En las últimas dos reuniones semanales de gabinete económico, la palabra “helicóptero” se repitió insistente. No porque la crisis se haya agravado al nivel de cuando Fernando De la Rúa debió abandonar la Casa Rosada por aire, cercado por el estallido popular de 2001, sino porque los ministros debaten contrarreloj cómo coordinar la ayuda social durante la segunda ola de la pandemia y a medida que se sigan endureciendo las restricciones a la circulación. La discusión es muy tensa y cruza a todas las tribus del Frente de Todos, pero enfrenta básicamente a los partidarios de una asistencia estatal masiva y de gran escala (“tirar plata desde un helicóptero”, como lo caricaturizó a fines de los 60 el teórico ultraortodoxo Milton Friedman) con los que sugieren austeridad fiscal y advierten sobre los riesgos inflacionarios y cambiarios de gastar más.

Por ahora se impone la cautela de estos últimos. Lo puso de manifiesto esta semana el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que funciona bajo el paraguas político de la CTA de Hugo Yasky. Un informe de Pablo Manzanelli y Daniela Calvo que se leyó con fruición por estos días, especialmente en el kirchnerismo, advierte que “las cuentas públicas tienden a equilibrarse a costa de la posibilidad de que la política fiscal actúe de modo expansivo para salir de la crisis”. Argumenta que la inversión en obra pública en el primer trimestre del año, por ejemplo, fue apenas un 0,4% superior en términos reales a la del primer trimestre de 2019 -“es decir, bajo los efectos del ‘megaajuste’ tras el acuerdo con el FMI”- y muy inferior a las de los primeros trimestres de 2016, 2017 y 2018. Los subsidios, si bien crecieron un 25% también descontada la inflación, se mantienen por debajo del nivel posterior al primer tarifazo del gobierno macrista. Y el resto del gasto público (sin contar subsidios ni gasto de capital) se contrajo 5% en términos reales. Un ajuste hecho y derecho, como los que suele reclamar el Fondo.

El informe subraya además un dato que no se le escapa al Presidente, que mantiene un ojo en las elecciones de medio término: la primera ola de la pandemia no solo golpeó al país con especial violencia en términos económicos (9,9% de caída en un solo año, el doble que el promedio de Brasil, Chile y Uruguay) sino que lo hizo después de dos años seguidos de derrumbe del PBI y de los ingresos populares. Por eso el bolsillo empieza a convertirse en lo que más preocupa a la población después del COVID. En el sondeo que hizo entre el 22 y el 24 de abril la consultora Proyección, la pobreza y la inflación figuraron arriba de la inseguridad como los principales problemas del país. El desempleo le pisa los talones.

El combate entre amarretes y gastadores se libra con armamento cada vez más pesado. Lo que antes eran intercambios de ideas o como mucho chicanas en privado ahora son operaciones cruzadas a través de medios de comunicación manifiestamente opositores, donde ministros filtran reuniones ajenas y advierten de modo cada vez más desembozado que, de desoírse sus consejos, la crisis puede agudizarse. Ocurrió con el respingo que pegó el dólar blue al calor del blanqueo inmobiliario, por un error de diseño que hizo más conveniente comprar divisas en el mercado negro que blanquear pesos. El mercado es tan chico que manos amigas lograron ayer que el billete bajara la mitad de lo que había subido en la semana previa. Pero en algunos despachos quedó flotando una duda inquietante: ¿y si fueron también manos amigas las que encendieron la fogata?

Villa Inflamable

La inflación, por supuesto, es lo suficientemente alta como para que Alberto Fernández escuche más a los conservadores que a los audaces. Hasta ayer al INDEC los cálculos preliminares le daban un 3,8% para abril, un punto menos que el récord del 4,8% de marzo pero todavía muy por encima de lo necesario para arrimarse aunque sea a la cota máxima de la pauta del Presupuesto. Es un dato que ensombrece aún más la magra recomposición del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que aceptaron esta semana los sindicatos, del 35% en siete cuotas. En abril, quienes cobren el sueldo mínimo seguirán trabajando a tiempo completo por menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica para que una familia no sea pobre. El Ministerio de Trabajo jugó a la retranca a pedido de Economía: como los planes Potenciar Trabajo están atados al SMVM, la suba le costará al fisco 21 mil millones de pesos adicionales.

