La erupción de la interna que divide subterráneamente al Gobierno desde hace tres semanas, cuando el INDEC confirmó que la inflación de marzo tocó su récord desde la corrida post-PASO de 2019, todavía es objeto de reproches mutuos. Quién precipitó el papelón del viernes, por qué y con el aval de quién son preguntas cuya respuesta todavía difiere mucho según el despacho donde se hagan. Hay dos hechos, sin embargo, que confirman todos y todas: que Martín Guzmán no volverá a tener en sus manos el timón del plan económico y que la ruta que el ministro había imaginado para lo que resta de 2021 se alterará sensiblemente, incluso aunque él permanezca en el cargo hasta las elecciones.

Antes del intento fallido del jefe del Palacio de Hacienda de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, la tensión entre quienes propugnan una asistencia estatal más masiva frente a la ferocidad de la segunda ola de COVID-19 y y quienes apuestan en cambio a la austeridad para pactar con el Fondo Monetario una refinanciación que insufle confianza a mediano plazo era cada vez más notoria. La disputa entre “amarretes” y “gastadores”, como se presentó esquemáticamente la semana pasada en esta columna, buscaba desde hacía tiempo la franja de tierra más fina para emerger. La pelea por las tarifas fue apenas eso: una excusa. La cuestión de fondo es si el fisco pisará el acelerador o el freno este año electoral, que amenaza con convertirse en el cuarto consecutivo de ajuste del poder adquisitivo de los ingresos populares. Si se impondrán la audacia o el cálculo, diría Beatriz Sarlo.

Basta ver las cuentas que sacó Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof (aunque hoy sin diálogo con el gobernador) y principal promotor del plan Guzmán entre banqueros y empresarios. Con un aumento de tarifas del 18% como el que terminó por proponer el ministro para 2021, tras haber proyectado originalmente el doble, y suponiendo paritarias del 30% este año, la factura promedio de electricidad iba a pasar de representar un 1,5% del salario promedio privado formal a un 1,36%. Con una recomposición tarifaria del 9% como la que terminó por imponer Federico Basualdo, la proporción va a bajar a 1,17%. Apenas unas décimas de diferencia. El ahorro en los subsidios tampoco movía el amperímetro fiscal lo suficiente como para justificar una crisis política de esta magnitud: como mucho, el 0,1% del PBI.

Para peor, nadie en el Ejecutivo se opone -al menos públicamente- a segmentar las tarifas según el poder adquisitivo de los usuarios. Basualdo dice que “se va a hacer, pero no ahora”. Matías Kulfas lo planteó como una crítica al último de los tres kirchnerismos en el libro de 2016 que todavía le factura Cristina Fernández. También lo intentó infructuosamente durante todo el año pasado, mientras tuvo bajo su órbita el área energética -con el inexplicable Sergio Lanziani como rémora- hasta que se la birló el propio Guzmán, cuando devino el primus inter pares del equipo económico. Cecilia Todesca lo reclamó sin éxito puertas adentro y lo considera un dèja vu de 2015. “Tenemos que ponernos más técnicos”, reprochó en las últimas semanas ante las evidentes demoras en su implementación.

Si al Tesoro no le cambiaba tanto y si había acuerdo general en segmentar las tarifas a futuro ¿por qué tanto ahínco de ambas partes a la hora de desafinar con la guitarra eléctrica la “verdad sinfónica” con la que Alberto Fernández prometía el año pasado resolver las diferencias lógicas dentro de la coalición? ¿Qué catalizó una operación mediática tan torpe como la del viernes pasado, cuando voceros de Economía pero también de la Casa Rosada confirmaban la renuncia del funcionario que tres horas después ratificaban en su cargo portavoces de La Cámpora por Whatsapp? ¿Qué alarma sonó en el kirchnerismo para que se desatara un contragolpe tan despiadado como fulminante contra Guzmán, a quien por si quedaban dudas volvieron a humillar ayer los senadores cristinistas con el proyecto de declaración para que se abstenga de usar la emisión de DEG del Fondo Monetario para pagar los vencimientos de deuda de este año?

Vencedores vencidos

Alguna pista hay en el último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA de Hugo Yasky, que se reprodujo también la semana pasada aquí. El trabajo advierte sobre un ajuste en marcha: dice que “las cuentas públicas tienden a equilibrarse a costa de la posibilidad de que la política fiscal actúe de modo expansivo para salir de la crisis”. Argumenta que la inversión en obra pública en el primer trimestre fue apenas un 0,4% superior en términos reales a la del primer trimestre de 2019 -“es decir, bajo los efectos del ‘megaajuste’ tras el acuerdo con el FMI”- y muy inferior a las de los primeros trimestres de 2016, 2017 y 2018. Y subraya que el gasto público, sin contar subsidios ni infraestructura, se contrajo 5% en términos reales frente al primer trimestre pre-pandemia del año pasado.

