en Buenos Aires a justificar ante la opinión pública global la retirada de la OTAN de Kabul. La gran pregunta es hasta dónde pueden converger esos intereses estadounidenses en Argentina con la pretensión oficial de crecer dos años seguidos al 8% o más y recuperar lo perdido no solo con la pandemia sino también con el sudden stop macrista.

La negociación con el Fondo Monetario, a grandes rasgos, ya está cerrada desde hace dos meses. Los últimos avances los trajo Sergio Massa de Washington, donde negoció en secreto con el Nº2 de Kristalina Georgieva, Geoffrey Okamoto, y con segundas líneas del Tesoro que hasta ese momento no habían abierto aún el diálogo con Martín Guzmán. En el equipo económico confirmaron a BAE Negocios que la última oferta del organismo es un programa de Facilidades Extendidas que incluye refinanciación de la deuda a 10 años con cuatro de gracia, eliminación de la sobretasa de interés para países hiperendeudados y una cláusula pari passu que establece que, si el Fondo modifica sus estatutos y habilita programas a plazos mayores, el firmado se extendería automáticamente. El borrador también establece un “sendero de convergencia fiscal” que apunta al déficit cero en 2025.

A la hora de explicar por qué no se cerró el acuerdo para evitar turbulencias financieras preelectorales si la decisión es acordar igual después de noviembre, las versiones divergen. En Casa Rosada y en Economía argumentan que fue Cristina Fernández de Kirchner quien exigió aplazarlo para después de las elecciones por lo impopular que habría sido defender en el parlamento los compromisos que deberá asumir el Gobierno en materia de gasto público y regulaciones estatales. En el Congreso, en cambio, apuntan hacia Guzmán: “El que lo demora es él, para durar, porque sabe que esto se cierra y él se va”.

Del otro lado la decisión es de Estados Unidos, amo y señor del directorio con su 16,5% de las acciones y su poder de veto para decisiones clave, como la reforma estatutaria en marcha que habilitaría programas hasta a 30 años de plazo. Según el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, amigo íntimo del Presidente y antiguo vecino de Massa en el barrio Isla del Sol en Rincón de Milberg, Biden está dispuesto a ceder más que en otro contexto porque necesita recuperar el terreno que cedió Donald Trump en América latina. Y también porque la región le ofrece cada vez menos interlocutores confiables y estables. La propia crisis migratoria norteamericana no es ajena a la cuestión: los exiliados afganos no llegan al río Bravo pero los salvadoreños, los colombianos y los peruanos sí, y de a miles por día.

Ajustados, listos ¡ya!

Si el staff del Fondo no opone resistencia a un pacto como el que ofrece Biden es porque considera que el ajuste fiscal ya está hecho. Lo reconocen con algo de vergüenza en el gabinete económico y hasta los popes del Frente. Lo denuncia el informe que publicó esta semana el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA que conduce Hugo Yasky, candidato oficialista a renovar su banca en noviembre. Sin nadie que saliera a la calle para recordarle que le estaba fallando, como él mismo pidió al asumir, Alberto Fernández recortó el déficit primario del Sector Público Nacional (ingresos menos gastos sin contar intereses) del 7,4% del PBI en el primer semestre de 2020 al 1,1% del PBI entre enero y junio de este año. Si su idea era revertir el gasto extraordinario que generó la pandemia, se pasó de largo: el déficit primario “casi cero” del primer semestre es inferior al de los primeros semestres de 2016 (-2,7%), 2017 (-2.7%) y 2018 (-1,5%).

Otra exigencia habitual del staff del FMI a quienes le piden ayuda es que “apaguen la maquinita”. Pero contra lo que podría pensar un televidente sobreexpuesto a Javier Milei, el Banco Central también hizo votos de cautela después de la asistencia récord al Tesoro del año pasado. Entre la inflación y la aspiradora de pesos que encendió Miguel Pesce, el circulante en los primeros 7 meses de 2021 fue un 3,8% inferior en términos reales al del mismo lapso de 2019. Tan seca había dejado a la Argentina la cláusula draconiana de emisión cero que introdujo Christine Lagarde a pedido de Nicolás Dujovne que hoy todavía circulan en términos reales menos pesos que en 2004, con una economía 38% más grande, como también destacaron en el estudio de CIFRA los economistas Daniela Calvo y Pablo Manzanelli.