En el gabinete acusan el impacto de la disparada de las commodities en lo que va de 2021, que no se esperaban y que genera inflación “importada”. Materias primas como el plástico o la hojalata subieron muy por encima de los alimentos y empujan los costos de la industria. Pero también hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué los autos subieron 70% en solo 12 meses? ¿Cómo es que, en plena pandemia, compañías como Arcor, Ledesma o Molinos mejoraron tanto sus balances después de años de pérdidas? ¿Por qué subió acá tanto más la carne vacuna que el pollo si el maíz (alimento del pollo) fue lo que más trepó a nivel global? Una vez más, la mirada oficial se posa sobre jugadores con suficiente peso como para incidir sobre los precios.

Las multinacionales de consumo masivo negocian por estas horas con Paula Español los alimentos cuyo precio congelarán hasta octubre. Algunas empiezan a impacientarse por la guerra santa a cualquier control de precios que parece haber declarado el jefe de la COPAL, Daniel Funes de Rioja. Ven más ideología que interés sectorial. “Ninguna empresa se va a fundir por poner dos productos en Precios Cuidados. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen con las subas de costos”, dijo a BAE Negocios el CEO de una de ellas. Con la ley de etiquetado frontal pasó lo mismo: COPAL siempre sostuvo su oposición a cualquier ley de ese tipo y las multis habrían preferido discutir los niveles de azúcar y sodio considerados críticos.

Lo que no saben en el sector es que fue el mismísimo Fondo Monetario el que sugirió al Gobierno que desarme monopolios para combatir la inflación. Fue en la última misión a Buenos Aires y los enviados de Washington pusieron incluso un ejemplo: el de Bimbo-Fargo, que concentra casi el 80% de las ventas de pan envasado.

Salchichas con chucrut

El Fondo, por supuesto, es el acreedor a quien procura mantener conforme la austeridad del plan económico. Todavía nadie sabe a ciencia cierta si habrá acuerdo o no antes de las elecciones para refinanciar la deuda monstruosa que dejó como herencia Macri, pero el Gobierno se empeña en proponer alternativas creativas para patearla para adelante. Al “dos por uno” que le propuso Sergio Massa al enviado de Joe Biden (firmar un Standby y un Acuerdo de Facilidades Extendidas al mismo tiempo, para estirar el plazo de repago a 15 años), ahora se agregó una salida “alemana”. Se la sugirió el propio director teutón en el organismo al representante alterno ante el Fondo por Argentina, Bernardo Lischinsky: un esquema similar al que avaló el ente para que su país pagara las reparaciones de la Primera Guerra. Terminó de hacerlo en 2010, casi un siglo más tarde.

Hay otra alquimia que al principio no convencía a Martín Guzmán pero que empezó a sonarle mejor desde que Massa le dijo que el Congreso podría aprobarla: una cláusula “de salida” que establezca que si el Fondo inaugura en el futuro nuevas líneas de crédito a más largo plazo, Argentina sería automáticamente elegible para recibirlas. En cualquier caso, se trata de algo perentorio: si el Gobierno no le paga el 29 de mayo al Club de París y lo hace en los siguientes 60 días, deberá oblar U$S 400 millones adicionales.

Lo que resta ver es si el Fondo se mantiene en la línea histórica fiscalista y ortodoxa de su staff, como viene haciendo hasta ahora, o si abraza la impronta de un Joe Biden que tiene fascinada a Kristalina Georgieva y que sorprendió a todo el establishment demócrata en sus primeros 100 días en el Salón Oval. Si ocurre eso, la UIA tendrá que revisar su pataleo de ayer por la reforma del impuesto a las Ganancias: al lado de la reforma fiscal progresiva que propuso Biden, con especial hincapié sobre las grandes fortunas y las guaridas fiscales, lo de Fernández parece una cosquilla.


 

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Alejandro Bercovich

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