No era una crítica cualquiera. El CIFRA-CTA tiene como director y referente teórico a Eduardo Basualdo, el último sobreviviente de los mentores del área de Economía y Tecnología de FLACSO en los 80, con quien se formaron muchos economistas del kirchnerismo y con quien todavía trabajan varios del equipo de Kicillof. Es el padre de Federico, el subsecretario de la discordia, y de Franco, también funcionario, hoy en el equipo de Wado De Pedro en Interior. El mayor de los tres hermanos varones, llamado Eduardo como el padre, no se dedicó la política sino a las artes plásticas. Pero es a la vez el mejor amigo de Rodra Rodríguez, virtual número dos de Máximo Kirchner en La Cámpora.

Mientras la gran familia kirchnerista rumiaba esas críticas a la ortodoxia fiscal del ministro en el primer trimestre, con la vicepresidenta enojada con él porque había divulgado una reunión secreta a la que lo convocó en El Calafate justo para el aniversario de la muerte de su marido, se publicó la inflación récord del 4,8% en marzo y estallaron nuevas e inoportunas diferencias sobre cómo manejarla. En una reunión de gabinete en la que participó por Zoom desde un aeropuerto en medio de su gira por Europa para ablandar a los acreedores del Club de París, Guzmán hizo algo infrecuente en él: elevó la voz. Fue para impugnar la amenaza que había agitado Paula Español de bloquear las exportaciones de carne para frenar la disparada del precio. “¡Después va a ser peor!”, advirtió.

El problema adicional es que de esa gira europea, que tan cara le costó en la interna, Guzmán tampoco volvió con grandes logros. En Roma, por ejemplo, hubo una reunión con empresarios a la que ni siquiera fue FIAT, que tiene planta en el país. La SACE, la agencia crediticia estatal peninsular, no solo no financia nuevas inversiones italianas acá sino que se niega incluso a prestarle plata a firmas argentinas que quieran comprar máquinas hechas en su país. En Francia, Alemania y España lo atendieron mejor pero tampoco le concedieron nada sobre la deuda. Y el viaje a Moscú con el que sorpresivamente cerró la gira no hizo más que agigantar las sospechas de sus enemigos internos: cerca de Sergio Massa creen incluso que quiso “primerear” para blindarse el anuncio de la fabricación de la vacuna Sputnik en Argentina, algo que el tigrense se jacta de haber empujado de principio a fin.

Plata en mano

Los técnicos del FMI saben que la pulseada no es solo sobre las tarifas. Por eso preguntaron insistentemente sobre el futuro de Guzmán durante toda la semana. Incluso el domingo, en una reunión por Zoom con terceras líneas de Finanzas, donde cunde la preocupación por los vencimientos de deuda en pesos que esperan a la vuelta de esta nueva gira europea. Era el peor escenario para el ministro políticamente: aparecer más como un delegado del Fondo ante el Gobierno que al revés. A esta altura, en plena losardización, ya ni siquiera le cambia tanto.

Aunque el portavoz Gerry Rice enfatizó ayer que el único interlocutor del Fondo en el país es Guzmán, Massa también mete cuchara desde hace tiempo. Así como el mes pasado se animó a proponerle al enviado de Joe Biden a Buenos Aires un “2x1” para refinanciar la deuda con el Fondo a 15 años -un Standby y un Acuerdo de Facilidades Extendidas a la vez-, fue el secreto gestor del proyecto de 70 diputados demócratas que ayer propuso a la Casa Blanca que exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) la suspensión de los pagos de “todos los servicios de la deuda” que tiene la Argentina hasta que concluya la crisis global causada por el COVID-19. Si el plan tiene éxito, el kirchnerismo deberá revisar al menos por un tiempo sus eternos reparos sobre los contactos estrechos que cultiva Massa en Washington.

Lo que también dejó a Guzmán descolocado internamente es el inesperado giro heterodoxo de Biden a nivel doméstico, que tiene tan fascinados a los massistas como a la vicepresidenta. El plan fiscal Hecho en Estados Unidos sienta un precedente que inquietó al empresariado criollo: aumenta impuestos a los ricos y a las empresas radicadas afuera. Pero no solo eso: también insta al resto del mundo a imitarlo.

¿Y si la campaña electoral anima al kirchnerismo a expandir el gasto pero recaudando otra ronda de aportes de las grandes fortunas para no forzar la maquinita de imprimir ni tensar el balance cambiario, que empieza a preocupar a Miguel Pesce a pesar del precio récord de la soja? Es una posibilidad, por ahora verde, pero que creció a la luz de la elevada cobrabilidad del primero. Mercedes Marcó del Pont informó a la Casa Rosada que el 67% de los 7 billones de pesos en bienes declarados por esos 10.000 contribuyentes son títulos, acciones, cuotas y otros valores. Es decir, nadie tuvo que vender empresas, campos ni vacas para pagar la alícuota del 2%. Es más: el 17% de esos patrimonios está en efectivo y depósitos a la vista. Un 70% de ese cash está en el exterior y un 30% en el país. Todo en dólares.


 

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Alejandro Bercovich

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