Las divergencias en el Frente de Todos aparecen porque mientras algunos proponen firmar ya con el Fondo e intentar despegar desde ahí, otros (y otras) discuten que sea un punto de partida aceptable. Y ahí aparece la cuenta que sacó Juan Grabois después de la gigantesca movilización de San Cayetano: que el Estado podría pagarle un salario básico universal equivalente a un tercio del salario mínimo a 9 millones de personas (un universo parecido al del IFE) con un costo bruto del 2,5% del PBI, que se reduce al 1,1% del PBI si se descuenta el incremento de recaudación que generaría.

La tuya está

Los proyectos para establecer de uno u otro modo una renta universal (hay otro de Claudio Lozano) ya están en los escritorios de todos los miembros del equipo económico. “Se está discutiendo cómo podría hacerse, pero es difícil que salga este año. Por no decir imposible”, dijo ayer a BAE Negocios uno de ellos. En el debate claro también talla la puja territorial entre La Cámpora y los Cayetanos.

Es un tironeo por la caja que, pandemia mediante, va a plasmarse en tres discusiones a la vez: la negociación con el Fondo, la campaña electoral y el Presupuesto 2022. Y que se va a superponer a su vez con el debate de cuatro leyes que el FMI avala y que también comprometen recursos fiscales a largo plazo por los beneficios que ofrecen a las empresas que inviertan: la Ley de Hidrocarburos, la de Agroindustria, la de incentivo a la producción de autos y la de Movilidad Sustentable.

El proyecto de ley de Hidrocarburos, que terminó de negociar anteayer el neuquino Darío Martínez, llevó meses de negociaciones. Empezó con la propuesta de Guillermo Nielsen, descartada por “menemismo explícito” porque permitía a las petroleras disponer en el exterior de todos los dólares que generaran por exportaciones en un fideicomiso. Después apareció un borrador que redactó Matías Kulfas junto al gerente de CAMMESA, Esteban Kiper, y otro del interventor del ENARGAS, Federico Bernal. El texto definitivo institucionaliza el PlanGasAr, que garantiza a las petroleras un precio sostén estatal para el gas. También concede a las que trabajan en yacimientos maduros un incentivo para que sostengan su producción, algo que generó cortocircuitos en las últimas semanas porque las compañías pedían que se tome como base un 40% menos de su producción actual y Martínez se plantó en el 10%.

El mundo de los negocios se mueve muy atento a esa cinchada por los recursos. A veces es más cuestión de reglas que se impuestos, como ocurre con la Ley de Etiquetado Frontal, que acaba de obtener dictamen para ser tratada en Diputados y que advertiría a la población si un alimento tiene demasiado azúcar o demasiada grasa. Días atrás, el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, intentó un último recurso para frenarla: hablar con Massa. La respuesta, amarga, le llegó a través de la secretaria del jefe de Diputados: “Dice que hablen con De Mendiguren”. Justo el hombre al que vetaron de la conducción de la UIA el propio Funes de Rioja y Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techint, recién sobreseído por haber sobornado a Roberto Baratta bajo un novedoso “estado de necesidad”.

Es lógico que los movimientos sociales pidan pista ante tal danza de millones. Porque para las emergencias, algo de plata siempre aparece. Como en Garbarino, donde el Estado ya lleva invertidos el Estado 870 millones de pesos entre ATP y Repro. El naufragio de la familia fundadora empezó antes a la pandemia y no consiguió revertirlo el escurridizo asegurador sanlorencista “Charly” Rosales. Hace poco les dijo a sus casi 3 mil empleados tener una oferta firme de quienes le compraron Supercanal a José Luis Manzano y Daniel Vila por el triple de lo que le pagaron a Marcelo Mindlin para quedarse con Edenor. No la tenía.

Lo de las emergencias, en definitiva, es lo mismo que les dicen Argüello y Felipe Solá a sus interlocutores en Washington. Que si no son el Fondo ni el Tesoro, será China la que intente ampliar su influencia a billetazo limpio. Y si algo procura evitar Biden es eso. No en vano Juan González, el encargado para latinoamérica que acompañó a Sullivan en su visita a Buenos Aires y que se bajó del Air Force Boeing C-40B con la camiseta de Tigre que le regaló Massa puesta, preguntó en una reunión quién proveería la infraestructura tecnológica para las comunicaciones 5G. “Fíjense a quiénes le entregan sus datos”, advirtió cuando le respondieron que probablemente sería la china Huawei, que ya proveyó a Telecom antenas y bases para los protocolos 2G, el 3G y el 4G.

Es el problema de aceptar los billetazos de las potencias. Siempre exigen algo a cambio. Por ahora, por suerte, nada comparable a lo de Kabul.

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